PUERTO IGUAZÚ. Los antecedentes parecen jugarle en contra al hombre de 45 años detenido bajo sospechas de matar a golpes a su propio padre. Según trascendió ayer, sobre el sospechoso pesaba una orden de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento a la escena donde el hombre mayor fue hallado en plena agonía. Es que anteriormente ya había agredido a sus familiares.Así lo confirmaron las fuentes a PRIMERA EDICIÓN, que informó del caso en exclusiva en su edición de ayer. Ahora el cuerpo será sometido a una autopsia para establecer los pormenores del deceso y confirmar si efectivamente se trató de un homicidio, tal como aseguran por estas horas los detectives de la Policía provincial.Los elementos en contra del sospechoso detenido son elocuentes. Es que alrededor de las 8 del martes 2 de junio fue su propia hermana -la misma que había radicado una denuncia en su contra en febrero pasado- quien regresó a casa y se topó con el apresado, quien salía raudamente de la vivienda de sus padres.Cuando ingresó, la mujer descubrió todo. Sobre la mesa de la cocina yacía, inconsciente y sobre un charco de sangre, su padre Vicente Silvero (89). Estaba sentado y tenía la cabeza apoyada en la mesa, sin ofrecer mayores signos vitales.Estaba vivo, sí, pero con lesiones graves. Fue derivado de urgencia al hospital Marta Schwartz de Iguazú, donde agonizó largos días, hasta que el último domingo finalmente falleció.Fue otro de los hermanos quien denunció ante la Unidad Regional V el episodio. Se inició entonces una investigación encabezada por el Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú, a cargo del magistrado Osvaldo Rubén Lunge, quien ante la inmediatez con la que se realizó el entierro, ordenó la exhumación y una autopsia en la Morgue Judicial de Posadas, que se realizaba ayer.El presunto autor fue aprehendido ese mismo martes 2 de junio y quedó alojado en la Unidad de Resguardo de Detenidos de la UR-V, donde al enterarse de la muerte de su padre intentó quitarse la vida con una hoja de afeitar (ver “Reacción y lesiones superficiales”).La principal teoría de los detectives indica que el sospechoso tenía graves problemas de adicción a las drogas y que por ese motivo intentó robarle el dinero de la pensión a su padre aquella mañana.Al menos, los antecedentes le juegan en contra. En febrero de este año, su hermana lo denunció ante el Juzgado de Familia local, que inició una causa por violencia familiar. El caso llegó rápidamente a una resolución y las autoridades ordenaron dos medidas restrictivas para preservar la integridad de las víctimas: exclusión de hogar y prohibición de acercamiento. La mujer y sus familiares ya habían sido agredidos y tenían miedo.Pese a ello, resulta evidente que el acusado no cumplía con esas restricciones y solía regresar a casa. Incluso la Policía investiga si efectivamente había vuelto a vivir bajo el techo de sus padres, donde también habitaría la denunciante.De una u otra manera, lo cierto es que el hombre de 45 años permanece tras las rejas a disposición de la Justicia, que podría llamarlo a declaración indagatoria en las próximas horas. Mientras tanto, los vecinos de la calle Varela y, en general, todo Puerto Iguazú no salen aún de la conmoción por el dantesco episodio. Reacción y lesiones superficialesComo PRIMERA EDICIÓN publicó ayer, una vez que se enteró del fallecimiento de su padre, el detenido en la UR-V intentó quitarse la vida.Para ello desarmó una máquina de afeitar y utilizó la hoja de acero para infligirse lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el cuello.Sin embargo, en las últimas horas las fuentes informaron que el sujeto no sufrió lesiones graves, sino que las heridas fueron superficiales y se encontraba fuera de peligro.Pese a ello, se ordenó la instrucción de una nueva causa -paralela a la que investiga la muerte de Silvero- por “autolesiones”.El sospechoso continúa detenido y las autoridades de la UR-V ordenaron que se maximice la custodia a su alrededor. “No hay medios para hacer cumplir esas medidas”Sobre lo sucedido en Puerto Iguazú, donde el principal sospechoso tenía exclusión de hogar y prohibición de acercamiento al lugar donde luego se cometió el crimen, PRIMERA EDICIÓN dialogó con el letrado Rodrigo Bacigalupi, vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), quien opinó que actualmente en Misiones las autoridades no tienen medios para que se cumplan esas medidas restrictivas y tampoco hay voluntad política para cambiar esa realidad.“Esas resoluciones tienen valor de sentencia, pero sólo sirven para ponerlas en un cuadrito y pedirle a Dios que se cumplan”, opinó Bacigalupi, quien agregó que “el único efecto que tienen es moral y disuasivo para la persona denunciada”.El abogado explicó que “no hay medios para hacer cumplir esas medidas, porque ante una persona violenta, el Estado debería intervenir de una manera más activa para controlar y tratar”.“La Justicia no tiene los medios y los que hay no funcionan debidamente, no hay coordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que debería disponer los medios para proteger a estas personas y sus familiares”, analizó Bacigalupi.Sobre las medidas restrictivas, el especialista indicó que “la Justicia no controla y la Policía tampoco, porque realmente es imposible en la práctica poner un efectivo en cada situación de violencia que exista; sucede que estamos muy a mitad de camino de la solución”.Y sobre esa respuesta, Bacigalupi ensayó: “Para encontrar una solución a esta problemática es necesario contar con un presupuesto que permita contratar psicólogos, asistentes sociales, abogados, especialistas en problemáticas de familia, para que se detecte el problema y se pueda brindar contención y ayuda. Sucede que no hay voluntad para esto. Y entonces, cuando todo esto pasa, las autoridades ya llegan tarde”.





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