POSADAS. En un procedimiento irregular y violatorio de normas vigentes, con una particular interpretación de la Carta Orgánica Municipal (COM), la mayoría renovadora en el Concejo Deliberante local forzó ayer la aprobación de un incremento del orden del 33,3% en las tarifas para taxis y de aplicación escalonada, en dos cuotas. En una primera etapa, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Municipal, la bajada de bandera pasará de nueve a once pesos y la ficha cada cien metros de 0,90 a 1,10 peso; noventa días después, estos valores serán nuevamente aumentados a doce pesos y $1,20, respectivamente.Discrepancias por la necesaria audiencia públicaLa principal discrepancia con la oposición surgió cuando el oficialismo otra vez soslayó la obligatoria audiencia pública previa a cualquier definición en materia de suba en la tarifa de un servicio público (artículo 45 de la COM), aduciendo que se trata de un servicio semipúblico, pese a que el artículo 1, anexo I de la ordenanza XVI 6 (antes 63/93), sancionada el 13 de mayo de 1993, claramente lo define como “público”. También se cuestionó la incorporación del dictamen de comisión por fuera del orden del día, lo que fue advertido por los dos concejales Velázquez: Pablo y Alejandro.Este último lanzó las críticas más duras sobre ese proceder, por entender que es un procedimiento habitual del oficialismo cuando se tratan de temas dudosos y sensibles como el de la tarifa de taxis. “Cuando no hay nada que ocultar no se actúa de esta forma”, subrayó, advirtiendo las condiciones de precariedad con las que trabajan los choferes y que el Concejo sigue desoyendo, así como el reclamo de éstos de una tarifa nocturna diferencial que no se contempla en la ordenanza aprobada ayer.A esas críticas se sumaron Gabriel Nielsen y Rolando Rubleski, quienes insistieron en la necesidad de respetar la convocatoria obligada a una audiencia pública para definir el tema, aunque todos coincidieron en la necesidad de readecuar la tarifa; al punto de que los valores propuestos no fueron cuestionados.Sin embargo, para el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito, el renovador Mario Florentín, la definición que la COM hace de lo que es un servicio público (artículo 88) excluye a los taxis, que -en su opinión- son una prestación semiprivada, no esencial, a la que comparó con la que brindan farmacias y panaderías. Aunque ignoró la clara definición de la norma vigente como servicio público al que prestan los taxis (la Municipalidad los registra y autoriza, regula la actividad, fija las tarifas, etcétera).Votación divididaDe nada valieron las razones opositoras, ni el pedido de éstos de un retorno del dictamen a comisión para una mejor evaluación, para que la renovación no hiciera valer su mayoría ocasional y, con siete votos (Magdalena Solari, Claudina Deglise, Laura Duarte, Christian Humada, Mario Florentín, Santiago Enríquez y Julio Vivero), sancionó la norma. De los restantes bloques, que votaron en contra, había sólo cuatro ediles en sus bancas en ese momento: el radical Martín Arjol, el camionero Alejandro Velázquez, el “positivo” Gabriel Nielsen y Rolando Rubleski; poco antes se había retirado, por razones urgentes, el también radical Pablo Velázquez. Garantía de inamovilidadSi bien el tema de la tarifa de los taxis fue, quizás, el que concitó mayor atención en la sesión de ayer, hubo también otros temas cruciales que fueron considerados. Algunos, aprobados sobre tablas y sin debate.Uno de estos últimos fue una ordenanza para brindarle “la garantía de inamovilidad sobre las categorías y los adicionales” a los empleados del Concejo, con excepción del personal jerárquico. Una decisión que apuntaría a validar de forma indirecta los múltiples nombramientos que se realizaron en los últimos meses.Otro es el caso de la sanción de una norma que modifica, unilateralmente -según se advirtió- un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la emisión de licencias de conducir.Un párrafo aparte lo constituyó la presencia y exposición de vecinos del barrio Don Pedro reclamando la intervención del Concejo en las recientes relocalizaciones allí realizadas.
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