POSADAS. A 23 días de que explotara el escándalo por el supuesto espionaje de expedientes en cuatro juzgados de Instrucción de esta ciudad capital, la causa, que se inició con la denuncia del juez César Antonio Yaya, podría reparar en importantes novedades en el transcurso de la semana que arranca mañana.Pese a que el juez en lo Correccional y de Menores, César Raúl Jiménez, quien se hizo cargo de la investigación, dispuso el secreto de sumario.El viernes se supo que, finalmente, la fiscal de Instrucción 3, Adriana Herbociani, aceptó intervenir después de que Jiménez rechazara su alejamiento. El dato no es menor, porque de lo contrario la cuestión de competencia debía ser dilucidada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia.Más allá de estas cuestiones meramente formales, según pudo averiguar este Diario, hay expedientes que en su versión digital fueron modificados, pese a las reiteradas desmentidas de las máximas autoridades del Poder Judicial y su correlato de la Secretaría de Informática, que depende del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ).Pese al argumento reiterativo, defendido a ultranza por los acólitos que gozan de las mieles del poder, de que se habrían tratado de actualizaciones de carácter técnicos, trascendió que hubo expedientes alterados en su versión digital que no tienen su correlato en papel. Es decir, estas intromisiones, modificaciones o como quiera llamárse, fueron realizadas sin autorización ni conocimiento de sus respectivos jueces de Instrucción, justamente en causas que poseen el rango de confidenciales y están reservadas únicamente a las partes.De acuerdo con una investigación de este Diario, en algunos casos, por ejemplo, se habrían detectado providencias disponiendo el libramiento de oficios. Resultó que estas provindencias no poseían su correspondiente en el expediente papel.Tras el sacudón de los primeros días de escándalo, las aguas parecieron aquietarse en los corrillos del Poder Judicial de la provincia.En cierto modo, está bien que así suceda, para que ahora los investigadores judiciales puedan realizar su labor, siempre, obviamente, apegados a los lineamientos legales pertinentes.En un principio, para esta semana se aguardan, con muchas expectativas, las declaraciones testimoniales de los empleados de la Secretaría de Informática, dependiente del STJ.Lo que puedan aportar es de mucha significación para la investigación, porque tienen acceso directo al sistema Siged y pueden confirmar si se trató de un yerro técnico o hubo algo más profundo y grave.El escándalo se desató el viernes 8 de este mes, con la denuncia del juez de Instrucción 2, César Yaya.A él se sumaron con posterioridad sus colegas posadeños Ricardo Walter Balor (Instrucción Seis); Marcelo Cardozo (Uno); y Fernando Luis Verón (Tres).Luego hizo lo propio la jueza de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, Selva Raquel Zuetta.Todos los denunciantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.El tiempo, sabio y paciente, tendrá la última palabra, después del trabajo de la Justicia. El trasfondo de los autosTras la denuncia del presunto espionaje, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) aceleró el sumario administrativo a los jueces penales de Posadas por la supuesta indebida entrega de autos en depósito judicial,Cualquier coincidencia con el término represalia, no es más que una casualidad.Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que el STJ dispuso que todos los vehículos le fueran restituidos para que el Alto Cuerpo decida, en base a un supuesto orden de prioridades, a quiénes serían entregados.Especialistas en la materia indicaron que se trata de un avance sobre las potestades que competerían, pura y exclusivamente, a los jueces de primera instancia de la provincia.¿Es ese el trasfondo del asunto? Una batalla de poder en los estamentos del Poder Judicial.Mientras, la sociedad aguarda el resultado de la investigación para saber si hubo espionaje o no.
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