BUENOS AIRES (NA). La Cámara Federal de Casación Penal rechazó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sea querellante en la causa en la que se investiga la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa en la última dictadura y la presunta vinculación de directivos del grupo Clarín y La Nación.Así lo resolvió la Sala III del máximo tribunal penal del país, la cual consideró que “el Estado nacional se encuentra representado en el marco de estas actuaciones a través del rol que como querellante ha asumido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. “Es ese mismo ministerio el que participa activamente en la UIF, no sólo en los procesos de selección de los cargos presidenciales de aquella, sino que también posee dentro del ámbito de la Unidad, un vocal que integra el Consejo Asesor de la UIF, representante del Ministerio indicado”, señalaron los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky.La UIF, a través de José Sbatella, había pedido ser querellante al juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, pero el magistrado rechazó la petición, en una decisión confirmada por la Cámara Federal y ahora por Casación. El tribunal entendió, al respecto, que “la supuesta legitimación alegada por el impugnante (la UIF) se sustenta en la posible comisión del delito de lavado de activos, norma sancionada en el año 2011, cuando los hechos investigados habrían tenido lugar durante el transcurso de 1976 y 1977”.En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la viuda de quien era propietario de la empresa, David Graiver, Lidia Papaleo y el exvicepresidente de Papel Prensa, Rafael Ianover.
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