BUENOS AIRES. Estudiar muros adentro tiene el propósito de reducir la reincidencia de la población carcelaria. Se estima que un 50% de los internos alojados en cárceles federales, quienes no estudian, volvieron a delinquir una vez recuperada su libertad. Sin embargo, sólo un 15% de los detenidos que completaron sus estudios universitarios fueron nuevamente apresados por vulnerar la ley.Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación. El trabajo busca desentrañar el impacto de la educación en los reclusos. Los estudios de grado brindan oportunidades a los internos de los presidios y les ha permitido reformular las relaciones con el adentro y con el afuera. Se destaca que a los conflictos intramuros que tienen a la violencia como medio de solución, los estudiantes y graduados privados de la libertad la reemplazaron por los instrumentos que la ley otorga, como la presentación de Hábeas Corpus. Lo cierto es que los autores del informe alertan que aún persisten las resistencias del sistema hacia la aplicación del UBA XXII. “Acusaciones infundadas a docentes y toda clase de artimañas han sido puestas en marcha por la administración penitenciaria para evitar el acceso a las aulas de la universidad en la cárcel”, sostienen. El trabajo consigna que no “puede soslayarse el efecto igualador que tiene la distribución de conocimiento. Cerca de uno de cada dos detenidos reincide en el delito (46,5%), en el caso de los que se gradúan en la Universidad de Buenos Aires esta cifra se reduce a apenas el 15%. Su explicación no está en la labor de la universidad pública en contextos de encierro, más bien se encuentra en la ausencia de políticas inclusivas por parte del Estado” antes de la producción del delito, indicaron.
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