OBERÁ. Los resultados de las pruebas de ADN, efectuadas en un laboratorio de Capital Federal, llegaron ayer al Juzgado de Instrucción 1 de esta ciudad, a cargo de la magistrada Alba Kunzmann de Gauchat. Pertenecerían al exprefecturiano Pablo Paz y a Juan Godoy, el dueño del VW Bora que habría sido visto en los alrededores de la vivienda de la familia Knack, el 25 de mayo pasado, cuando se desató la masacre.La pericia científica confirma las sospechas que había sobre los dos hombres más complicados en la causa. Hay que recordar que la Policía Científica había encontrado, en la vivienda del horror, una huella dactilar del hombre que otrora trabajó en la Prefectura Naval Argentina.En cuanto a Godoy, otra pericia de esa dependencia estableció que el coche de su propiedad tenía improntas en el chasis de reciente data, que se habrían producido con el roce contra un poste ubicado no muy lejos del escenario de la masacre.Según pudo averiguar este Diario, el ADN de estos sospechosos apareció en una barra de hierro, incautada en la construcción ubicada a la vera de la ruta 5, y en ropas. No trascendió, al menos ayer, en el contexto de un hermetismo casi absoluto, si esas vestimentas pertenecían a las víctimas o a los detenidos.Según las fuentes consultadas, era la prueba que aguardaban en el Juzgado de Instrucción 1 para resolver, preventivamente, la situación procesal de todos los implicados.Sin dudas, el ADN compromete aún más a Paz y a Godoy en la causa y, de alguna manera, oxigena la situación de los otros dos: el mecánico Marcial Alegre y el militar de apellido Bueno.Hay que recordar que para disponer la prisión preventiva de todas o algunas de estas personas, la Justicia debe tener la semiplena prueba de que fueron ellas las que participaron, de manera directa o indirecta, en uno de los crímenes más macabros de todos los tiempos en Misiones. La barra de hierro sometida a ADN fue la que utilizaron los criminales para golpear sin piedad y con saña a todos los integrantes de la familia Knack.La masacre de Panambí se produjo el 25 de mayo pasado, alrededor de las 19.30, en el kilómetro 7 de la ruta provincial 5.Cuatro personas perdieron la vida como consecuencia del accionar demencial de entre cuatro y cinco asesinos: el empresario maderero Carlos Knack; su esposa Graciela Mojsiuk y los hijos de la pareja: Bianca (12) y Cristian (25).Los cuatro tenían lesiones compatibles con golpes de un elemento romo, sobre todo en las extremidades inferiores.Lo lamentable fue que la autopsia, llevada a cabo en la Morgue Judicial de Posadas, no pudo confirmar las lesiones óseas porque el equipo de rayos X no funcionaba.Al menos dos de las víctimas, quizás en uno de sus últimos lapsus de lucidez, aseguraron que los criminales irrumpieron en la vivienda con combustible, lo que confirmaría que actuaron con premeditación, dispuestos a hacer sufrir de la peor manera a los cuatro miembros de la familia.Finalmente, se dieron a la fuga con un botín de 360 mil pesos en efectivo.Poco antes de que se desatara la locura, Cristian Knack había regresado de la localidad correntina de Cuatro Bocas, donde viajó y volvió con unos 460 mil pesos, aunque parte de esa suma estaba discriminada en cheques.El empresario que efectuó ese pago, domiciliado en Buenos Aires, declaró ante la jueza de Instrucción Alba Kunzmann de Gauchat y confirmó los detalle de esa operación financiera.Incluso, especificó que 180 mil pesos era el monto de una deuda que mantenía con Carlos Knack y el resto, un adelanto por la futura compra de madera.La instrucción aún no pudo establecer cómo los asesinos pudieron saber de la existencia de esa suma en el interior del chalet ubicado a un costado de la ruta provincial 5.Y la pregunta que revolea en el aire es: ¿hubo un entregador?Por el momento, no hay respuestas a ese interrogante.Como lo adelantó este Diario semanas atrás, los defensores de Alegre y Bueno insistirán, ahora más que nunca, con el pedido de excarcelación de sus defendidos.Habrá que esperar para saber qué sucederá en la causa y cuál será la decisión que adopte Kunzmann de Gauchat.Hay una cuestión irrefutable en esta historia macabra, mezcla de odio, crueldad y demencia. Los responsables quisieron que las víctimas sufrieran antes de morir. Por eso las torturaron primero y luego les prendieron fuego. Lo que se viene en la causa en materia de estrategia defensivaOBERÁ. El resultado de las pruebas de ADN era el límite que se trazaron los abogados defensores para avanzar sobre el pedido de resolución de la situación procesal de los cuatro detenidos en averiguación de la masacre de Panambí.PRIMERA EDICIÓN pudo confirmar que las conclusiones de esas pruebas científicas arribaron ayer al despacho de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, pero se evitó informar a los abogados defensores sobre el resultado de las mismas.Todo parece indicar que esa situación se producirá el lunes o martes.Lo que sí es un hecho es que los representantes legales de los imputados, sobre todo de Bueno, el suboficial del Ejército Argentino, y del mecánico paraguayo Marcial Alegre avanzarán con el planteo de excarcelación para sus defendidos.Es más, según pudo saber este Diario, uno de ellos iría más allá y podría pedir la nulidad de la llamada telefónica, efectuada en forma anónima a la comisaría de Panambí, que orientó la investigación hacia los cuatro detenidos en San Javier.Habrá que esperar para saber qué decisión adoptará la magistrada. Puede suceder que tenga un as en la manga y un indicio de peso para resolver la prisión preventiva de los cuatro imputados, como lo establece el nuevo Código Procesal Penal.El ADN es considerada una prueba de certeza para la Justicia y viene a confirmar, en cierto modo, las sospechas que había sobre el exprefecturiano y Godoy, el dueño del VW Bora.Además, sitúa a Paz, por ejemplo, dentro del escenario del hecho, una circunstancia complicada hasta aquí, porque el mismo Cristian habría dado una característica física diferente a la de este hombre en lo que fue su testimonio en el hospital Ramón Madariaga.Justamente, esa declaración debió ser incorporada al expediente a través de las personas que la habrían presenciado; entre ellas la enfermera, un policía de la Unidad Regional II de Oberá y un familiar de los Knack.Los cuatro imputados están acusado del delito de “cuádruple homicidio agravado criminis causa”, es decir, prendieron fuego y mataron a Carlos Knack y su familia para ocultar el robo del dinero que fueron a buscar.
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