POSADAS. La oficial de la Policía de Misiones acusada de formar parte de la banda de “robacoches”, investigada por intentar “blanquear” automóviles de dudosa procedencia mediante oficios judiciales apócrifos, se desligó de los hechos y apuntó contra uno de sus primos, también imputado, quien le habría entregado el vehículo en el que circulaba.Así lo pudo saber PRIMERA EDICIÓN en base a sus fuentes, quienes revelaron que la funcionaria pública declaró ante el magistrado Carlos Giménez, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas, en las últimas horas en calidad de indagatoria, y ratificó lo que había aportado al comienzo de la investigación, cuando fue llamada como testigo sospechoso.La mujer contó que el automóvil en el que circulaba a diario había sido cedido por uno de sus primos, también apuntado por los investigadores, quien le había asegurado que no tendría problemas ya que el depósito judicial estaba en regla, incluso con la venia de un juzgado de la capital provincial.Siempre al decir de la policía, el familiar le transmitió tranquilidad al señalarle que ese rodado, que sería un Volkwsagen Trend, más tarde iba a salir en remate y que no tendría problemas.Sin embargo, la oficial dijo que una vez que la causa trascendió a los medios de comunicación y se hizo pública, en noviembre del año pasado, su primo la visitó para pedirle el automóvil. Desde entonces, dijo la imputada, no volvió a saber nada del tema.La declaración no aportó datos de trascendencia para las autoridades, que de todas maneras no entienden cómo una funcionaria pública de esa jerarquía pudo ser engañada con un documento presuntamente falsificado.Ante esta situación, Giménez le concedió la exención de prisión, al igual que a los otros tres imputados, aunque con restricciones varias, como la de presentarse al Juzgado siempre que se los cite.Por el momento los dos hermanos involucrados, el propietario de un lavadero de automóviles céntrico y la policía continúan imputados por el delito de “falsificación de documento público”.El caso se conoció a mediados de noviembre de 2014, cuando la mirada de los investigadores se posó sobre los involucrados ante la sospecha de que traían a Misiones vehículos robados en Buenos Aires. Aquí los “legalizaban” mediante oficios judiciales falsificados, según surge del expediente.Los detectives creen que la banda aprovechaba el mecanismo que permite a la Justicia provincial entregar a organizaciones benéficas los automóviles secuestrados en operativos policiales y cuyos propietarios jamás son hallados. En su momento también eran entregados a particulares, aunque está práctica finalmente dejó de realizarse.La Justicia provincial, con apoyo de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), intenta dilucidar cómo era el mecanismo por el que esos rodados llegaban a manos de los sospechosos. Esperan por el detenido federalPor estas horas las autoridades misioneras aguardan una respuesta del Juzgado Federal de San Martín, en Buenos Aires, que tiene a cargo una causa por tráfico en la que está detenido un tercer hermano de los involucrados.Los investigadores creen que aquel sujeto guardaría relación con la supuesta banda de “robacoches”, razón por la que se solicitó su traslado a Posadas para que comparezca ante Giménez. Por el momento, no hay respuestas desde la Justicia Federal.
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