POSADAS. La tensión y los murmullos de acusados y defensores se apoderaron de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas ayer, cuando la Fiscal Vivian Barboza pidió la pena de quince años de prisión para Juan Betros y el expenitenciario Hernán Raúl Vargas, como coautores de tráfico de estupefacientes. El segundo penitenciario imputado es Armando Hipólito Vallejos, para quien la fiscal pidió doce años por ser partícipe necesario en el transporte de estupefacientes, mientras que para Emer Tevez, el tercer efectivo de la fuerza (quien conducía la camioneta de la fuerza con casi 3.000 kilogramos de marihuana), la Fiscalía pidió diez años.Para Sandro Zalazar y Julio Otto Schwarz el pedido fue de ocho años de prisión para ambos, mientras que para el penitenciario misionero Sergio Briñóccoli se solicitó la pena de cinco años bajo el cargo de transporte de estupefacientes.Para Aníbal, Javier y Julio Samudio, el Ministerio Público solicitó prisión de cuatro años, en tanto que para su hermana Virginia la fiscalía solicitó tres años, aunque estas penas, si son cumplidas, serían en libertad, porque se trata de un proceso que lleva casi cuatro años.En tanto que para María Estela Montiel y Emilio Betros la fiscalía solicitó la absolución por considerar que no tuvieron implicancia en el hecho. El Ministerio Público basó sus argumentos en el cruce de varios números telefónicos, sobre todo a los que se le secuestraron a Tevez y Briñóccoli y que fueron obtenidos durante la investigación. Los cruces telefónicos, según la Fiscalía, incluían también a Vallejos y Vargas.“Incluso cuando Tevez viajó el 16 de abril de 2011 a Misiones, consta un mensaje que hizo al celular de Vargas donde le decía ‘Hola rancho, como andás’. Esto da la pauta que ambos se conocían desde hace tiempo”, dijo la fiscal. Aunque Betros nunca se comunicó directamente con Vallejos, según la fiscal Barboza, lo hacía por intermedio de Vargas. Incluso, la Fiscalía elaboró un vínculo entre Vargas, “quien era el nexo con los penitenciarios y Juan Betros con personas vinculadas al narcotráfico de la provincia”. “Dijeron que era imposible que Tevez y Briñóccoli desconozcan el contenido de esas cajas, y la prueba es que, nunca pasaron por el Penal 17 de Candelaria, sino que hicieron el viaje hasta Eldorado para retirar la ‘mudanza de favor’. Iban a realizar 537 kilómetros de ida sin pasar por la Unidad Carcelaria”, argumentó.Además, expresó que “una de las sospechas recayó en que el camión del Servicio Penitenciario Federal habría hecho al menos otros dos viajes a la colorada, antes de ser detenido por Gendarmería. En esos viajes tampoco se habían dirigido a la Unidad Penal 17 de Candelaria y dichos viajes no figuraban en el expediente del viaje del Servicio Penitenciario”. El pedido de duras penas se fundamentó además en que en este hecho “hay una afectación de las instituciones de la Nación, porque fueron los bienes del Estado los utilizados en el ilícito y es por eso que lo agrava”, según sentenció la fiscal. Otros integrantes importantes para la Fiscalía en la supuesta organización fueron “Julio Otto Schwarz y Sandro Salazar, de quienes se sospecha que fueron a buscar la droga desde San Ignacio hasta Eldorado y luego fue depositada en el galpón de Schwarz para después cargarlos en el camión del SPF, mientras que Salazar se encargaría de abrir el portón de la propiedad y después limpiar para que no quede ningún vestigio de la droga”. Según ella, los demás implicados Aníbal, Javier, Julio y Virginia Samudio recuperarían su libertad por cumplir prácticamente su condena mientras esperaban el inicio del juicio. El caso salió a la luz el 24 de mayo de 2011, cuando Gendarmería incautó casi tres toneladas de droga en un camión del Servicio Penitenciario Federal. Las defensas presentaron sus alegatosTodos los defensores solicitaron la absolución de sus defendidos y se apoyaron en el testimonio de Juan Betros, quien se hizo cargo de organizar el traslado de los estupefacientes haciendo creer a los implicados que se trataba de electrónica. Su abogada, Ailín Rivadavia Correa, dijo que su defendido nunca se comunicó con Vargas, Vallejos o Briñóccoli, y que no se pudo confirmar si Betros tenía dominio de una organización. Lo único que Betros reconoce es el transporte de los estupefacientes, aseguró.Correa solicitó el cambio de calificación al de transporte de estupefacientes, porque no se pudo demostrar que él era un organizador.Mientras que la defensora de los Samudio, Betros (padre) y Vargas solicitó la absolución de sus seis defendidos por la ausencia de elementos incriminantes. Además, pidió la nulidad de la condena a Vargas, por considerar que hubo un agravamiento de tal sin previo aviso. “Sus amigos confiaron en Betros y éste los engañó”, argumentó.También la defensa de Hernán Vallejos dijo que no se pudo comprobar que éste tenía conocimiento de que el camión llevaba estupefacientes y además indicó que su cliente no ordenaba las comisiones, sino que era Tevez. La defensa de Sandro Salazar manifestó que el proceso tiene un montón de irregularidades y que la Fiscalía sólo se basa en la presentación de líneas telefónicas que no se puede demostrar de quiénes son. Lo mismo solicitó el defensor de Tevez, quien dijo que su defendido no sabía qué había en las cajas y que no cree en la Gendarmería: “Alguien les dio el dato y ellos disfrazaron todo”, afirmó. El defensor del expenitenciario Briñóccoli, Ramón Grinhauz, sostuvo que su cliente sólo fue “una sombra” en todo el caso, ya que no tuvo casi participación en el mismo.
Discussion about this post