POSADAS. El escándalo que sacude a la Justicia provincial sumó más capítulos en las últimas horas, con la presentación de nuevas denuncias por parte de al menos otros dos magistrados del fuero penal de la Primera Circunscripción. En total, ya son tres los jueces que solicitaron una investigación a raíz del ingreso ilegal a los expedientes digitales que manejan.PRIMERA EDICIÓN pudo confirmar mediante sus fuentes que las últimas presentaciones fueron realizadas por los magistrados Ricardo Balor y Fernando Verón, titulares de los juzgados 6 y 3 de Posadas, respectivamente.En los documentos remitidos ante el Ministerio Público Fiscal consta que, al igual que en la denuncia radicada el viernes por el juez César Yaya -a cargo del Instrucción 2-, los magistrados advirtieron el ingreso ilegal a varios expedientes que manejan, a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales (Siged).Siempre bajo la misma modalidad, los “intrusos” ocuparon distintas cuentas para acceder a los expedientes digitalizados. Así consta en las capturas de pantalla y videos remitidos por los tres magistrados junto a la denuncia. En las últimas horas los magistrados intentaban establecer mediante cotejo con los expedientes físicos si hubo o no modificaciones.Un sistema vulnerableDe una u otra manera, lo cierto es que las denuncias desnudan un gravísimo problema de seguridad del sistema, en virtud de que dichos expedientes son confidenciales y sólo pueden acceder a ellos los jueces y sus colaboradores más cercanos, siempre y cuando cuenten con autorización de los magistrados.Al respecto, y tal como denunció Yaya, este diario pudo saber que Verón también descubrió “correos mellizos”, uno a su nombre y otro con el nombre del juzgado que maneja, de los que tampoco tenía información sobre su existencia y, mucho menos, claves de acceso.Entre las causas que fueron “violentadas”, trascendió que en los tres juzgados generalmente tienen que ver con hechos de abuso, expedientes que son confidenciales y a los que sólo tienen acceso los jueces y -siempre tras autorización- las partes.Pero además, se supo que, por ejemplo, la causa que investiga la “Megaestafa”, en la que miembros del Poder Judicial desviaron seis millones de pesos y que se descubrió en 2003, también fue “accedida” por usuarios no autorizados.Spinatto se inhibiríaParalelamente, de fuentes cercanas a la investigación, este diario pudo saber que la letrada Amalia Spinatto, titular de la Fiscalía de Instrucción 1, actualmente en turno, presentaría en las próximas horas su inhibición a la causa, que de esa manera pasaría a manos de otro representante del Ministerio Público Fiscal. De ser así, y en razón del orden establecido por la Justicia, el caso quedaría en manos del fiscal Christian Antúnez, al frente de la Fiscalía de Instrucción 2 de Posadas. Esta novedad se podría producir quizás hoy mismo.Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió ayer por la tarde un comunicado oficial donde promete “una amplia investigación” (ver aparte).Versiones extraoficiales emanadas del mismo cuerpo en las horas previas venían descartaban un sabotaje y hablaban de la realización de un “backup” por parte de empleados del sector informático autorizados por el alto órgano. Pero, de ser cierta esa cuestión, especialistas explicaron que la situación podría ser aún más grave, en virtud de que ni siquiera esa autorización exime del delito que se presume, ya que -por lo ya dicho- absolutamente nadie más que los jueces a cargo y quienes ellos dispongan pueden acceder a las causas. Nadie, ni siquiera el Gobernador o la propia Presidenta. De otra manera, se verían vulnerados varios derechos y garantías constitucionales. El STJ prometió una investigaciónEl Superior Tribunal de Justicia (STJ) reaccionó finalmente y, cuatro días después de las graves denuncias de “espionaje” realizadas por jueces posadeños, ayer por la tarde emitió un comunicado oficial consistente en tres puntos que se reproducen a continuación:“a) Que se encuentran plenamente vigentes las normas y disposiciones emanadas del Alto Cuerpo tendientes al uso obligatorio del Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales), el que da plena validez y eficacia jurídica a los documentos digitales equivalentes a los que obran en papel; siendo su implementación competencia de este Superior Tribunal de Justicia en virtud de las facultades otorgadas por el art 24 de la ley IV N° 55 sancionada por la Honorable Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo.“b) Que sin perjuicio de ello se ha dispuesto se realice una amplia investigación tendiente a dilucidar administrativamente los hechos denunciados por los Sres. Jueces de Instrucción César Yaya, Marcelo Cardozo, Fernando Verón y Ricardo Balor sin perjuicio de lo que resuelva la Justicia penal interviniente.“c) Se hace saber asimismo que la totalidad de los expedientes digitales se encuentran en soporte papel, lo que permite su verificación absoluta e inmediata dando éste su nota de validez”. La obligaciónde denunciarEl artículo 212 del Código Procesal Penal de la provincia establece que “el sumario criminal puede ser examinado por las partes y sus defensores; y, es secreto sólo para los extraños, excepto para los abogados que tienen un interés legítimo”.Y ante una violación, el artículo 183 de esa normativa dice: “Obligación de Denunciar. Excepción. Tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio (…) los funcionarios o empleados públicos que los conocen en el ejercicio de sus funciones”.Es por eso que los magistrados que descubrieron las “visitas” de los intrusos tienen la obligación de denunciarlo.
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