POSADAS. En el contexto de las tensiones que se generaron tras la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a la cooperativa misionera Tierra Colorada por evasión del pago de aportes patronales, trascendió que la delegación local de la entidad recaudadora habría radicado una denuncia penal tras la supuesta detección, en un relevamiento de personal, de un campamento en el predio de un empresario de San Pedro, lindante con la Reserva de Biosfera Yabotí.En el mismo se habría constatado trabajo esclavo y apeo ilegal de algunas especies de la flora misionera autóctona.Aunque los detalles de la denuncia no trascendieron oficialmente y existe secreto de sumario, PRIMERA EDICIÓN pudo saber que, a raíz del operativo, se habrían producido incidentes con ribetes novelescos en los cuales los agentes de Gendarmería y de la Afip habrían sido virtualmente “privados de su libertad” por un grupo de empresarios que se desplazarían en modernas camionetas 4×4. En el episodio habría participado también el intendente renovador de San Pedro, Miguel Dos Santos, quien, según las versiones del caso, habría defendido el accionar de los empresarios por sobre los organismos oficiales cuando los inspectores fueron trasladados hasta la sede comunal en las mencionadas camionetas. El hecho -que culminaría en la supuesta radicación de la denuncia en el Juzgado Federal de Eldorado- habría ocurrido el 4 de septiembre pasado, oportunidad en que una delegación de la Afip integrada por dos inspectores y dos agentes de Gendarmería Nacional se habría internado unos 40 kilómetros dentro del monte, en el límite con la zona protegida, y habría hallado un campamento con unas veinte personas viviendo en condiciones de hacinamiento, trabajando en el apeo de árboles nativos presuntamente sustraídos a la Reserva de Biosfera.Campamento precarioLos inspectores habrían constatado la situación de trabajo ilegal y habrían dejado la constancia labrando el acta correspondiente, pero no habrían conseguido finalizar su tarea cuando, sorpresivamente, habrían recibido la visita de una nutrida delegación de empresarios de la zona, quienes literalmente se habrían atravesado en el camino con sus camionetas, impidiendo la circulación al vehículo oficial de la Afip, según las fuentes a las que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN.Los inspectores sí habrían tenido tiempo de tomar fotografías que estarían adosadas a la denuncia en sede Judicial Federal, en las cuales se podrían ver todas las características típicas de estos campamentos ilegales, de extrema precariedad, conformados con carpas negras que se cuelgan de los árboles; en tanto que la veintena de trabajadores en negro que habrían terminado siendo sorprendidos en el lugar habrían sido dispersados tras la llegada abrupta y repentina de los empresarios. Convoy de 4x4Los empresarios, presuntamente convocados por el supuesto responsable del campamento ilegal, habrían hostigado a la delegación y habrían conducido bajo amenazas a los integrantes del operativo hasta la Municipalidad de San Pedro, donde los esperaba el intendente Miguel Dos Santos con otros madereros de la zona.El alcalde, también vinculado con la actividad maderera, habría intentado convencer a los inspectores de que desistan de continuar con las actuaciones en una reunión de ánimos caldeados a la que puso fin la llegada de un alto oficial de Gendarmería, aparentemente convocado vía celular por uno de los agentes involucrados en el procedimiento. “Los teléfonos suenan…” Las denuncias sobre apeo ilegal en zonas protegidas serían moneda corriente en la provincia, pero las investigaciones se encontrarían con una red de complicidades que incluiría a funcionarios y políticos.El alto nivel al que pueden llegar las influencias que se mueven en casos similares quedó graficado en recientes declaraciones de la ministra de Ecología, Viviana Rovira, a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La funcionaria dijo con todas las letras que es muy difícil actuar en ilícitos como los de caza furtiva o apeo ilegal, entre otras razones, “porque enseguida empiezan a sonar los teléfonos pidiendo que no se siga con las denuncias”.
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