Tensión por la aplicación de la Ley Antiterrorista

BUENOS AIRES (NA). “Ningún empresario debería preocuparse por la aplicación de la ley Antiterrorista siempre y cuando haga las cosas bien”, advirtió ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Así, justificó la decisión de pedir la aplicación de esa norma a la imprenta norteamericana Donnelley, por “maniobras y sospecha de fraude”, tras solicitar su quiebra por cesación de pagos y dejar en la calle a 400 empleados.El tema empezó a ser analizado por las principales cámaras empresariales, que vienen cuestionando cambios propuestos a la ley de Abastecimiento (ver página 14).Sobre el cierre de la firma de capitales norteamericanos, el funcionario dijo que “se trata de una maniobra sospechosa en materia de fraude”, tras brindar detalles de cómo se dio el proceso de lo que consideró una “conducta alevosa, sospechada de fraudulenta, penalizada por el Código Penal”.Consultado sobre la aplicación de la ley, Capitanich preguntó: “¿Ustedes creen que el Gobierno quiere perjudicar al empresario?”.El funcionario, aclaró que el Poder Ejecutivo “propicia la denuncia penal” a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), pero aclaró que “la aplicación de la ley le corresponde al Poder Judicial”.Sostuvo que en la Argentina “existe verdadera independencia del Poder Judicial, no como en otros países, que son adalides de la plena vigencia de los valores, principios democráticos y republicanos, pero en definitiva los jueces hacen lo que les place y no tienen conducta independiente de los grandes o minúsculos grupos financieros”.Así, el funcionario volvió a cuestionar el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, a favor de los fondos buitres por la deuda argentina, y al Gobierno de los Estados Unidos, por no intervenir.En el caso del cierre de la imprenta norteamericana Donnelley, Capitanich sostuvo que “se trata de una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude” y dijo que “las leyes pretenden penalizar conductas perversas que afectan la vida en comunidad”.Sobre el proceso de cierre de la imprenta, el funcionario dijo que “si entra una declaración de quiebra el viernes al juzgado y sale el lunes, si los directivos cambiaron al directorio y se fueron antes, si el balance de las empresas determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y todo un equipamiento e infraestructura edilicia, lo que se esté promoviendo es una conducta por lo menos alevosa, sospechada de fraudulenta”.Por lo que insistió que “nadie se tiene que quejar, si se tiene un comportamiento eficaz, dinámico, con responsabilidad social, que promueve valores, que paga bien y cumple con las leyes laborales e impositivas”.“Desproporcionada e irracional”En la vereda opuesta, dirigentes de la oposición cuestionaron la decisión, reclamaron la derogación de la norma y pidieron la expropiación y estatización de la empresa.El diputado nacional Francisco de Narváez consideró que “el Gobierno nacional eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes piensen distinto o actúen en forma diferente”. “No es así como se resuelven los problemas. Estoy en contra de la ley, porque ideologiza todo y trata de correr el eje de discusión de los problemas reales que afectan a la gente”, concluyó el precandidato a la Gobernación bonaerense y dirigente de Unión Azul y Blanco.    Por su parte, el integrante del bloque del Frente Renovador en la Cámara baja, Adrián Pérez, señaló que la Ley Antiterrorista debe ser derogada, porque se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional”.Y añadió: “(La quiebra de Donnelley) Es un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la Justicia Civil Comercial y eventualmente en las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo”.En tanto, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, sostuvo que la Presidenta “agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos” y advirtió que “las amenazas del Gobierno no hacen más que empantanar una economía debilitada”.“Sembrando el pánico no crea empleo, lo destruye porque el miedo no atrae inversiones. Cuando, en vez de colaborar e incentivar para crear riqueza, el Estado persigue y amenaza, consigue todo lo contrario: congelar la economía”, destacó el senador mendocino.También la dirigente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll sostuvo que “si el Gobierno quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice el trabajo” y manifestó que “la imprenta podría producir los manuales y cuadernos para todas las escuelas del país”.