BUENOS AIRES (DyN). “Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº 26.842, que como anexo forma parte integrante del presente”, estableció el artículo 1 del decreto 111/2015, firmado por la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.La ley había sido sancionada por el Congreso el 19 de diciembre de 2012 durante el período de sesiones extraordinarias convocadas por la Presidenta luego de que se conociera el fallo que absolvió a los acusados de secuestrar a “Marita” Verón, hija de Susana Trimarco, para forzarla a entrar a una red de prostitución y trata de personas.La promulgación fue confirmada la mañana de ayer por Jorge Capitanich en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.Principales puntosEl primer artículo de la reglamentación dispone que “los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación”.El punto 6 establece que “en los casos de rescate de víctimas de trata, el Estado Nacional procurará que el primer contacto sea llevado adelante por profesionales especializados en trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes, previo requerimiento del magistrado competente”.Y agrega que “una vez concluida la primera declaración en etapa instructiva en sede judicial, la asistencia continuará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de su competencia, el que efectuará las articulaciones necesarias con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el abordaje de las víctimas procurando la continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus derechos”.En el mismo artículo se dispone que todas las víctimas tienen derecho a permanecer en un alojamiento apropiado, “un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e intimidad de las víctimas”. Además, tienen derecho a ser informadas sobre su situación, acceso a programas de empleo o cursos de formación laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y podrán contar con patrocinio jurídico gratuito.
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