Distorsiones

E l juez Thomas Griesa autorizó  este viernes “por única vez” al Citibank a pagar los intereses de los bonos nominados en dólares  bajo legislación argentina que vencen el 30 de este mes, medida que favoreció a la Argentina al evitar que  las calificadoras de riesgo puedan declarar un “default selectivo” como el que mereció la Argentina por la negativa de Griesa a admitir el pago del bono discount.De hecho es la segunda vez que el juez  hace una excepción y permite “por única vez” que se realice un pago de deuda a pesar de que el gobierno argentino no cumplió la sentencia que le obliga a pagar 1.600 millones de dólares en cash a los fondos buitre, notoriamente beneficiados por el magistrado de Nueva York en la batalla jurídica que mantienen con el gobierno argentino. En esta oportunidad, sin embargo, los analistas estimaron que por primera vez la postura del magistrado no fue festejada por los buitres, quienes contratacaron pidiendo que en un lapso de un mes se investigue el origen de los bonos en poder del Citibank; para determinar si la entidad tiene bonos a los que alcanza el fallo de Griesa. La decisión judicial fue tomada sólo un día después de que la presidenta, Cristina Kirchner, participara de la asamblea anual de las Naciones Unidas y de la reunión del Consejo de Seguridad de ese organismo, fustigando en ambas oportunidades al “terrorismo económico” y equiparando el accionar de los  fondos especializados en “bonos basura” de los países endeudados a los ataques del terrorismo internacional.  Pese a que Cristina volvió a destacarse por un duro discurso y cuestionó, en sintonía con Brasil y otras naciones emergentes, la actual conformación del Consejo de Seguridad, a la hora de votar la Resolución contra el Estado Islámico (EL) se alineó con la propuesta de Estados Unidos, como siempre que se trata de hechos vinculados al terrorismo, una prioridad de la política exterior estadounidense.La ONU, en tanto, a través de su Consejo de Derechos Humanos, emitió una declaración condenatoria del accionar de los fondos buitre a pedido del gobierno argentino; que ha encontrado en ese organismo un eco positivo a su estrategia de ubicar al conflicto judicial con los bonistas como un “caso testigo” para una futura acción regulatoria de los procesos de reestructuración de deuda soberana. Tensión en ascensoLa tendencia inflacionaria, que el kirchnerismo subestimó en los primeros años y luego no pudo contener pese a las políticas de control de precios, continúa complicando al gobierno. A  poco de aprobada la reforma a la Ley de Abastecimiento, con la que el gobierno espera contener el poder de los oligopolios  fijadores de precios; las consultoras privadas estiman que la inflación ronda un 40%, equivalente a un certificado de defunción para el actual modelo. El Gobierno tampoco se muestra eficiente para despejar las expectativas de devaluación que surgen de  la cotización del dólar informal, que en la semana rozó los 16 pesos y cerró el viernes en torno a los 15,75  pesos.  Ni las críticas de Capitanich a quienes fogonean una escalada del dólar, ni la afirmación del  diputado y economista Roberto Feletti; asegurando que el Gobierno “tiene dólares para mantenerse hasta fines de 2015” consiguieron  disipar las dudas sobre el  rumbo económico que -por un momento- comparten el mercado y el hombre de la calle. El kirchnerismo, igualmente, lanzó a partir de la aparición de Máximo Kirchner en el acto de La Cámpora, en Argentinos Juniors, una ofensiva político-electoral que lo muestra dispuesto a retomar la iniciativa. No faltó quien afirmara que no sólo Máximo podría ser candidato, sino también Cristina. Se trataría de candidaturas testimoniales que apuntarían a mantener la cohesión interna del kirchnerismo, como fuerza política, más allá de 2015. El dato más relevante a nivel  provincial, no obstante, se proyecta desde el lado de la actividad económica, donde la combinación de una coyuntura recesiva con la presión fiscal más alta del país, provocaron una fuerte reacción del  sector comercial y productivo. Los problemas de abastecimiento y la sobreimposición que impuso el “pago a cuenta” del anticipo de Ingresos Brutos a los contribuyentes que tributan mediante el convenio multilateral; que