BUENOS AIRES (Medios Digitales-Agencias). En el marco de una sesión especial, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados pretendía convertir en ley la reforma integral del Código Procesal Penal que, como rasgo principal, reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio. El cambio es avalado por los bloques opositores, pero no alcanzará para sumar su adhesión a la votación general. Con el nuevo sistema los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas -que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar y cuáles desestimar.Una vez ingresado el caso al sistema penal, el fiscal tendrá un máximo quince días para tomar una decisión. Entre las opciones que tiene, puede continuar con la causa formalizando la investigación, pero también puede desestimar el caso, archivarlo o aplicar criterio de oportunidad.Además, las causas deberán durar como máximo tres años y la investigación fiscal previa, un año, aunque se incorpora la herramienta del juicio directo, donde no se necesita un año para investigar, en caso de que el fiscal tenga los elementos para llevar la causa directamente.El texto original otorgaba amplias facultades a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código.Pero esta atribución fue morigerada de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.El proyecto también establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, contemplado en el texto original.Otro de los cambios dispuestos en la Cámara alta fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti”, si el delito tiene una pena mínima de tres años y si se afecta la unidad familiar.La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.El debateComo miembro informante del oficialismo, Graciela Giannettasio aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”.El precandidato presidencial Julio Cobos consideró que “necesitamos muchos cambios en forma simultánea para poder aplicar este Código”, entre los que mencionó una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público “que establezca cómo vamos a designar y controlar a los fiscales”.Sobre las atribuciones “discrecionales” del procurador, Pablo Tonelli insistió en que “como cuarto poder, es el único que tiene una duración vitalicia en el cargo y es unipersonal”. “Esto no está de acuerdo con el espíritu de la Constitución”, aseveró.Por el FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza consideró “fundamental modificar los mecanismos y los criterios de selección para la incorporación de personal, que aseguren la transparencia y la independencia” del Ministerio Público.Otro punto que generó rechazo fue la designación de 1.734 personas en el Ministerio Público (contemplada en un anexo) y la falta de una nueva ley orgánica.
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