POSADAS. Una de las empresas de colectivos del Grupo Z, que opera en Buenos Aires, figura entre las más beneficiadas por los subsidios nacionales ya que recibió 336 millones de pesos entre los años 2010 y 2011 de un paquete total de 19.327 millones que repartió el Gobierno. Por el reparto de esos dineros la Justicia Federal se encuentra investigando presuntos desmanejos porque los funcionarios no habrían controlado debidamente cuánto correspondía entregar a cada una y las empresas tampoco habrían rendido sus números reales, para obtener mayores beneficios.Se trata de “La Nueva Metropol”, que pertenece a algunos integrantes de la familia Zbikoski, grupo que obtiene grandes beneficios económicos en Buenos Aires y también en Misiones. Y que ahora solicitó un fuerte aumento del boleto para las ciudades Posadas, Garupá y Candelaria. La investigación de la Justicia Federal se inició luego de un informe realizado por la Auditoría General de la Nación donde reveló que “la determinación del monto del subsidio a distribuir entre las empresas permisionarias y el sistema de cálculo de los coeficientes de participación y de distribución presenta debilidades”.El informe fue elaborado a mitad de año y comprende la gestión de 2010 y 2011 de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) -cuando el área estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación- en relación con los subsidios a empresas otorgados mediante el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y el suministro de gasoil a precio diferencial.Las presuntas irregularidades consistían en la falta de control y en el destino de los subsidios. También, que los colectivos recorrían menos kilómetros de los declarados a la CNRT. Las empresas que más subsidios del Estado recibieron en Buenos Aires fueron el Grupo Plaza ($ 508 millones), Línea 216 ($ 418 millones), Consultores Asociados Ecotrans ($ 402 millones), La Nueva Metropol ($ 336 millones), integrante del Grupo Z, y Micro Ómnibus Quilmes ($ 318 millones).Al respecto, se indicó que “los costos de explotación aprobados” se basan en “una empresa modelo, cuyos datos teóricos no se contrastan con los de las empresas reales, ni se comparan los precios asignados a los rubros de la estructura de costos con los costos efectivamente erogados por las empresas”.“No consta la realización de estudios o análisis de los costos reales anuales de cada empresa, de su evolución desde la vigencia del presente régimen de subsidios, ni que se hubiere estimado el porcentaje de los costos que cubre el sistema de subsidios”, aseveró la AGN. Indicó también que “no existe estructura de costos aprobada para el servicio de transporte de pasajeros del interior del país”, lo que implicó “la transferencia de fondos públicos sin contar con una base teórica que le dé sustento”.También señaló la falta de “un procedimiento de rendición de cuentas para las empresas” y que “se ha verificado la ausencia de un Plan Anual de Auditoría” para los cupos de gasoil a precio diferencial.“Los procedimientos utilizados para la liquidación y control del subsidio al gasoil permiten que haya beneficiarios que se les calcule (y finalmente perciban) un subsidio mayor al que les corresponde, toda vez que se ha verificado que no se cuenta con un mecanismo para detectar oportunamente la disminución de servicios en las empresas prestadoras”, apuntó la AGN.Tales son el desmanejo y la falta de transparencia que detectó el informe, que aparecen empresas que -habiendo desaparecido- mantuvieron el cobro del subsidio durante dos años. O también se puede ver alguna compañía que, sin que cambiaran los servicios que brindaba, incrementó el monto de transferencias del Estado de un mes a otro.La investigación partió de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans radicada ante el juzgado federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. “En el aludido informe se detectaron severas deficiencias en el control de los subsidios otorgados entre enero del año 2010 y diciembre del 2011, del orden de los 20 mil millones de pesos. Se hace mérito allí de que no hay criterios para la entrega de subsidios ni se despliegan ulteriores controles sobre las empresas beneficiadas por los subsidios”, indica la denuncia.