OBERÁ. Con la participación de 25 vecinos se llevó a cabo la segunda Audiencia Pública, convocada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, sobre “Fijación Nuevas Tarifas del Transporte Urbano de Pasajeros”. Todos los usuarios coincidieron en la oposición a cualquier tipo de aumento, además de los cuestionamientos a la calidad del servicio y la falta de controles.El inicio, siguiendo el orden del día, fue con la exposición a cargo del asesor legal de la empresa prestadora del servicio, Alejandro Díaz: “Es la primera vez que tenemos la posibilidad de explicar toda la documentación, todas las leyes en las cuales respaldamos el pedido. Es un orgullo participar de la audiencia para poder explicarlas. El pedido está basado en leyes nacionales y un decreto provincial del 2007. Sobre todo explicar al usuario cuánto percibe la empresa en subsidios, qué tipo de subsidio recibe y los costos que tiene, detallar cómo se determinan las tarifas. Para la empresa el costo técnico del boleto es de 12,35 pesos”, sostuvo el letrado.Posteriormente fue el turno de los funcionarios municipales Javier Zanek, secretario general de la Comuna, y Carlos Gross, director de Inspección General.De los ciudadanos inscriptos, uno solo faltó a la cita. Todas las opiniones expuestas fueron de marcada oposición a cualquier tipo de aumento. Los argumentos reiterados estuvieron ligados a las falencias del servicio: unidades deterioradas, periodicidad de líneas que no se cumplen, condiciones inhumanas de viaje, entre otras.Uno de los expositores fue el exconstituyente Rafael Pereyra Pigerl, quien en su alocución repasó aspectos legales exigiendo a los concejales seguir con la licitación del servicio, ya que legalmente no estaría bien otorgado. “Tienen la obligación de seguir adelante, dando transparencia, y no otorgar más el monopolio del servicio, tal cual propone la Carta Orgánica. La primera ilegalidad es tratar el aumento a una empresa a la que ya no corresponde brindar el transporte urbano. Hay un máximo de diez años y un marco 20 años para brindar el servicio, que la empresa ya ha cumplido”, insistió.Por su parte Miguel Morales, residente en el barrio Caballerizas, como persona con capacidad diferente, aseguró sentirse discriminado, ya que se le hace imposible utilizar el colectivo por falta de adecuaciones especiales en las unidades.
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