BUENOS AIRES (NA). La Asociación Internacional de Swaps y Derivados, entidad encargada de regular el mercado de contratos privados, declaró ayer a la Argentina en “default” en un trámite relámpago, y esa definición podría disparar el pago de multimillonarios seguros.El Comité de Determinación para América de la ISDA (por sus siglas en inglés) declaró a la Argentina en cesación de pagos -aunque el gobierno de Cristina Kirchner lo niega-, poniendo en marcha un proceso que podría desencadenar pagos por valor de hasta 1.000 millones. La entidad con sede en los Estados Unidos lo decidió tras detectar un “impago” del vencimiento de bonos (Discount) por parte de la Argentina el 30 de julio último, ante el bloqueo judicial de fondos depositados por el país en el Banco de Nueva York (BoNY).El Gobierno argentino depositó en el BoNY 539 millones de dólares destinados al pago de los títulos que poseen los bonistas que aceptaron reestructurar la deuda en 2005 y 2010, pero el juez federal neoyorquino Thomas Griesa bloqueó el dinero hasta que el país solucione la compleja disputa con los fondos buitres. Los fondos NML Capital y Aurelius le ganaron un juicio a la Argentina en los tribunales de Griesa por títulos defaulteados en 2002 y exigen el pago de unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) sin ceder a quita alguna. Ahora, la ISDA anunció en su página web que su Comité de Determinación para Américas resolvió que “se produjo la falta de pago de un evento de crédito de la República Argentina”.“El Comité también decidió recurrir a una subasta en el caso de operaciones de CDS en circulación. ISDA publicará más información sobre la subasta en su sitio web, www.isda.org/crédito, en el momento oportuno”, comunicó el organismo.La ISDA es una organización profesional que agrupa a los mayores actores del mercado de derivados del mundo y su tarea principal es la de establecer un marco de referencia mediante contratos estándar. La compañía UBS había ingresado el jueves, apenas unas horas después de que se confirmara que la Argentina y los fondos buitres no lograron alcanzar un acuerdo, un pedido a la ISDA para que se disparen los 2.652 seguros contra el default firmados por un monto superior a los 1.000 millones de dólares.El pago de los seguros no tendrá impacto sobre la Argentina, pero que la ISDA haya declarado el default podría llevar a decenas de acreedores a pedir que se ponga en práctica la cláusula de “aceleración” de la deuda reestructurada.En tanto, el juez Griesa ratificó ayer la mediación del abogado Daniel Pollack en el litigio, pese a que los abogados que representan al país solicitaron su reemplazo porque ya no tenían “confianza” en el abogado norteamericano.El juez se opuso al pedido del abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H,), que representa a la Argentina, e instó a las partes a seguir negociando con el mediador para resolver la crisis.El abogado le manifestó al juez que la Argentina “ya no tiene confianza” en el proceso de negociación liderado por Pollack y le pidieron al juez que lo cambie. Pero el representante del fondo NML instó a Griesa a no cambiarlo y el juez accedió sosteniendo que Pollack ha hecho “progresos” en las gestiones durante el último mes y se negó a reemplazarlo.Blackman le comunicó también al juez que “cualquier acuerdo tendrá que involucrar a todos los acreedores de la nación” y sostuvo que la solución del litigio “tiene que ser global e implicar a toda la deuda”.El ministro de Economía, Axel Kicillof, había criticado tanto al juez como al medidor, denunciando que con sus sentencias y actitudes “quieren beneficiar a los fondos buitres”.Kicillof sostuvo que la crisis de la deuda se produjo porque un juez “con una interpretación estrambótica” impidió que los bonistas perciban los fondos depositados en los bancos. Dijo que en las audiencias, el juez Griesa “le preguntaba a los abogados de los fondos buitres, qué hago, qué decido y no lo estoy ridiculizando, eso pasó”.Kicillof criticó también a Pollack porque “no convenció” a los buitres para que “depongan su actitud” y criticó el comunicado emitido por el mediador en el que cuestionó a la Argentina.Tiempo de malas notasLa agencia de calificación Moody’s mantuvo ayer la nota de la Argentina pero rebajó su perspectiva a “negativa”, al considerar que la situación sobre la deuda “acelerará el deterioro de la economía”.Así, se diferencia de las otras dos calificadoras internacionales Standard & Poor’s y Fitch que sí redujeron la nota de la Argentina a default “selectivo” o “parcial”, lo cual generó una dura respuesta por parte del Gobierno. Mucho inciertoa corto plazoLa Fundación Mediterránea advirtió ayer que “sin arreglo” con los fondos buitres, se va a “profundizar la caída de la demanda” interna, aunque admitió que la situación del país es “altamente incierta a corto plazo”. A través de un informe, la entidad sostuvo que la Argentina atraviesa un “escenario de default selectivo” que, “de prolongarse en el tiempo, habrá de tener efectos negativos sobre la actividad económica”. “La magnitud dependerá de cómo se gestionen los diversos frentes que se irán abriendo. Por caso, si prospera algún tipo de solución privada, los vencimientos de deuda externa lucen manejables”, evaluó la Mediterránea.En cambio, indicó que “si la situación de default se prolongara, la debilidad de la economía se acentuaría: el consumo y la inversión se resentirían aún más, y podrían aumentar las presiones inflacionarias, con mayor volatilidad y controles en el frente cambiario”.El informe añadió que “si bien existen versiones que otorgan posibilidades a una negociación entre agentes financieros privados y holdouts que eviten prolongar el período irregular, en este momento el análisis debe partir de la existencia de un default selectivo por parte de Argentina”. “Entonces, la situación se torna altamente incierta a corto plazo, debido a la gran cantidad de eventos irreversibles que se pueden desencadenar, con claras consecuencias n
egativas sobre la economía real”, alertó.“De mantenerse un escenario de default selectivo, existen riesgos de una crisis mayor, dada la fragilidad actual de la economía argentina (con reservas estancadas y déficit gemelos”). Para la Mediterránea, “la masa salarial viene creciendo a un ritmo menor que la inflación, repercutiendo negativamente sobre el consumo privado. Un acuerdo con los holdouts podría ponerle un piso a esta situación en el corto plazo, al estabilizarse las expectativas y la demanda laboral, además de prolongarse en el tiempo la leve reducción de la inflación que está teniendo lugar”. “Esto último, debido a que un acuerdo permitiría conseguir financiamiento voluntario y reducir la emisión inflacionaria. En caso contrario, la política monetaria se verá comprometida en su rol de alinear las variables claves (tasa de interés, tipo de cambio e inflación), dada la fuerte inercia que está mostrando el gasto público (que traslada todo el ajuste al sector privado)”, enfatizó el documento.Un acuerdo, “al mejorar las expectativas, también favorecería el crédito al sector privado”, concluyó el reporte.
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