“Hasta ahora el Gobierno sólo viene atacando y reprimiendo a los trabajadores. Para que no haya más cortes, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno deben dejar de ser funcionarios de las empresas y empezar a dar soluciones a los despidos, suspensiones y cierres, que aumentan todas las semanas”, concluyó la precandidata a vicepresidenta.Dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se pronunciaron en la misma vía y manifestaron que “si la Presidenta quiere una salida auténtica a la falsa quiebra de la empresa, tiene que expropiarla”, consideró Jorge Altamira.Asimismo, el diputado nacional Nicolás del Caño y el legislador provincial Christian Castillo aseguraron que Cristina Kirchner “omitió decir que si hoy Donnelley está funcionando y no se perdieron los puestos de trabajo como sucedió en numerosas empresas en todo el país, es gracias a la lucha y a la organización de sus trabajadores con sus delegados”.Finalmente, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi calificó a la Ley Antiterrorista como “un error monumental, una vergüenza para la Argentina” y confió en que “la Justicia impida esta locura”.“Es absurdo pensar que una empresa comercial, sea argentina o extranjera, se dedique a la política o a desestabilizar al país. Lamentablemente, no somos el centro del mundo y lo que pasa es que el cristinismo ahuyenta a todo aquel que quiere trabajar y progresar”, concluyó el representante de los abogados porteños.Y añadió que “es un aviso, que incluso abarca a los sindicatos: cuidado, que el sistema soviético puede volver” y señaló que “la Presidenta es una fiel seguidora de Chávez y de Maduro”.  Cómo sigue la pelea con los fondosUn grupo de eurobonistas apeló el fa
llo del juez Thomas Griesa por el cual se impide el pago de los servicios de sus bonos reestructurados, al tiempo que el Citigroup hizo lo propio y el fondo NML Capital confirmó que fracasaron las negociaciones con bancos privados.El grupo de tenedores de bonos en euros hizo la presentación ante una corte de Manhattan y tanto su pedido como el recurso presentado por el Citigroup serán expuestos el próximo 18 de septiembre.De esta manera, la justicia de los Estados Unidos hizo lugar a una revisión del fallo del juez Griesa que impedía al Bank New York Mellon hacer pagos a tenedores de bonos de la deuda reestructurada si no se pagaba la sentencia a los holdouts.Griesa había autorizado por única vez al Citigroup el pago de servicios e intereses de unos bonos porque no se podía determinar si estos correspondían a bonistas o eran aquellos destinados a la cancelación de la expropiación de Repsol.En el caso de los eurobonistas, el magistrado mantiene el interdicto a pesar de que los abogados europeos sostienen que esos bonos se rigen por legislación europea y fuera de la competencia de Griesa.Por su parte, el fondo de inversión NML Capital comunicó ayer que las negociaciones con bancos privados no prosperaron porque “no hubo una propuesta satisfactoria”.“El Gobierno argentino no asegura que esos bonos puedan ser rescatados y eso complicó la operatoria”, dijo NML.Esto se suma al fracaso de las negociaciones que encaró el fondo de inversión Aurelius con entidades financieras privadas.Este fondo dijo que “no recibió ninguna propuesta realista en las conversaciones que mantuvo con varias instituciones financieras privadas para terminar con el conflicto con la Argentina”, con porcentajes que rondaría 40% del valor nominal.En tanto, la Cancillería informó que “el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó por unanimidad en su sesión ordinaria que tuvo lugar en Ginebra una decisión en la  que denunció que “la Argentina había sido objeto en agosto de 2014 de un ataque de especuladores llamados fondos buitres” y señaló que “esos fondos buitres violan el derecho de los pueblos al desarrollo así como los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de los países afectados”.    Qué pasó• La Presidenta acusó a Donnelley por “alteración del orden económico y financiero”. La jefa de Estado dijo que la quiebra de la imprenta es “falsa” y vinculó a esa empresa gráfica con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un “entramado mafioso” para perjudicar al país y querer “verlo de rodillas”. “Es un intento de atemorizar a la sociedad”, definió Cristina Fernández de Kirchner.• La denominada ley antiterrorista fue sancionada a instancias del Gobierno para los casos en los que se busque “aterrorizar a la sociedad”. Fue invocada por primera vez a fin del año pasado contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, porque un fiscal federal consideró que con sus reportes buscó generar inestabilidad social. Sin embargo, después ese cargo fue desechado.• Cristina Kirchner defendió la sanción de la ley antiterrorista que en los partidos de izquierda e incluso dentro del propio oficialismo generó un fuerte debate ante la sospecha de que el Gobierno la aplicaría para reprimir la protesta social. “Éste es un gobierno que jamás sancionó una ley para perseguir al pueblo”, agregó.   Qué penas impone la ley• El artículo 309 de la norma establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”.• “En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente”, continúa el texto de la norma.• Concluye que “el monto mínimo de la pena se elevará a dos años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva”.