POSADAS. En la Legislatura provincial está en estudio la implementación de un certificado de libre deuda alimentaria. Sería similar al utilizado para automóviles e inmuebles y se exigiría para la realización de trámites financieros y administrativos. Con esta medida, pretenden que se actúe con mayor rigor ante los incumplidores del Registro Público de Alimentantes Morosos. Se trata de un proyecto de ley presentado por el diputado Aníbal Vogel y que obtuvo dictamen positivo en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados provincial. Si la propuesta se convierte en ley, quienes no posean este “libre deuda alimentaria” no podrían acceder a créditos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, ser proveedores del Estado, ni ser adjudicatarios de viviendas sociales.El Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia fue creado por ley en 1999, con el objetivo de identificar a todas las personas que incumplen su obligación alimentaria ordenada por la Justicia. Para Vogel, esta ley fue pionera al sancionar esa norma pero se requiere mayor concientización (y presión) al alimentante. Por esa razón presentó el proyecto de modificación “ante la necesidad de imponer mayor rigurosidad a la norma original, con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de manutención”, según los fundamentos de la iniciativa. “El Estado tiene el compromiso de asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar; con ese fin debemos tomar todas las medidas legislativas y administrativas que sean adecuadas para lograrlo”, argumentó.
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