POSADAS. Una trabajadora del Concejo Deliberante de esta ciudad vive enfrente del edificio hace un mes, en la esquina de las calles Bolívar y Rivadavia, esperando que la presidenta del cuerpo, “Magui” Solari la atienda y escuche su reclamo. El jueves la jueza de Faltas de Posadas, María Martha Guimaráes, ordenó el desalojo de sus muebles por lo tanto, la mujer que tiene 56 años, padece problemas de salud y es el único sostén económico de su familia, tuvo que pasar la noche a la intemperie, sentada en un sillón.El ministro de Derechos Humanos de la provincia fue requerido para darle asistencia pero no apareció por el lugar ni envió a nadie, como tampoco el defensor del Pueblo de la ciudad; ni los concejales opositores ni otros dirigentes políticos o sociales se acercaron, según explicó su abogada. Tampoco el gremio mayoritario UPCN.La mujer se llama Mima Sequeira y reclama una deuda del Concejo Deliberante desde el año 2006, que se agranda con el tiempo y asciende actualmente a 263 mil pesos, según cálculos de un contador.Su abogada, Carina Castillo, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “todo comenzó en 2006 cuando el presidente del Concejo recategorizó dos categorías a 27 trabajadores. Luego asumió otro presidente (el radical Jorge Piru Gómez) y dejó sin efecto el decreto, retrocediendo las categorías. Los trabajadores fueron a la Justicia y ganaron el caso, el Concejo Deliberante interpuso un recurso pero la Justicia nos volvió a dar la razón en julio del año pasado, la sentencia quedó firme y el Concejo tiene que pagar la deuda de ocho años por las dos categorías que no pagó y además tiene que devolver dos categorías al personal. Muchos ya están en edad de jubilarse y no lo hace esperando que el Concejo cumpla”.El profesional explicó que desde principio de año pidieron audiencia a la presidenta del Concejo Deliberante, la renovadora Magdalena “Magui” Solari pero no tuvieron ni siquiera respuesta. Por esta razón “denunciamos penalmente a la presidenta por incumplimiento de deberes y por desobediencia judicial”, explicó Castillo.Los otros 26 trabajadores apoyan silenciosamente el reclamo de Mima pero no pueden adherirse porque “tienen familiares o parientes contratados y si se suman al reclamo, seguramente sus allegados perderán esos contratos”.El dinero que reclama es por las dos categorías que no percibió durante los ocho años.
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