La semana se tiñó de alarma en sus inicios ante las críticas de los fondos buitres afirmando que por responsabilidad de la Argentina se habían derrumbado los intentos de alcanzar un acuerdo entre bancos privados y los fondos especulativos; alternativa que aparecía como la última oportunidad de resolver el diferendo que colocó al país frente a un paradójico “default selectivo”; y por el augurio de los mismos fondos de que el default se profundizará afectando gravemente al pueblo argentino.Coincidentemente, en el plano local las organizaciones kirchneristas nucleadas en “Unidos y Organizados”, la base dura que sostiene el liderazgo de Cristina Kirchner por fuera del ámbito más variopinto del PJ nacional, realizaron un acto popular en repudio del accionar de los fondos especulativos y en apoyo a la estrategia del Gobierno.El endurecimiento de la retórica militante contra los fondos que pretenden cobrar sus acreencias; apoyados en el guiño amistoso del juez Thomas Griesa del segundo distrito de nueva York; no incide aparentemente en la disputa judicial, que muestra hoy en la vanguardia a los buitres; liderados por el titular del fondo NML, el multimillonario Paul Singer, principal financista de las campañas electorales del Partido Republicano. Al acto político montado sobre la consigna “Gobierno versus buitres“, inspirada en el histórico lema “Braden o Perón”, que le dio la victoria por primera vez al general Perón en 1946; beneficiado por la visible influencia del embajador norteamericano Spruille Braden en el armado de la estrategia de la opositora Unión Democrática; reafirma sin embargo el fuerte sesgo político e ideológico en la política del Gobierno frente al llamado “juicio del siglo”. La politización de la postura argentina recibe críticas de la oposición porque tendría efectos distorsivos sobre las negociaciones, pero le estaría dando réditos políticos al Gobierno; que con los casos de corrupción que investiga la Justicia, incluyendo el que mantiene en jaque al vicepresidente Amado Boudou; ve menguado cada vez más su soporte electoral. Traduciendo el mensaje de las cifras de las últimas elecciones; que ubicaron el año pasado al kirchnerismo en una posición de primera minoría, pero muy lejos de la mayoría de otros comicios; se entiende que el oficialismo juegue a fondo la carta del relato épico en la pelea con los fondos especulativos, aún cuando lo que se gana en el discurso no tenga un equivalente en la mesa de negociaciones. A todo ritmoLa pulseada con los fondos especulativos, de todos modos, transcurre en un ritmo vertiginoso en que día a día se modifican las perspectivas, como ocurrió este viernes, cuando se abrió una inesperada ventana favorable al Gobierno con la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de citar a una audiencia para el próximo 18 de septiembre para revisar posibles pagos a bonistas a través del Citibank. La aceptación del planteo argentino resulta novedosa ya que bajo la fórmula de “tratamiento expeditivo”, se podría conseguir una respuesta antes del próximo 30 de septiembre; evitando el pago de 186 millones de dólares del Bono PAR, que profundizaría el default. La estrategia buitre, por otra parte, se vio enfrentada esta semana a una fuerte réplica de la Presidenta a la reciente declaración de quiebra de la empresa multinacional Donelley, radicada en la provincia de Buenos Aires. La mandataria sorprendió con la denuncia de que la quiebra obedecería a “un entramado mafioso” articulado por los fondos que manejan la mayoría accionaria y que habrían simulado un desfasaje patrimonial que no existe para profundizar el default. El anuncio de que en represalia a dicha maniobra el Gobierno aplicará la cuestionada “Ley antiterrorista” generó críticas de figuras de la oposición, que hablaron de “chavismo”, entre ellos el radical Julio Cobos. La presuntamente extemporánea aplicación de esta legislación que otorga poderes discrecionales al Ejecutivo sumó un nuevo frente de confrontación al ya abierto por el envío al Congreso de un proyecto de ley con modificaciones a la norma sobre Abastecimiento. La iniciativa oficial recibió un vendaval de críticas desde el sector empresario; que se abroqueló en el rechazo de plano de una normativa que consideraron inconstitucional y “altamente riesgosa para las empresas”. Descontrol en alzaEn la provincia, en tanto, la muerte del empresario Héctor Knott, de Montecarlo profundizó el ya crítico escenario de inseguridad configurado por la reiteración de hechos delictivos, tanto en Posadas como en el interior; y que le estalló en las manos al Gobierno en el caso Guirula, en el que murió un joven albañil a manos de agentes de la Policía misionera. Si bien por la acción de la Justicia se cree que en la semana entrante habrá novedades sobre el juicio a los Policías, la repercusión del caso salpicó fuertemente al gobierno de Maurice Closs, responsable a través del Ministerio político de la inacción e ineficiencia en todo lo que hace a la custodia del orden público.El fuerte reclamo popular por la inseguridad que se hizo oír este jueves en Montecarlo coincide con la falta de respuesta a los tareferos que esta semana acamparon frente a la Anses en Posadas; entre otros conflictos irresueltos que dejan la imagen de que Closs terminaría su mandato acosado por los efectos de la ineficiencia que también demostró en sus comienzos. En tanto, el tablero político-electoral de la renovación sigue registrando tensiones, aún cuando los dos popes partidarios dieron por terminado el incidente en la cúpula que se llevó puestos a varios funcionarios y dejó a la vista huellas de una potencial fractura. En principio, llegó a un acuerdo de mantener “la esencia de la renovación”, que siempre postuló una lista única a cargos provinciales y se echó por tierra la aventura de Ziegler de instalar la idea de unas Paso provinciales. El diputado nacional no sería confiable para los dos líderes; que pretenden mantener la “división de poderes” en el oficialismo en los próximos años, sea quien fuera el próximo gobernador. Más allá de los nombres ya conocidos, la pregunta que sigue girando en el oficialismo es si Rovira descartó su postulación. Para algunos, esa posible candidatura está tan vigente como su poder en la Legislatura.Pero, el malhumor de la gente preocupa a la renovación. Una compulsa interna reforzaría así el viejo apotegma que
dice que “el todo no es lo mismo que la suma de las partes” y la política no es una operación aritmética como se suele creer. En la hipótesis de una separación de bienes, se dice, lo más probable es que pierdan los dos lados de la renovación en favor de un tercero en discordia. La UCR, que va el domingo próximo a unas definitorias internas, pretende erigirse en la alternativa: articulando un amplio frente opositor. El tema del frente electoral divide las aguas en el radicalismo, donde hay acusaciones cruzadas respecto a supuestas convivencias non sanctas con la renovación. El diputado Hugo Escalada, quien asegura que dos intendentes renovadores del norte trabajan para Gustavo González; en una entrevista televisiva planteó el desafío a Hernán Damiani de debatir “los aportes financieros del matrimonio Zamora de Santiago del Estero, antes de acusarnos de falsas convivencias”. La cita final con las urnas, zanjará, seguramente, el debate. Mientras los partidos políticos dirimen porciones de poder, los 86 trabajadores de la ex CPP (hoy Samtay SA) de Puerto Piray no saben si volverán a tener trabajo, tras el acuerdo de las indemnizaciones frente a la paralización de la principal fuente de empleo, en un municipio donde no abundan las oportunidades laborales para experimentados como para los jóvenes que pretenden iniciar su carrera laboral. Y en Posadas, donde la principal actividad es el comercio, la Cámara del sector advirtió que se siguen cerrando comercios y echando gente producto del ahogo fiscal y la inflación. Temas trascendentes que quedan en segundo plano cuando debieran convertirse en prioridad en la agenda del Estado.





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