POSADAS. Un desalojo judicial terminó el lunes en el incendio intencional de la vivienda rural que habitaba una humilde familia de productores en Gobernador López, municipio del departamento Leandro N. Alem, hecho que generó la indignación de los vecinos y podría originar una manifestación frente al juzgado en la jornada de hoy.El incendio destruyó por completo la vivienda de la familia desalojada, el galpón y los potreros, en un accionar que “no se le hace ni a un perro”, según los vecinos, y que se llevó a cabo frente al personal policial encargado del operativo. La presencia policial que avaló el estrago configuraría un serio caso de “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, según dirigentes del Partido Agrario y Social que denunciaron el hecho. Es que no es la primera vez que un desalojo judicial con participación policial termina en el incendio posterior de las viviendas, los corrales y las pocas pertenencias de los afectados. El mismo proceder se registró en el desalojo compulsivo de colonos en Pozo Azul (San Pedro) hace exactamente dos años. El caso del lunes se registró pese a la vigencia de una ley provincial que frenó los remates judiciales y los desalojos de viviendas únicas y familiares hasta fines de 2016, pero que no fue convenientemente publicitada, por lo que los afectados no pudieron recurrir a la normativa. MovilizaciónHoy podría haber una movilización de vecinos frente a la sede del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Leandro N. Alem en repudio del accionar judicial y policial en la quema intencional de los pocos bienes de la familia desalojada, integrada por Claro Fernández y Teresa de Silveira -ambos analfabetos- y sus dos hijos menores, de ocho y seis años. Los productores desalojados habrían habitado el predio durante 35 años. En el terreno, la familia construyó la casa y apuntaló plantaciones y corrales con animales. Desde el Pays advirtieron que “es llamativo que quien impulsó el desalojo es un abogado que además es juez de Faltas y que fue patrocinante en el juicio de sucesión de las mismas tierras que ahora reclama. El proceso judicial comenzó en 2014, por lo que también llama la atención la celeridad con que actuó la Justicia”. Problemática graveEl problema de la titularidad de las tierras es grave en el interior de Misiones y los desalojos ordenados por la Justicia se inscriben en este drama. Desde el Estado, el organismo que debe encontrar alternativas a la falta de viviendas de las familias humildes es el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), pero las políticas habitacionales que aplica son inaccesibles para un gran porcentaje de población, porque sólo acceden quienes tienen ingresos “en blanco” superiores a los diez mil pesos mensuales. La ley de suspensión de desalojos y remates determinó que los propios beneficiarios debían inscribirse en el registro del Iprodha hasta el 31 de diciembre de 2014 mediante un trámite engorroso, pero ese requisito no se dio a conocer, por lo que muy pocos lograron el cometido.
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