POSADAS. Pareciera ser que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) comienza a reaccionar con cautela y buen tino. Envió un representante a Capital Federal para iniciar las gestiones tendientes a lograr el concurso de los peritos en informática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio del escándalo por el supuesto espionaje a los expedientes que se tramitan en al menos cuatro juzgados de primera instancia de Posadas.En realidad, justamente, es una materia que debería corresponder a la Justicia de Instrucción, al fiscal o al juez que se haga cargo de la investigación.Ahí, precisamente, radica el problema: a una semana de la denuncia presentada por el juez de Instrucción 2 de la Primera Circunscripción Judicial, César Yaya, aún no se sabe quién se hará cargo del expediente.La fiscal de Instrucción 1, Amalia Benedicta Spinatto, se inhibió de intervenir porque, al parecer, guarda parentesco con uno de los funcionarios que detectó un caso de espionaje.Si se toma en cuenta la posición de la representante del Ministerio Público, no puede esperarse menos del cuñado del ministro del STJ César Santiago, al parecer subjefe de la Secretaría de Informática.Sin embargo, habría sido el hombre designado para viajar a la Capital Federal con la misión de obtener el concurso de los especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Más allá de estas circunstancias, sería bueno que se defina la cuestión penal y se inicien las averiguaciones tendientes a determinar la existencia, o no, del delito tipificado en el artículo 153 bis, segundo párrafo del Código Penal.La denuncia que destapó la olla se produjo el viernes pasado; fue radicada por el juez Yaya y luego se sumaron sus colegas Marcelo Cardozo, Fernando Luis Verón y Ricardo Walter Balor.No se conocieron otros casos en los restantes juzgados de primera instancia, ya sea de la Primera Circunscripción Judicial o de las otras.El dato no es menor. Llama la atención que si, como aducen los informáticos del STJ, se trató de una serie de actualizaciones, haya ocurrido solamente en cuatro y no en todos los juzgados.Además, es llamativo que la mayoría de los casos detectados refieran a causas de una tremenda connotación pública.Pero, en definitiva, son cuestiones que deberá esclarecer la Justicia, a través de una investigación seria y responsable, porque lo peor que puede pasar, ante los ojos de la sociedad, es que esto no suceda y las dudas permanezcan para siempre.El caso es de una connotación institucional tremenda, que cuestiona incluso la imagen del STJ.De confirmarse la denuncia de los cuatro jueces de Instrucción, marcará un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial de Misiones, con consecuencias inimaginables, inclusive peores que las que derivaron en la destitución de dos jueces por supuesto espionaje telefónico (causa que, dicho sea de paso, todavía no llegó a la instancia de juicio oral y público).En el fondo, hay mucho más en juego que la supuesta comisión del delito previsto y penado en el artículo 153 bis, segundo párrafo del Código Penal, más bien la mismísima garantía del debido proceso y el derecho a una defensa justa.El tiempo dirá. Mientras, en el largo camino de búsqueda de la verdad, sería bueno liberarlo de obstáculos y que los que deben hacerse cargo asuman el compromiso. El trasfondo que nieganNadie sale a reconocerlo, pero lo cierto es que la denuncia por supuesto espionaje a los expedientes que se tramitan en cuatro juzgados de Instrucción puso al desnudo la feroz interna en las esferas más altas del Superior Tribunal de Justicia (STJ).La pulseada es por saber quién maneja, en los hechos, los hilos del máximo órgano judicial de Misiones.Controlar y manejar a los jueces de Primera Instancia, que representan los ojos, las manos, las piernas y el sentir de la Justicia penal, fue siempre un anhelo (jamás conseguido) de las huestes que cuestionan el poder y la presidencia de Ramona Velázquez. Meses atrás, el STJ habría dispuesto incluso la conformación de una comisión para monitorear el estado y avance de las causas que se tramitaban en los Juzgados de Instrucción, principalmente de Posadas.Se ordenaron inclusive auditorías. De éstas salió el famoso tema de la cantidad de vehículos entregados, supuestamente en forma excesiva e irregular, en depósito judicial por los magistrados Fernando Luis Verón, Marcelo Cardozo, César Yaya y, hasta donde se sabe, Ricardo Walter Balor.No está mal que el STJ, si lo desea, siempre y cuando ocurra dentro los márgenes legales, verifique las circunstancias de la entrega de coches en depósito judicial; lo que brilla a todas luces incorrecto es que con ello intente minimizar la denuncia por espionaje y atribuirla a una maniobra política, a una suerte de venganza ante la inminencia de una supuesta sanción por aquello de los depósitos judiciales.Habrá que ver, quizás la semana entrante, quién asumirá al frente de la pesquisa penal.
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