POSADAS. Dos trabajadoras del Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, con 18 y once años de antigüedad respectivamente, denunciaron que el Gobierno las trasladó por pedido de la directora del organismo, María Laura Rodríguez, y que se trata de una persecución gremial y una represalia por una medida de fuerza realizada el 16 de septiembre del año pasado.Ayer a las 8, estando las dos en sus lugares de trabajo, se presentó el jefe de personal, Antonio Pellegrino, y les dijo verbalmente que debían retirarse del Registro y presentarse en el Ministerio de Gobierno, a donde habían sido trasladadas, relataron las mujeres a PRIMERA EDICIÓN.Aseguraron que se trata de una represalia por su actividad gremial, ya que Hilda Martínez tiene 18 años de antigüedad y es vocal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Tiene 57 años, sufre cáncer y jamás tuvo una mancha en su legajo o una tardanza.Por su parte, Delia Fernández, de 50 años, tiene once años de contratada y tampoco sufrió nunca un llamado de atención. Pero su error fue haber sido designada delegada de ATE por los compañeros.Las mujeres no recibieron ninguna notificación por escrito y aseguran que no existe ninguna razón -más que la animosidad de la directora- para el traslado.Solicitaron un papel escrito que explique las razones del traslado, pero como respuesta, el jefe de personal regresó con la Policía. Ante esta actitud, se comunicaron con el gremio e iniciaron una protesta.“Hoy me presenté a las 6.30 como siempre. Trabajé normalmente hasta las 8 hasta que subió el jefe del personal y me dijo que me retire porque ya no iba a seguir trabajando, pero no me trajeron ninguna disposición. Que fue una orden de la directora general. A los gritos. Pasa diez minutos y vuelve con un policía uniformado y otro de civil, para sacarme”, explicó Hilda Martínez, quien además se encuentra afrontando un tratamiento oncológico. “Tengo 18 años en el Registro y un legajo impecable. Nunca falté. Quiero saber los motivos por los que me hacen esto. Estoy segura de que es una persecución gremial, porque nosotros desde ATE venimos pidiendo el pase a planta de seis compañeros que llevan más de diez años con contrato y el blanqueo de adicionales, es por eso que nos persiguen”, indicó Martínez. También ayer por la mañana, la delegada de ATE y trabajadora del Registro, Delia Fernández, ni siquiera pudo marcar su ingreso al puesto laboral, motivo por el cual realizó una denuncia policial. Ante la situación, una comitiva compuesta por representantes del Consejo Directivo Provincial y delegados de otros sectores se hicieron presentes en el organismo ubicado en General Paz y Bolívar, donde permanecen acompañando a las trabajadoras afectadas y a la espera de una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde se denunció lo ocurrido. Antonio Martínez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, recordó que “cuando en septiembre del año pasado realizamos una medida de fuerza, se terminó firmando un acuerdo en el cual quedó rubricado que la patronal no podría trasladar ni modificar las condiciones de trabajo de ningún empleado. Sin embargo, hoy nos encontramos con esta situación que es un ataque directo a nuestra institución y a la democracia sindical”. Campo Grande debe reincorporar trabajadoresEn un fallo sin precedentes en la provincia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) condenó a la Municipalidad de Campo Grande a reincorporar a los doce trabajadores comunales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que fueron arbitrariamente despedidos por el intendente Carlos Sartori en marzo de 2012, informaron ayer desde el gremio.Además, la Resolución 728 del STJ, que lleva la firma de los nueve ministros, condena a la Municipalidad “al pago de los salarios dejados de percibir desde el acto anulado, hasta la efectiva reincorporación de los mismos a sus puestos de trabajo”, dice un extracto de la resolución.Este dictamen hace lugar a la demanda contenciosa administrativa planteada por los abogados de ATE y declara la nulidad de la resolución 85/2011, dictada por el intendente Sartori en 2011, y que a su vez dejaba sin efecto la nulidad del pase a planta permanente de 24 empleados, firmada por su antecesor Ricardo Andruszyszyn.Claudio Paiva, uno de los abogados de ATE que llevó adelante el proceso judicial, explicó que “la cesantía de estos trabajadores se da a partir del cambio de mando en la intendencia de Campo Grande. El intendente saliente había firmado una resolución en la cual determinaba el pase a planta permanente de un grupo de empleados municipales, pero cuando toma el mando el actual intendente Sartori, deja sin efecto esa resolución”. Víctor Paredes, secretario general de la seccional Oberá -de la cual depende el distrito Campo Grande- expresó su satisfacción “por este logro importantísimo, que viene a poner de manifiesto la importancia de reclamar y luchar por los derechos de los trabajadores”.En tanto, Nora Dedieu, secretaria general de ATE Misiones, sostuvo que “esta es una demostración de la importancia de no bajar los brazos. Los trabajadores deben saber que este tipo de intentos de amedrentamientos por parte de algunas patronales, que utilizan las fuentes laborales como elementos de presión, no tienen lugar cuando los trabajadores están organizados y decididos a hacer valer sus derechos. De manera ejemplar, agotamos las instancias administrativas, proseguimos por la vía jurídica, y hoy, tres años después, la Justicia nos da la razón. Este logro es una victoria clara de la organización sindical y una muestra cabal de que, ante este tipo de atropellos, siempre hay que luchar”. ATE pidió audiencia urgente con el GobernadorEl Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) remitió una notificación formal al gobernador de la provincia, Maurice Closs, “en carácter de muy urgente, para trabajar sobre la recomposición salarial correspondiente al año 2015, dada la difícil situación por la que atraviesan los trabajadores estatales misioneros, a causa de los niveles de inflación que padece nuestra economía provincial y nacional”, según textual de la nota.“Los trabajadores estatales misioneros poseemos la enorme responsabilidad de poner en escena las políticas públicas que el Gobierno decide y proyecta; gran parte de las veces percibiendo salarios que no llegan a equipararse con la Canasta Familiar. A razón de ser justos debemos destacar que esto ocurre exclusivamente con los trabajadores de la esfera del Ejecutivo, con excepción de las fuerzas de seguridad&
amp;rdquo;, manifestaron desde ATE.La conducción del gremio ha propiciado proyectos de ley a fin de que se establezcan convenciones colectivas de trabajo en el ámbito de la Administración Pública, en el entendimiento de que el diálogo es la mejor herramienta en tiempos de democracia para poder alcanzar el entendimiento y la concordia de los diferentes sectores. “Un paso importante y singular sería que podamos sentarnos en una mesa de diálogo, para así alcanzar acuerdos que redunden en el mutuo beneficio de la Administración, como así también de la clase trabajadora estatal”, indicaron desde ATE.Se debe “tratar la recomposición salarial de los trabajadores estatales de Misiones, bregando por que se garantice un nivel de ingresos acorde a la Canasta Familiar -actualmente de 12 mil-, sin perder de vista el espacio de paritarias que reiteradamente hemos solicitado desde nuestra organización”, argumentan.
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