POSADAS. A las cuatro denuncias de jueces penales de esta capital que dispararon la investigación por espionaje judicial, ahora se debe sumar una más, del Juzgado de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, confiaron fuentes del caso. Mientras tanto, trascendió que las intromisiones o “hackeos” en el Sistema de Gestión de Expedientes Digital Judicial (Siged) fueron perpetradas durante siete meses, es decir, prácticamente desde su puesta en funcionamiento, en octubre de 2014 (ver nota aparte). A todo esto, desde el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) aún no contestaron oficialmente el pedido de informe que realizó la Cámara de Apelaciones de Posadas, dirigida a los técnicos informáticos, lo que supone una llamativa demora si se tiene en cuenta que en un primer momento los responsables del área a cargo de los sistemas adujeron que se trató de una serie de actualizaciones. El pedido de la Cámara fue en virtud de que detectaron las mismas irregularidades en los expedientes que figuran en las denuncias, según agregó un portavoz. En cuanto al seguimiento de la causa, tal como anticipó este diario en forma exclusiva, el juez en lo Correccional y de Menores Nº2 de esta capital, César Raúl Jiménez, ya está abocado a la investigación por el “espionaje judicial”, aunque por el momento sigue aguardando la respuesta de la fiscal del Juzgado de Instrucción 3, Adriana Herbociani, a quien dicho magistrado le rechazó el pedido de inhibición y ahora ella puede aceptar lo dispuesto por Jiménez o apelar y fundamentar por qué no está de acuerdo con sostener la competencia, explicaron las fuentes. Herbociani habría referido en su momento cuestiones de amistad con al menos uno de los jueces denunciantes, tal como lo hizo el juez original de la causa al momento de inhibirse (Carlos Giménez, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas). No obstante, estos argumentos de la funcionaria judicial no pueden aceptarse como posibles causales de recusación, ya que una fiscalía es “parte” en el proceso penal que se inició, según se pudo establecer. De existir un planteo y dos posturas contrapuestas, la del juez Jiménez y la de la fiscal Herbociani, la determinación para dirimir esta situación recaerá en fiscales de segunda instancia, es decir, los titulares de los Ministerios Públicos de los Tribunales Penales 1 y 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Liliana Mabel Picazo y Alberto Oliva, respectivamente. “Hackeos” en expedientes llevan más de siete meses En la acordada 144/14 del STJ se dispuso la obligatoriedad del uso del Sistema de Gestión de Expedientes Digital Judicial (Siged) en todos los Juzgados y Ministerios Públicos pertenecientes al Fuero Penal, de Familia, Civiles y Comerciales, y de Paz del Poder Judicial de la Provincia. La fecha, a partir del 6 de octubre de 2014. De acuerdo a las denuncias, las intromisiones en expedientes de distintas causas fueron detectadas desde ese mismo mes, lo que hace presumir que los “hackeos” se produjeron desde hace más de siete meses, indicaron las fuentes. Lo grave es que, si se trató -como aducen los informáticos del STJ- de una serie de actualizaciones, haya ocurrido solamente en cuatro juzgados capitalinos y no en todos (a los que se suma una denuncia de Alem). Además, es llamativo que la mayoría de los casos detectados refiera a causas de connotación pública. Cadena de inhibiciones que traban la investigaciónLa causa por el espionaje judicial por el momento no avanza y por un solo motivo: la cadena de inhibiciones y recursos que se está interponiendo en el camino. Cabe recordar que en principio se inhibió el juez de Instrucción 7 (Carlos Giménez) y fue entonces que asumió el titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de esta misma ciudad, César Jiménez. Luego de abocarse, aceptó el mismo recurso de la fiscal de Instrucción 1 de Posadas, Amalia Spinatto, y rechazó el presentado por la titular del Ministerio Público en el Juzgado de Instrucción 3, Adriana Herbociani. Ésta cuenta con un plazo de 72 horas desde el momento en que fue notificada -el pasado miércoles a primera hora- para asumir en la causa. Las fuentes indicaron que no demoraría mucho en resolver qué pasos deberá seguir. De asumir, deberá determinar si existen elementos de suficiente solidez para respaldar la denuncia y solicitar su instrucción formal.Vale recordar que la primera denuncia por el escándalo que ahora salpica a la Justicia misionera fue radicada el pasado viernes 8 de mayo por el juez de Instrucción 2 capitalino, César Yaya. En su presentación, el magistrado exponía el presunto espionaje digital a los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Instrucción 1, 2, 3 y 6. A esa denuncia original formulada por Yaya, se le sumaron las de sus pares Marcelo Cardozo, Fernando Luis Verón y Ricardo Walter Balor. De acuerdo a lo revelado en su momento por Yaya, personas hasta ahora desconocidas ingresaron sin autorización a los expedientes que se instruyen en su Juzgado, que no salieron a despacho digital, y que incluso habrían efectuado modificaciones en algunos ellos. Las intromisiones clandestinas habrían ocurrido en algunos expedientes, no en todos. Ahora se suma el Juzgado de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, a cargo de Selva Raquel Zuetta.
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