BUENOS AIRES (NA). La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó no hizo lugar al pedido del juez federal Claudio Bonadío para iniciar la remoción del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura.Gils Carbó tomó esa determinación debido a la “gravedad institucional que acarrea la manifiesta inconstitucionalidad” de la decisión de Bonadío.El magistrado había declarado a Gonella en rebeldía y ordenó la prohibición de salida del país.Gils Carbó remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura “para que allí se tomen las medidas que correspondan a semejante avasallamiento”.La procuradora señaló que el pedido formulado por Bonadío se enmarca en una causa penal que pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, como es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio www.fiscales.gob.ar. “La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, precisó.Gils Carbó sostuvo que el requerimiento de remoción de Gonella está fundado en que no se presentó a una audiencia a brindar declaración indagatoria.Sin embargo, precisó que la validez de la convocatoria está pendiente de revisión por tribunales superiores, por lo que no sólo no se encuentra firme, sino que la no comparecencia no representa una causa de destitución de magistrados, taxativamente previstas por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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