BUENOS AIRES (NA). El oficialismo no consiguió los votos necesarios para elevar a jury de enjuiciamiento el pedido de destitución del juez federal Claudio Bonadío ante el plenario del Consejo de la Magistratura, pero logró aplicarle una sanción pecuniaria del 30% de su sueldo por única vez por la actuación del magistrado en dos causas de los ´90.En su intento por la destitución de Bonadío, los representantes del Gobierno obtuvieron siete de los nueve votos necesarios para conseguir la mayoría, sobre un total de 13 miembros.Ese número no alcanzó para el pedido de juicio político contra el magistrado federal, a quien no dudaron en calificar de “juez opositor”, debido a su actuación en causas contra funcionarios del Gobierno, incluyendo la iniciada contra la presidenta Cristina Kirchner por supuestas anomalías registrales y la falta de presentación de balances de la sociedad Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate.Ante esa situación se pidió una sanción económica contra el magistrado por su desempeño en la causa por la privatización de la empresa Tandanor y otra de la Curtiembre Yoma, durante el menemismo, Gobierno durante el cual Bonadío actuó como secretario del exministro del Interior Carlos Corach.La sanción consiste en la quita del 30% del salario del magistrado por única vez en su próximo sueldo, y su aprobación alcanzó, esta vez, los seis votos del oficialismo, a los que se sumó el de la presidenta del cuerpo Gabriela Vázquez.Durante el plenario se habían propuestos dos dictámenes, uno de ellos presentado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otro por el exconsejero y juez Ricardo Recondo, solicitando la absolución.Pero, tras la votación en la que el oficialismo no alcanzó los nueve votos que necesitaba, surgió como tercer alternativa la sanción pecuaniaria, propuesta por el representante de la Casa Rosada.En el primero de los dictámenes, Álvarez proponía la “apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” contra el juez Bonadío por “mal desempeño” en las causas mencionadas, de un total de diez que obran en su contra ante el Consejo.Por estas dos ya no volverán a formularse pedidos. La actuación de BonadíoLa primera causa se caratuló “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional” y cayó en manos de Bonadío en 2002: en ella se investigaba la operatoria de consorcio Marítimo S.A., la compañía que ganó la licitación internacional para adquirir casi el 90% de las acciones de Tandanor. Aquella firma se comprometió a pagar 7 millones de pesos en efectivo y otros 52 mediante cheques de pago diferido y una póliza de caución, pero con el tiempo se comprobó que la firma era insolvente y se inició el proceso penal por defraudación al Estado.El titular del juzgado federal 11 demoró cuatro años en realizar la investigación, ya que recién en 2006 tomó declaración indagatoria a los imputados y dio por terminada la etapa preparatoria. Por entonces, la Fiscalía pidió la elevación a juicio, pero el juez demoró tres años en aceptarla, por lo que pasaron 9 años desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio, que todavía está en la etapa previa.De los nueve años que duró el trámite de la causa, siete pasaron en el juzgado de Bonadío. La segunda causa, por la curtiembre de Yoma S.A, se investigó la maniobra por la cual la empresa de la exfamilia política del expresidente Menem cedió títulos de crédito al Banco Nación, una operación financiera habitual entre las compañías y entidades bancarias.Sin embargo, en este caso, ya había cedido los mismos títulos al Banco Macro, por lo que la maniobra implicaba una estafa al Banco Nación. La denuncia recayó en la oficina de Bonadío en 2000 y éste demoró más de cinco años en llamar a los imputados indagatoria, y otros cinco para conceder la elevación a juicio que había pedido el fiscal, por lo que la causa prescribió. “Antes no existía y ahora se lo castiga”BUENOS AIRES (NA). Dirigentes de la oposición cuestionaron la sanción que el Consejo de la Magistratura, con los votos del oficialismo, dispuso contra el juez Claudio Bonadío, a quien le descontarán un 30% de su salario, y el exdiputado Eduardo Amadeo propuso completar el sueldo del magistrado “con donaciones de la gente”.El senador nacional Luis Petcoff Naidenoff (UCR) dijo que el Gobierno busca “escudos protectores” y cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura contra Bonadío, a quien el oficialismo le reprochó el allanamiento que dispuso en la empresa Hotesur, de la que la presidenta Cristina Kirchner es accionista.“Bonadío antes no existía para el Gobierno y ahora que investiga el escándalo de lavado de dinero de la Presidenta se lo castiga”, afirmó Petcoff Naidenoff, senador por Chaco, y sostuvo que los funcionarios y dirigentes del oficialismo “son tan grotescos que no alcanzan a dimensionar el rechazo que generan en la sociedad”.Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) dijo que “la sanción al juez Bonadío por investigar a la Presidenta es vergonzosa, así como que el pedido lo realizara el Ministerio de Justicia”, a través del consejero Julián Álvarez, que es el viceministro de esa cartera nacional.“Significa que para la Presidenta y el ministro de Justicia (Julio Alak) no se puede investigar al poder. Creen que están más allá de la ley. Apoyemos al juez”, arengó Ocaña en Twitter.A su vez, el exdiputado nacional Eduardo Amadeo, dirigente del PRO de Mauricio Macri, lanzó una campaña “para completar con fondos de la gente el sueldo de Bonadío.
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