SAN VICENTE. El Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó la creación de un Comisión Investigadora al juez de Faltas municipal, Norberto Esteban Gómez Da Silva, para que indague en su desempeño frente a esa cartera judicial, y pidió un informe al Ejecutivo comunal sobre el certificado médico que presento el magistrado, reclamando que envíe la historia clínica. La comisión quedó compuesta por Gabriel Espinoza como presidente, Esteban Suárez como secretario y Clelia Carballo como vocal.El dictamen provino de la comisión de Peticiones Poderes y Legislación de ese cuerpo, solicitando que se investigue el posible mal desempeño del funcionario. El dictamen expuso que es necesario evaluar las acciones de Norberto Gómez Da Silva por la posible incompatibilidad y la posible remoción del cargo como juez de Faltas: “Hacer lugar el pedido del presidente del Cuerpo, Héctor Omar Arndt el pedido de creación de una Comisión Investigadora y de nominar a los tres integrantes que van a componer dicha comisión”.También la comisión amplio un pedido de informe al Ejecutivo para saber sobre la salud de Gómez Da Silva: “Además de pedir al Ejecutivo más información referente al certificado medico del juez de Faltas Norberto Gómez Da Silva y si existe un anexo de una historia clínica y si se realizó una junta médica para evaluar, teniendo en cuenta la cantidad de días de reposo que tiene”.Esta es la primera vez que se inicia un proceso de juicio político a un funcionario municipal desde que la Carta Orgánica Municipal entró en vigencia el 1 de enero de 2014. A Gómez Da Silva se lo acusa de haber transgredido por lo menos tres artículos o incisos de la Constitución municipal. Son los artículos 193 y los incisos B del artículo 195 y A del artículo 254. Se le acusa por incumplimiento de los deberes de la función pública como juez municipal de Faltas y de los deberes de funcionario público en el artículo 254 inciso A, 193 y 195 inciso B de la Carta Orgánica Municipal, al haber constatado que ha tenido habilitado un comercio en el Parque Industrial desde antes de su designación hasta el 17 de febrero de 2015, además de ser deudor del Municipio desde que asumió como autoridad. La Carta Orgánica prohíbe a un juez tener un comercio en el mismo Municipio.A partir de ahora, la comisión investigadora tiene treinta días hábiles para investigar la conducta del juez y emitir un dictamen determinando si cometió o no incumplimientos de deberes. De acuerdo a ese dictamen, quedará sellada la continuidad o el desplazamiento del funcionario.
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