BUENOS AIRES (DyN-NA). Luego de las manifestaciones críticas sobre la reforma a la Ley de Abastecimiento que siguieron al primer pronunciamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), ayer se hicieron oír casi una decena más de nucleamientos empresarios que plantearon su “preocupación” y en general criticaron los cambios a la norma propuestos por el Poder Ejecutivo.El jueves, habían seguido la misma línea de la UIA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre otras entidades.Ayer por la mañana, en su conferencia de prensa matinal, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich defendió “la capacidad regulatoria del Estado” para evitar “la apropiación indebida e incorrecta” de los “excedentes de la cadena” y planteó que quienes se manifiestan lo hacen en defensa de “los intereses de grupos concentrados de la economía”.También se mostró “extrañado” que “ningún pequeño o mediano productor, ninguna asociación de consumidores, tenga visibilidad respecto a esta iniciativa”, ya que -aseguró- la reforma apunta a “impulsar el fuero del consumidor”.Posteriormente, el secretario de Comercio, Augusto Costa, rechazó las críticas empresarias sobre los cambios propuestos por el Gobierno a la Ley de Abastecimiento, y sostuvo que, en todo caso, el Estado busca “generar un mayor equilibrio en las relaciones de consumo y producción”.Según el funcionario, “el paquete de proyectos de ley enviado al Congreso de la Nación brinda herramientas a los consumidores y al Estado para generar un mayor equilibrio en las relaciones de consumo y producción”.“Sin embargo, ante estas iniciativas para empoderar a los consumidores, han adquirido mayor difusión las opiniones alarmadas de ciertos sectores de la actividad y se han desoído las opiniones de las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, de los sindicatos y de las asociaciones de consumidores, se quejó Costa, en una nota publicada ayer por el matutino El Cronista. A su criterio, “los grandes jugadores del mercado han buscado atraer la atención de la opinión pública hacia una sola de las iniciativas presentadas y volcar las opiniones en su contra”. ReaccionesEstos son los pronunciamientos empresarios que se conocieron ayer tras los dichos de Capitanich y Costa:• Federación Agraria Argentina (FAA): aseguró que el proyecto de Ley de Abastecimiento que impulsa la Casa Rosada “es un paso más en la intervención distorsiva del Estado kirchnerista”. • Confederación General Empresaria (Cgera): manifestó que “está de acuerdo con los objetivos” del proyecto que “busca que la población y las pequeñas empresas tengan acceso a los bienes y servicios a precios razonables”, pero planteó “algunas dudas sobre las herramientas para conseguir ese fin”.• Unión Industrial de Córdoba (UIC): expresó su “rechazo” y “preocupación” por el proyecto porque “le da potestad al Poder Ejecutivo de intervenir discrecionalmente en las decisiones de las empresas”, lo que afectará las inversiones “actuales y futuras”.• Centro Azucarero Argentino (CAA): advirtió que el proyecto de Ley de Abastecimiento tendrá un “efecto muy negativo” sobre la economía del noroeste argentino (NOA).• Asociación de Bancos de la Argentina (ABA): planteó “su preocupación por el Proyecto de Regulación de las relaciones de producción y consumo” y advirtió que propicia “fuertes controles e intervencionismo” y afectará “el clima de negocios” en el país.• Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came): sostuvo que el proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento que se estudia en el Congreso nacional “no se diferencia sustancialmente” de las atribuciones que “antiguamente” tenía la secretaría de Comercio Interior.• Asociación de Bancos Argentinos (Adeba): transmitió “su preocupación y su rechazo” al proyecto y solicitó a las autoridades que “convoquen al diálogo” a los sectores productivos. • Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde): hizo saber su “preocupación” por el proyecto de “tendencia intervencionista” que impulsa el Poder Ejecutivo y solicitó un “amplio debate” legislativo porque sus términos “vulneran” los derechos previstos en la Constitución Nacional. Los puntos principales del proyecto del kirchnerismo• Alcanza a todas las actividades económicas, no sólo a la industrial, sino también a la comercial y de servicios, hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura. • Endurece el control del Estado en materia de abastecimiento de bienes y cumplimiento de los servicios. De hecho, genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Y hasta autoriza a los gobernadores y a los jefes de Gobierno de Buenos Aires para fijar en sus jurisdicciones precios máximos.• Incorpora sanciones pecuniarias regidas por el principio de “pague ahora y reclame después”.• Se le da mayor poder a la Secretaría de Comercio en caso de “ser necesario”, para establecer en cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios. También disponer de la cancelación de concesiones privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales. • Por otra parte, puede incautar, consignar e incluso vender bienes o servicios escasos o en infracción sin juicio de expropiación previa. Además de requerir a las empresas “toda documentación relativa al giro comercial”. Esto implica la potestad de requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial. • Las sanciones por incumplimiento van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o un
a prestación de servicios, discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados. • Las penas económicas son aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos.• Quita la pena de cárcel pero eleva las multas hasta 10 millones de pesos y se autoriza la clausura por un plazo de 90 días.
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