BUENOS AIRES (NA). El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico dispuso ayer una “medida precautelar” que frena la designación de 16 fiscales por parte de la Procuración General de la Nación.Se trata de las designaciones hechas por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, cuestionadas por un sector de la Justicia y la dirigencia opositora, y haciendo lugar a un recurso de amparo hecho por el abogado Mauricio D’Alessandro, diputado bonaerense por el Frente Renovador.“Disponer la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación, en el marco de su función administrativa, vinculadas a las designaciones efectuadas en las Fiscalías creadas mediante la Ley 27.063”, esto es la reciente reforma del Código Procesal Penal, y a partir del cual la Procuradora se basó para realizar las designaciones, que tenían fecha para concretarse el próximo 2 de febrero.El fallo de Lavié Pico se conoce en plena feria judicial, y en medio de varios planteos del mismo tipo, pues hay otro recurso hecho por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación y del gremialista Julio Piumato; así como en un contexto de denuncias penales contra Gils Carbó por el mismo hecho.En la resolución, Lavié Pico explicó que la reciente reforma del Código previo a su implementación contempla algunos aspectos como ser la capacitación de personal para cubrir la creación de las nuevas fiscalías, y que el mismo “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente”.“Además allí se precisa que el Ministerio Público de la Nación y la Defensoría General de la Nación deberán adoptar las medidas necesarias para la cobertura de los cargos previstos por esta ley y para el cumplimiento de los demás efectos derivados de su implementación y remitirá las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional”, contempló el magistrado.Por ello, el juez concluyó que “resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las Fiscalías creadas mediante el artículo 6 del anexo II de la ley 27.063 y las designaciones efectuadas al respecto”.“Tampoco se advierte, en este estado del proceso, cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas Fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado y tampoco se habrían configurado supuestos de gravedad o una circunstancia excepcional que justifique el apartamiento del régimen regular de designación”, concluyó.Esa es una de las principales críticas hechas hacia las designaciones, pues Gils Carbó dispuso subrogantes en esas 16 vacantes hasta tanto se cubran con titulares por concurso.Ahora, el juez pidió a las demandadas, en el caso la Procuración General de la Nación, que realice un informe “en el cual también deberán explicar de manera clara y concreta si se cumplieron todos los requisitos legales establecidos en la Ley 27.063 para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”.Mientras tanto, dictó el juez una “medida precautelar o interina la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación vinculadas a las designaciones efectuadas en las Fiscalías”.Qué pasóEl 30 de diciembre pasado, en el último día hábil del año, Gils Carbó firmó una serie de designaciones en lo que constituyó el mayor avance del kirchnerismo en diez años para la “colonización” de la Justicia: designó a 16 fiscales federales de su propia tropa en todo el país y además colocó a dos fiscales de primera instancia en Comodoro Py 2002, donde se investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno. Estaba previsto que asumieran el 2 de febrero próximo.Los nuevos cargos estaban contemplados en el Código Procesal Penal, que aún no está en uso y no cuenta con las leyes de implementación. Pero Gils Carbó cubrió los cargos valiéndose del acuerdo que le había dado el Senado para otras jurisdicciones y desplazándolos horizontalmente como subrogantes en estos nuevos lugares.El diputado massista D’Alessandro se presentó en Tribunales -al igual que otros legisladores de la oposición- para pedir que se habilite la feria judicial para que los jueces se pronuncien sobre un amparo en el que pidió que se suspendan las designaciones de los fiscales.D’Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de “cubrir con fiscales militantes cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país”, como una manera de “lograr la impunidad” de los funcionarios del Gobierno investigados en casos de supuesta corrupción.La Asociación Argentina de Fiscales se sumó como “amicus curiae” al amparo promovido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para pedir la nulidad del nombramiento de los 16 fiscales designados por Gils Carbó.La presentación fue firmada por el presidente de la Asociación, el fiscal General Adjunto de la Ciudad, Luis Jorge Cevasco, y el fiscal de Morón y vicepresidente primero de la Asociación Marcelo, Varona Quintian.“Buscamos defender la autonomía, independencia y facultades funcionales de los fiscales, además de promover la vigencia efectiva del debido proceso legal y las garantías constitucionales”, afirmó Cevasco.La Asociación consideró que las designaciones interinas efectuadas por la Procuración General de la Nación “ponen en riesgo la independencia funcional del Ministerio Público”.A la vez, agregó que “coartan facultades de los fiscales debidamente designados y pueden afectar tanto la persecución penal eficiente como las garantías constitucionales de los imputados, es decir, a los intereses generales de la sociedad”.
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