BUENOS AIRES (DyN-NA). El Gobierno cuestionó ayer el espíritu de la “marcha de silencio” convocada para el próximo 18 de febrero, a un mes de la muerte de Alberto Nisman y pidió saber “por qué se realiza”, mientras que los fiscales respondieron que la convocatoria “no es en contra de nadie” sino para reclamar por la “independencia” del Poder Judicial.El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich sostuvo que “nadie puede decir que existe intromisión e interferencia por parte del Ejecutivo” en la investigación por la muerte de Nisman, y afirmó que son los representantes de la Justicia “los que tienen que resolver” el caso.Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que entre los realizadores de la marcha, “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros de la democracia”.En tanto, fiscales nacionales ratificaron la convocatoria en una conferencia de prensa dada en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, donde alertaron que el caso de la muerte de Nisman “es el primero” con “estas características, pero podría no ser el último”.La controversia entre el Gobierno y representantes del Poder Judicial tuvo ayer un nuevo capítulo cuando a la mañana Aníbal Fernández, en el tradicional diálogo que mantiene con la prensa en las puertas de la Casa de Gobierno, trató de restarle identidad a la marcha de los fiscales al apuntar que “entre ellos, hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros de la democracia”.En ese punto cargó contra el exfiscal general Julio César Strassera, quien, según recordó, negó un hábeas corpus al exgobernador de Santa Cruz, Jorge Cepernic, durante la última dictadura militar.Strassera rechazó las críticas y definió a Fernández como “el ariete del Poder Ejecutivo” que “repite lo que le mandan a decir”. El exfiscal desafió al secretario de la Presidencia a que le presente “un solo hábeas corpus que hayan firmado él como los Kirchner, tanto Cristina como Néstor” en favor del exgobernador.Además, Strassera también volvió a pedir la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, porque es “un escándalo” como “está presionando a los fiscales”. Por su parte, Capitanich reclamó que esta marcha “no implique pretender transferir culpas y responsabilidades a otros poderes del Estado o a otros miembros de la sociedad”. El ministro coordinador señaló que “en este caso existe una fiscal (Viviana Fein) que es colega de los fiscales que teóricamente organizan la marcha, que es la responsable principal de la instancia de la investigación”.Frente a los cuestionamientos del Gobierno, el fiscal Guillermo Marijuan explicó que “no es una marcha en contra de nadie, es en silencio y con respeto. Lo único que queremos es que se haga con banderas solamente argentinas”.Su par Carlos Stornelli, en tanto, advirtió que el caso de Nisman “es el primero de estas características, pero podría no ser el último”.“Hay un pozo ciego que desbordó”, graficó el funcionario, para quien “esta muerte macabra en la que todos somos testigos debe movilizar a una toma de conciencia”.José María Campagnoli, uno de los fiscales que fue cuestionado por el kirchnerismo, reclamó “que se respete el trabajo, la independencia y la libertad de investigar de los fiscales”, al respaldar la convocatoria.ContextoLos fiscales que convocaron a la marcha por la muerte de su colega Alberto Nisman, quien investigaba el caso Amia, son del sector más enfrentado al Gobierno y en sus manos llevan causas sensibles contra varios de sus funcionarios.En lo que será un hecho inédito en la historia argentina, los funcionarios judiciales dejarán sus despachos para salir a la calle y encabezar lo que llamaron la “marcha del silencio” desde Congreso a Plaza de Mayo.Se trata de fiscales federales que desde hace meses llevan adelante causas penales contra funcionarios del Gobierno nacional y la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó: entre ellos se cuenta a Carlos Stornelli, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz.Integran todos ellos el ala más crítica hacia el Gobierno y están enfrentados a la procuradora: si bien hay otros funcionarios judiciales en la misma vereda, evitan por el momento la exposición pública y evalúan el impacto político que tendría sumarse a una marcha junto a dirigentes de la oposición.Incluso, más allá de que al realizar la convocatoria los fiscales advirtieron que la movilización “no es contra nadie”, por lo bajo reconocen que será interpretada como una iniciativa contra la Casa Rosada.Stornelli tiene en sus manos la causa que involucra a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades la empresa Hotesur y también investiga presuntas irregularidades en concursos promovidos por la Procuración General de la Nación para cubrir dos cargos de fiscal.Marijuan en diciembre del año pasado fue quien requirió la indagatoria del empresario Lázaro Báez y también imputó a la procuradora Gils Carbó en varias causas, mientras que últimamente asumió un papel activo al denunciar hechos desprendidos de la muerte de Nisman, entre ellos el seguimiento de cámaras de seguridad a su arribo al aeropuerto de Ezeiza o el pedido de investigar al presunto espía Ramón “Allan” Bogado.Pleé mantuvo hace tiempo un fuerte cruce con la procuradora Gils Carbó, a tal punto que ésta lo corrió de la Unidad Fiscal anti lavado y en su lugar focalizó el área en el fiscal Carlos Gonella, a quien designó al frente de la nueva Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos. Rívolo, por su parte, investiga a Amado Boudou por supuestas coimas al haber realizado un viaje en helicóptero gratuito y también lo hizo en los inicios del caso Ciccone, en la que ahora el Vicepresidente de la Nación está procesado. Sáenz salió a acusar duramente estos días al Gobierno por supuestas presiones sobre su colega, Viviana Fein, quien investiga la muerte de Nisman, e incluso mantuvo un cruce directo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le reprochó haberle pedido que no hablara más sobre el caso.En Comodoro Py otros fiscales y jueces que eval&
uacute;an si asistirán a la marcha del 18: algunos se encuentran en la encrucijada de ser criticados por sus pares al no concurrir o bien señalados por el Gobierno por sí hacerlo, en tanto otros prefieren mantener la discreción que les exige su cargo.
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