Thomas interpreta a su manera “misionerista”,  aparecen como la gota que colmó el vaso de la paciencia de los contribuyentes; especialmente el comercio posadeño.Asfixia fiscalLa Ccip anunció para el miércoles 8 una nueva protesta ante la indiferencia oficial respecto de los reiterados planteos de esa entidad  reclamando una modificación de la política tributaria provincial. El intento de poner freno desde la Legislatura, en sintonía con diputados de la oposición, al fundamentalismo fiscal que caracteriza a la Dirección General de Rentas bajo la batuta del polémico “Pimpi” Thomas, no prosperó esta semana, debido  a que el oficialismo rechazó discutir siquiera la carga fiscal provincial, aunque tomó nota del reclamo puntual. En la sesión, la renovación reiteró su postura contraria al diálogo que pretende gestar el sector comercial; al cerrar el paso a un pedido de  preferencia para reformar la Ley de Alicuotas. La intención del proyecto opositor, por ahora postergado en su tratamiento, es devover a la Cámara la potestad en materia impositiva, perdida a mediados de los noventa cuando se cedió esta prerrogativa constitucional al titular del Ejecutivo. La alicuota de 4,5% de Ingresos Brutos que aplicó Closs a fines del año pasado, como la frustrada creación de la “tasa yerbatera”, son producto de esta cesión de dudosa constitucionalidad. Según el diputado Germán Bordón, la nueva alicuota es, además de distorsiva, ilegal, ya que  la Legislatura no se tomó siquiera la molestia de ratificarla con una aprobación legislativa, como exige la ley. Es claro, en este gesto, que el poder hegemónico que mantiene la renovación en el Parlamento misionero naturaliza estos manejos por fuera de la Constitución y las leyes. La inconstitucionalidad del procedimiento no es un dato abstracto, gracias a  esa herramienta el gobierno misionero pudo subir la tasa de Ingresos Brutos en un 125% en doce años; según señaló el diputado  Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso).En el debate legislativo del jueves, aunque la diputada clossista Noelia Leyría trat
ó de defender “el modelo fiscal misionerista  gracias al cual Misiones no entró en recesión”, las críticas llovieron sobre la política tributaria oficial y los excesos en el gasto del gobierno de Maurice Closs. Las irregularidades en el manejo de recursos de parte del gabinete clossista y los problemas que el Gobierno no admite  habitualmente, aparecen constantemente en el análisis en comisión del Proyecto de Presupuesto. Allí se reveló, por ejemplo, por boca del propio ministro Jacobo, que en Misiones la deserción escolar alcanza al 50%; que se gastan más de 3 millones mensuales en asesores que no se sabe qué hacen, y que en el último año hubo 310 casos de asaltos a la salida de colegios en Posadas. La asignación por decreto de 4.100.000 pesos a una ONG encargada de organizar el Festival de Cine de la Triple Frontera en Iguazú es todo un paradigma  de la opacidad de controles y el discutible manejo de los recursos; evidente, por ejemplo, si se considera que el presupuesto de la Subsecretaría de Cultura para todo el año es la mitad de esa suma. Un proyecto que requiere al Ejecutivo, también aprobado el jueves, la lista de fundaciones y ONG beneficiadas con aportes oficiales; podría ayudar a desentrañar este complejo entramado. La designación del arquitecto Dobrusin en el Ministerio de Turismo, en tanto, mostró que  los recambios en el gabinete de Closs no tienen necesariamente una finalidad correctiva. Dobrusin, al comparecer ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, se mostró imperturbable al asegurar que, aunque fue el gestor del monumento a Cataratas en el centro porteño, no tiene idea de quién hizo la obra, “porque la realizó el Iprodha” y no sabe el costo. El más que curioso desconocimiento del funcionario no impide que se haya presupuestado para 2015 una asignación de 2.100.000 pesos para el parquizado del monumento; aparte de que se pagan mensualmente al gobierno de la Ciudad 30.000 pesos para el funcionamiento. “¡Yo digo, dos millones cien para cuatro plantas de coco, unos metros de pasto y una máquina que tira vapor! ¿No es exagerado?”, graficó el diputado Bárbaro al presentar un pedido de informes sobre el monumento.