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Endurecen el castigo por manejar bajo los efectos del alcohol

10 abril, 2015

POSADAS. En seis a seis culminó la votación de una ordenanza que dispone un aumento en las penalidades para aquellos automovilistas que conducen alcoholizados. El doble voto presidencial inclinó la balanza a favor del oficialismo (más el “positivo” Gabriel Nielsen), ante el rechazo del resto de la oposición que reclamaba “tolerancia cero” para esos choferes. En una sesión que desde el público se interrumpió en dos oportunidades (ver Ordenan… za, za, za), los ediles posadeños -con la ausencia de dos renovadores- dispusieron también la creación de un Archivo Municipal de la Música y prestaron acuerdo para otro período de cuatro años (hasta el 28 de marzo de 2019) del escribano municipal Ángel Manuel Giudici, así como resolvieron solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que gestione ante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) la suspensión provisoria de las relocalizaciones en el barrio Don Pedro (ver recuadro).Se dio también ingreso a sendos expedientes del DEM donde se remiten el balance del ejercicio municipal 2014 y el proyecto de ordenanza para abrir el proceso destinado a cubrir las titularidades de los Juzgados de Faltas 1 y 3. Ambos quedarán vacantes cuando María Martha Guimaraes y Andrea Carolina Irigaray se integren a la recién conformada Cámara de Apelaciones Contravencional y Fiscal, para la que fueron designadas junto al secretario del Concejo Deliberante, Gustavo Ramírez Aranda.Más penas para conductores alcoholizadosEl proyecto aprobado, pero duramente cuestionado por la oposición, no establece multas más severas para aquellos conductores con alcoholemia positiva, sino que incrementa los plazos de inhabilitación vigentes y establecidos en la ordenanza XVI 17 (antes 1.009), sancionada en 2003. Aunque deja éstos a discrecionalidad de la Justicia Municipal de Faltas, establece suspensión y retiro de las licencias de conducir por plazos que van hasta tres meses, con alcoholemia entre 0,8 y 1 gr.; seis meses, de 1 a 1,5 gr.; y un año, en las mayores a 1,5 gr. En todos los casos, con la realización de un curso de cuarenta horas sobre seguridad vial, las multas de hasta 25 mil pesos ya previstas y la resta de puntos en el scoring.Para la oposición, la medida es insuficiente y entienden que el aumento de las penalidades de poco servirá para disminuir los accidentes protagonizados por conductores alcoholizados. “Se deja abierta la puerta para la persona que va a manejar luego de haber consumido bebidas alcohólicas”, subrayó Rolando Rubleski.Éste recordó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el tema y los efectos que, de acuerdo a las gradaciones, produce el alcohol sobre quienes conducen. Advirtió asimismo sobre los factores que inciden en ese comportamiento como la salud, la edad o el sexo, en un planteo que sumó el voto de la mayoría de la oposición.Tras la votación desempatada por la presidenta Magdalena Solari (FR), un desafortunado comentario de ésta sobre las previsiones detalladas por el opositor cuando asiste a un encuentro social, marcó el colofón de la sesión que finalizó poco después. “Lo que el concejal no dice es que las reuniones  son en su casa”, dijo a modo de sarcasmo. Voto cambiado por la presiónDespués de haber adelantado que no apoyaría el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución sobre la problemática del barrio Don Pedro, la renovación se vio forzada a cambiar de opinión ante la presión de los vecinos que se encontraban presentes en la sesión. Uno de ellos incluso interrumpió el debate para cuestionar duramente y exigir una rápida respuesta: “Si no lo hacen ustedes, nadie nos escucha”, fue su queja.Surgió tras un proyecto introducido por el radicalismo, por fuera de los asuntos entrados, solicitando un informe de la situación de las familias que están siendo relocalizadas allí por el Iprodha y la suspensión hasta entonces de las obras en curso, en condiciones “denigrantes”, según los vecinos, quienes insistieron en que no se oponen a que se radiquen allí los relocalizados, sino a la precariedad en la que serían alojados. La exposición de los vecinos, primero; la fuerte queja de uno de ellos, luego; y los cerrados aplausos a cada exposición de la oposición, así como la puesta en dudas de las promesas del oficialismo, forzó a una negociación en el momento y al cambio de posición del oficialismo. Ediles y vecinos descreían de las promesas oficiales y exigían la aprobación de la resolución presentada, pese a que una y otra vez Santiago Enríquez anunció para hoy una reunión en el barrio con el Iprodha para atender el problema, o la promesa de una escuela y un puesto policial. Sucede que el renovador no supo qué responder cuando se le preguntó la hora del encuentro previsto y se justificó en que debían comunicárselo desde el Instituto. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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