Trasladarán al acusado de formar parte de la banda de “robacoches”

POSADAS. Después de realizar durante cuatro días una huelga de hambre, el presunto integrante de la banda de “robacoches” trasladado desde Buenos Aires a Misiones para declarar en la causa finalmente regresará a la cárcel de Devoto, a disposición de la Justicia Federal.Así lo confirmó ayer en diálogo con PRIMERA EDICIÓN el abogado defensor del acusado de 34 años, el doctor Javier Noguera, quien explicó además que la Justicia finalmente le concedió la excarcelación bajo una caución real de 200 mil pesos. Sin embargo, por el momento no abonará esa suma, en virtud de que debe permanecer tras las rejas por una causa federal.“Hasta hoy (por ayer) llevaba adelante una huelga de hambre que comenzó el viernes para agilizar su regreso a Buenos Aires”, relató Noguera, quien recordó que su defendido ya brindó su versión de los hechos ante la Justicia.Así las cosas, el magistrado Carlos Giménez, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas y a cargo del caso, ya había ordenado el regreso del detenido a Buenos Aires. Sin embargo, hasta el momento el STJ no liberó los fondos para tal fin. Todo indica que la situación podría destrabarse en las próximas horas y que esta misma semana el acusado regresaría a Devoto.Por el momento, tanto él como el resto de los involucrados en la investigación permanecen acusados de “falsificación de instrumento público”. No obstante, en las próximas semanas el magistrado Giménez podría resolver la situación procesal de todos.La investigación comenzó a mediados de noviembre de 2014, cuando la mirada de los detectives se posó sobre los involucrados ante la sospecha de que traían a Misiones vehículos robados en Buenos Aires.Aquí los “legalizaban” mediante oficios judiciales falsificados, según surge del expediente. Los detectives creen que la banda aprovechaba el mecanismo que permite a la Justicia provincial entregar a organizaciones benéficas los automóviles secuestrados en operativos policiales y cuyos propietarios jamás son hallados. En su momento también eran entregados a particulares, aunque esta práctica finalmente dejó de realizarse. La Justicia provincial, con apoyo de la Saic, intenta dilucidar las responsabilidades al respecto.