“Lo que se desprende del documento es que no había controles ni al momento de entregarse el subsidio ni después de que fue percibido. No hay ningún caso en el que se presente una rendición de cuentas que muestre en qué se gastó el dinero que se percibió”, dijo Despouy.En Misiones igualEl Grupo Z es la empresa que más subsidios recibe del Gobierno de Misiones, del nacional y del municipal. Y al igual que ocurre con otras empresas a nivel nacional, el control en Misiones es una deuda pendiente.Desde la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) este año, es una empresa privada, Servicios Urbanos SA, la que fue contratada para “controlar” los kilometros recorridos, la cantidad de boletos vendidos, la frecuencia de las líneas, entre otros datos. Esta empresa realiza los “controles” y luego envía los informes a la Subsecretaría de Transporte de la Nación. La empresa fue contratada sin licitación y lo más llamativo es que al momento de su creación, allá por el año 2007, una de las empresas del Grupo Z era accionista de esta empresa.En definitiva, el Grupo Z es controlado por una empresa privada con la cual tenía vínculos legales y económicos. ¿El Estado? Bien gracias. Debido a las mencionadas situaciones, el Gobierno nacional quiere ampliar su pobre control para evitar gastos desmedidos en subsidios.Es por ello que la semana pasada se conoció una resolución del Ministerio de Interior y Transporte que obligaría al Grupo Z (y otras empresas) a unificar el sistema de la tarjeta Sube misionera y ponerla bajo el control del Ministerio de Interior y Transporte en un plazo de 90 días si es que pretende continuar recibiendo los subsidios millonarios.Se estima que con esta medida el control sobre los recorridos, la recaudación y, la cantidad de pasajeros transportados será implementado por el Gobierno nacional y ya no por una empresa privada, que sólo declara los números sin el control estatal, como viene ocurriendo en Posadas, Garupá y Candelaria.La resolución expresa que las provincias y/o los municipios que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución tengan en funcionamiento sistemas de pago electrónico de tarifas para los servicios urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provincial
o municipal, prestados por empresas beneficiarios de la “Compensación Complementaria Provincial” tendrán 90 días para compatibilizar con los estándares del Sube la información que brindan sobre cantidad de boletos expedidos (usos), recaudación por la venta de boletos (importes totales en pesos por uso), parque automotor (unidades) y kilometraje recorrido (GPS).El cumplimento de la resolución y los plazos por ella dispuestos será “una condición necesaria para acceder y mantener el derecho a la percepción de los subsidios”.Crece y creceEl Grupo Z acaba de pedir un nuevo boletazo en Misiones, pero mientras tanto, algunas de sus empresas compran otras en Buenos Aires y agigantan su flota.El portal “eldiadeescobar.com.ar” reveló en julio pasado que el Grupo Z -a través de una de sus empresas- acaba de adquirir otra línea importante en Buenos Aires. “En medio de versiones de todo tipo, La Nueva Metropol acrecentó su inmenso emporio al hacerse cargo desde el 1 de enero de la administración de la línea 276 (compañía La Isleña), la empresa de colectivos escobarense más antigua y con más servicios en el distrito. Si bien ninguna de las firmas emitió un comunicado oficial al respecto, la venta de la histórica compañía de colectivos La Isleña SRL a favor de La Nueva Metropol SATACI es un hecho consumado desde hace varias semanas”, indicó el sitio.Agregó la información que “una de las primeras medidas fue despedir a 25 choferes que se encontraban a prueba por tres meses. En el mismo marco, casi la totalidad del personal administrativo de la empresa fue relevado de sus funciones y trasladado a otras dependencias”.15 millones de pasajeros porteñosEn Misiones, el Grupo Z no sólo tiene la concesión de líneas urbanas en Posadas, Garupá y Candelaria, sino que maneja el Sistema Integrado interurbano metropolitano.En Buenos Aires, la prosperidad del mismo sector empresario hizo que hoy “La Nueva Metropol” transporta a más de 15 millones de pasajeros por año por medio de sus siete líneas: 65 que recorre el tramo Constitución – Barrancas de Belgrano; 194 (Chevallier Metropolitana), que abarca el ramal Buenos Aires – Zárate, 195 (Costera Metropolitana, ex Costera Criolla) que presta el servicio Buenos Aires – La Plata y la 228: Puente Saavedra – San Nicolás”, según el diario online de Zárate.Los Zbikoski también manejan “la línea 194 Plus: Saavedra- Av.Cabildo- Plaza Italia- Av. Pueyrredón, la 365 (Independencia Metropolitana, ex LISA), que abarca el tramo Puente Saavedra – Derqui – Luján, y la 151 (anteriormente propiedad de la empresa M.O.D.O. -Micro Ómnibus Doscientos Ocho Sociedad Anónima de Transporte Automotor-, que pese al cambio de administración sigue usando la misma razón social), cuyo ramal troncal es Plaza Constitución- Puente Saavedra”.
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