POSADAS. El bloque oficialista de la Cámara de Diputados acompañó ayer, al final de un intenso y extenso debate, el pedido de informes presentado por diputados de la oposición, reclamando que el Ejecutivo explique porqué en julio y agosto de este año se invirtió 1.600.000 pesos para pagar a Héctor Osvaldo Rossi, un desconocido operador porteño, por una campaña de promoción turística en Facebook y Google. El escándalo que había estallado la semana pasada al revelarse que el gobierno de Maurice Closs había erogado más de 830 mil pesos en julio para incrementar los “me gusta” en las páginas de promoción de turismo de Misiones se recalentó ayer en la Cámara cuando diputados opositores presentaron las pruebas de la existencia de un nuevo decreto en marcha (ver pág. 2) que duplicó el ciber gasto en cuestión de días. Por el turismo todoEn su presentación, Héctor Bárbaro incorporó también requerimientos sobre otros decretos no explicados del Gobierno, entre ellos el pago de 423 mil pesos a una empresa para spots de publicidad turística; un desembolso de más de medio millón de pesos a favor de un operador de apellido González Echevarría para la actualización de la plataforma digital del Ministerio de Turismo y el Decreto 797, por el que se pagaron 230 mil pesos a una empresa para promoción de los corsos de este año. Bárbaro recalcó que se favorece con estas inversiones a operadores de Buenos Aires, en detrimento de los técnicos y empresas locales. En un debate en el que participaron numerosos diputados, la oposición cuestionó el mecanismo de contratación, en forma directa, sin pasar por la licitación que prevé la Ley de Contabilidad, ni por el control de los organismos públicos encargados de fiscalizar la legalidad de los actos administrativos del Ejecutivo. También se reclamó discutir a fondo las prioridades en el gasto. La diputada Noelia Leyría y el presidente del bloque renovador, José Dieminger, entre otros, intentaron sin lograrlo hacer aparecer los cuestionados pagos como una política regular de incentivo al turismo. Pese al intento de Dieminger de acotar el debate “a quienes tienen experiencia de gestión y no hablan por hablar”, el oficialismo fue incapaz de explicar en el recinto las irregularidades más elementales. No supo dar un dato preciso sobre la experiencia profesional y los antecedentes en el rubro del contratado, quien se habría anotado en la Afip y el Registro de Empleadores prácticamente el día del cobro del jugoso contrato, y tampoco pudo justificar razonablemente la contratación directa como planteó el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso). La oposición dejó sospechas de que se abrió el grifo a pagos directos para encubrir “un negocio oculto” y Wipplinger subrayó los beneficios que obtiene Closs como empresario privado en el rubro de turismo y combustibles con esa promoción. Mecanismo contra la tortura La Legislatura aprobó también en la sesión de ayer la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y degradantes; un organismo que incluye un Comité que podrá realizar inspecciones directas de cárceles, hospitales psiquiátricos y cualquier institución, privada o pública, en la que se encuentren personas en situación de encierro que puedan ser objeto de torturas o tratos violentos. Con la creación del organismo, en base a un proyecto de los diputados “Tiki” Marchesini y Carlos Rovira, Misiones se convirtió en la sexta provincia en contar con este mecanismo. La creación del ente -“un hito histórico”, según Marchesini- surgió de un convenio internacional firmado por Argentina oportunamente, originado en el llamado Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, a partir del cual se creó la correspondiente Ley nacional en 2013. El Comité gozará de autarquía operacional y financiera e incorporará a legisladores y representantes de la sociedad civil.
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