POSADAS. Estadísticas oficiales, programas de contención y refugio, asistencia médica, psicológica y económica, servicios legales gratuitos son algunas de las cuestiones que están previstas en la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Pero su aplicación está en el aire desde 2009 porque el Poder Ejecutivo nacional no asignó presupuesto para su aplicación. Su inmediata aplicación fue uno de los ejes del reclamo de la movilización #NiUnaMenos, que este miércoles se hizo oír en más de 120 ciudades del país. La convocatoria lograda es el sueño de cualquier político del país. Demora sustancialEn Misiones, miles de personas se movilizaron contra la violencia de género y el femicidio en Posadas, Eldorado, Oberá, Leandro N. Alem, San Vicente, Puerto Iguazú, Puerto Rico y Wanda. Pero en esta provincia, la Cámara de Diputados aún no adhirió a la Ley 26.485 aprobada hace ya seis años. En octubre del año pasado, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, presentó el proyecto para que Misiones adhiera a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, pero hizo reserva del capítulo II del título III de esa normativa nacional. De aprobarse la adhesión con la reserva pedida por Rovira, no regirían en la provincia 21 artículos de la esta ley nacional (del 19 al 40). En sus fundamentos, el presidente de la Cámara da cuenta de los argumentos para que Misiones adhiera a la ley, pero no precisa motivos ni razones para pedir la reserva de esos 21 artículos. ¿Qué establecen estos artículos? Estos 21 artículos a los que no se adheriría la Provincia, tienen que ver con las normas de procedimiento previstas en esa ley a las que deberán adherir las provincias. Entre otras cuestiones, se establece que el procedimiento deberá ser gratuito y sumarísimo (artículo 20), las denuncias por violencia contra la mujer ante cualquier juez de cualquier fuero o instancia y se reservará la identidad del denunciante (artículo 21), la Policía deberá remitir a la Justicia en un plazo de 24 horas las exposiciones que sugieran posible existencia de violencia (artículo 23), puede denunciar violencia de género la mujer que se considera víctima, las niñas o adolescentes en forma directa o de sus representantes, que será cualquier persona; la violencia sexual sólo puede ser denunciada por la víctima y cuando es por un tercero se citará a la víctima; la denuncia penal es obligatoria para los que se desempeñen en servicios asistenciales públicos y privados (artículo 24), acompañante como ayuda protectora para la mujer que lo solicite (artículo 25). Medidas de prevenciónOcupan un lugar prioritario entre las acciones establecidas en la ley nacional, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres víctimas de violencia, las medidas de prevención ordenadas por el juez. Todas ellas tampoco tendrían aplicación en Misiones: prohibición de acercamiento, restitución de los efectos personales, prohibición de compra y secuestro de las armas que tenga el presunto agresor, la exclusión de la parte agresora de la residencia común independientemente de la titularidad de la misma, el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado previa exclusión de la vivienda del presunto agresor, la fuerza pública podrá acompañar a la mujer a su domicilio para retirar sus efectos personales, cuota alimentaria provisoria, suspensión provisoria del régimen de visitas (artículo 26), prohibición de audiencias de mediación o conciliación (artículo 28) y que el juez deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas (artículo 34). “Saquémonos la careta y despenalicemos el aborto”Aunque la legalización del aborto no estaba incluida en la convocatoria primera del #NiUnaMenos, según aclararon sus organizadoras a través del Facebook, fue uno de los pedidos que se escucharon este miércoles en la plaza 9 de Julio, en Posadas. No sólo lo reclamó el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Género, a través de una de sus referentes, Mariana Pizarro, sino también la diputada nacional Silvia Risko, una de las pocas funcionarias que el miércoles pidió la palabra en el micrófono abierto frente a Casa de Gobierno. Luego de denunciar las muertes invisibilizadas por abortos clandestinos en Argentina, mujeres que no tienen el dinero suficiente para acceder a una práctica segura acuden a gente inescrupulosa o ellas mismas se provocan un aborto casero. “Impedirle a la mujer disponer de su propio cuerpo es también violencia de género. Saquémonos la careta y despenalicemos el aborto”, exhortó. Letras muertas Varias mujeres dieron su testimonio como víctimas de violencia obstétrica. “Queremos que las leyes se apliquen, no sólo la 26.485, sino también la de Parto humanizado (25.929), que no se aplica en los hospitales. No queremos letras muertas, como el aborto no punible (Código Penal) que también se incumple, sometiendo a las víctimas de violación a prolongadas torturas. Sabemos que la consecuencia de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna desde hace 30 años. Pedimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, indicaron desde el Colectivo Contra la Violencia.
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