PUERTO ESPERANZA. Un nuevo capítulo, lamentable y que -de no resolverse de forma inmediata- podría tener peores consecuencias, se registró el último fin de semana en torno a los terrenos privados de Ernesto Reig, que fueron intrusados en enero último en esta localidad por unas 120 familias, sin que exista hasta el momento una acción directa y efectiva por parte del Gobierno para resolver la cuestión. Esta vez el incidente se produjo cuando los operarios de Emsa se disponían a ejecutar el corte del servicio que los ocupantes, en forma clandestina, habían “bajado” al predio de 20 hectáreas. Reig los acompañó para constatar que se efectivice la medida que lo ampara legalmente -porque presentó la correspondiente documentación legal que lo avala como dueño también ante Emsa- y terminó recibiendo piedrazos en su camioneta por parte de los intrusos.En varias notas publicadas por este medio se expuso la irregular situación que se planteó en torno a este tema, que empezó el 13 de enero cuando unas 120 familias ocuparon las 20 hectáreas que acredita Reig como suyas, tras lo cual comenzaron las acciones del propietario ante la Justicia, reuniones entre las partes involucradas y el propio intendente, Alfredo Gruber, aunque sin alcanzar un acuerdo.De acuerdo a lo manifestado por Reig, el Gobierno provincial se comprometió a comprar unos terrenos en otra zona de la ciudad, pero antes de hacerlo pretende que la totalidad de las familias que se encuentran dentro de su terreno firmen un acuerdo de compromiso “afirmando que una vez que se compre, deben salir del terreno y se irán al que comprarán. En total 110 familias firmaron el acuerdo, pero otras diez se oponen y, sin sus firmas, el Gobierno provincial no va a adquirir otro terreno”, explicó.Además, el damnificado continúa sosteniendo que “esas 110 personas que firman son mentirosas, porque no toda esa gente está ahí, sólo se acercan cuando aparecen los funcionarios”. A partir del último incidente, Reig afirma estar “más preocupado” aún, porque hay que recordar que ya había recibido amenazas antes de este hecho ocurrido la semana pasada y porque “no podré acercarme más hasta mi propiedad para ver si vuelven a tener luz o cómo está el lugar”. Vale recordar que, una vez consumada la usurpación, Reig presentó los documentos que demostraban que las veinte hectáreas eran de su propiedad y envió cartas documento tanto a la Cooperativa de Agua de la zona como a Electricidad de Misiones (Emsa) para que no “bajen” los servicios en ese lugar. Esto había generado el enojo de los ocupantes del predio, que comenzaron a amenazar a Reig para que habilite a las empresas, lo que no sucedió y terminó con el desenlace descripto.En este lapso desde enero a la fecha, sucedió un hecho de características similares en Itaembé Miní, en la capital provincial, donde un grupo de intrusos ocupó un terreno privado, cuyo propietario acreditó ante la Justicia su pertenencia con la documentación correspondiente, tras lo cual ésta, en menos de 72 horas determinó el desalojo de los mismos. Ante ese suceso, Reig solicitó la misma intervención por parte del juez para su causa y recordó que “no tengo por qué ser yo el responsable de la situación en la que viven estas personas, es el Estado el que tiene que hacerse cargo”.
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