OBERÁ. Julio Antonio Lloret (25) murió el 27 de febrero pasado. Desde entonces, ocho policías que prestaban servicios en la comisaría de Colonia Guaraní, donde este hombre estuvo detenido, son investigados por el presunto delito de apremios ilegales.La investigación se inició después de que los familiares ratificaran, en la fiscalía de instrucción en turno de Oberá, sus sospechas de que Lloret pudo haber muerto por las secuelas de una brutal golpiza propinada, supuestamente, por aquellos policías.Lloret permaneció en la comisaría de Guaraní entre el 14 y el 20 de febrero, por su presunta participación en el robo a mano armada de un celular.Seis días después de su excarcelación, que se materializó aparentemente desde el Juzgado de Instrucción en turno, se produjo su deceso.El cuerpo fue exhumado, por orden judicial, el miércoles 4 de marzo, en horas del mediodía. La autopsia determinó que el joven de 25 años murió debido a un terrible golpe en el cráneo, que derivó en un traumatismo intracraneano mortal.También se estableció la impronta de un golpe fuerte a la altura de las costillas, secuelas que, de acuerdo con el informe forense, eran compatibles con una golpiza.La gran incógnita pasa por determinar quién o quiénes se la propinaron. Los familiares de Lloret tienen sospechas -no certezas- de que fueron los policías.Pero en el expediente, que se instruye en el Juzgado de Instrucción 2 de Oberá, a cargo del magistrado Horacio Heriberto Alarcón, aún no hay elementos para sostener esa acusación.Sin embargo, fuentes confiables consultadas por PRIMERA EDICIÓN indicaron que una investigación de carácter reservado, a cargo de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic), estableció la supuesta existencia de gravísimas irregularidades de procedimiento en el accionar policial.Ese informe relevaría que los uniformados sacaron a Lloret en dos oportunidades de la comisaría, sin autorización judicial.Quizás ese accionar no los vincule con los supuestos apremios, pero no es una circunstancia menor. Todo sospechoso, por menor que fuera el delito al que se lo vincula, queda a disposición de la Justicia y es ésta la que debe decidir sobre su situación procesal, con todas las garantías de la ley.Por eso, el trabajo de la Saic dejaría al descubierto un procedimiento a todas luces irregular e ilegal, perpetrado por quienes, justamente, deberían velar por la seguridad y garantía de este y cualquier detenido.Lloret fue aprehendido y alojado en la comisaría de Guaraní el sábado 14 de febrero. Ese mismo día, alrededor de las 18, habría sido conducido hasta cercanías de una escuela, ubicada en el acceso del cementerio de esa comunidad. Al parecer, los uniformados buscaban el arma de fuego con la que, supuestamente, perpetró el robo del celular.Ese día, aparentemente, había una suerte de kermés en ese establecimiento escolar y la llegada del patrullero, con Lloret adentro, habría sido presenciada por un docente.La Saic habría recepcionado el testimonio del educador para respaldar el hecho de que Lloret fue sacado de la dependencia policial sin autorización alguna.Una situación similar habría ocurrido el lunes 16 de febrero, en horas de la noche, y las circunstancias de su ausencia habrían sido confirmadas por la persona que compartía celda con él.A estas irregularidades, las de actuar al margen de lo que establece la ley, se sumaría una más grave aún: no hay registro de ninguna de las salidas de Lloret en el Libro de Guardia de la dependencia, ya secuestrado por el juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Heriberto Alarcón.Si bien resulta llamativo este accionar, a todas luces irregular e ilegal, a la vez pareciera insuficiente para vincular a los ocho policías con la golpiza que sufrió Lloret.No obstante, podría derivar en la configuración del supuesto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, consignó la fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN. Indicios de un trato al menos negligenteEl informe de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) dejó al descubierto la existencia de fuertes indicios de que Julio Antonio Lloret estuvo en el hospital Samic de Oberá y que la atención que recibió habría sido al menos negligente.La teoría, de comprobarse definitivamente, desmentiría la versión oficial de que nunca estuvo allí.Antes de que trascendiera esta pista investigativa de la Saic, lo único que se sabía era que este hombre sacó, el 26 de febrero pasado, un turno para traumatología, otorgado para el 4 de abril. Sin embargo, ahora la Saic habría accedido a la declaración de un “ambulanciero” que aseguró haberlo trasladado, ese mismo día 26, desde el barrio Villa Sommer hasta el Samic.Allí -indicó- lo habría dejado en el sector de Emergencias. Esta declaración, según indicaron las fuentes a PRIMERA EDICIÓN, estaría acompañada por las de otras dos personas que habrían dicho que vieron a Lloret ese día en el centro de salud.Al parecer, el “ambulanciero” habría llegado al extremo de sugerir a los investigadores que consultaran la planilla de actividades de la ambulancia durante la jornada del 26 de febrero para contrastar sus manifestaciones.El dato no es menor. Sobre todo si se confirma que, en ese lugar, Lloret habría recibido una dosis de Decadron como único tratamiento.Al día siguiente, murió. La autopsia determinó que su muerte fue a causa de un traumatismo cerebral. Lo curioso es que el mismo médico que hizo la autopsia sería uno de los responsables del área de Emergencias del Samic.
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