BUENOS AIRES (NA). El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por ahora no irá a juicio oral y público por la causa de las escuchas telefónicas ilegales, de acuerdo a lo ratificado por la Cámara Federal, pero el juez Sebastián Casanello sigue escuchando a nuevos testigos y se apresta a profundizar medidas de prueba.Sin Macri, en total son once las personas que van a juicio oral y público en esta causa que cayó en poder del Tribunal Oral Federal 5: más allá de que la Cámara Federal confirmó la decisión del juez de no sumarlo al listado porque no hay pruebas suficientes en su contra, reclamó nuevas medidas en ese sentido.Sobre el mandatario porteño la sospecha es por dos escuchas: aquella que tuvo como blanco al familiar de una víctima de la Amia Sergio Burstein (porque éste criticaba la asunción de Jorge “Fino” Palacios al mando de la Policía Metropolitana) y la de su cuñado Néstor Leonardo, por la mala relación que mantenía con la familia del ingeniero.En abril declaró el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, ya que parte de la acusación sobre el jefe de Gobierno es el haber motivado la designación de “Fino” Palacios en la Metropolitana y la del espía Ciro James como asesor en el Ministerio de Educación: ambos están procesados en la causa y son los principales implicados.Pero Montenegro defendió a Macri: dijo que a Palacios lo propuso él y que el mandatario porteño no intervenía en designaciones como la de James en asesoramiento para el Ministerio de Educación, entonces a cargo de Mariano Narodowski, también procesado y ahora rumbo a juicio.Días atrás, el juez Casanello escuchó como testigo a Adrián Juan Pelacchi, jefe de la Policía Federal en los 90 y cuya empresa, AP Security Consultora SA, prestó servicios de seguridad contratados por Franco Macri para su familia, excepto para Mauricio, puesto que el mandatario porteño cuenta con custodia oficial.La mira está puesta en la contratación que hizo Franco Macri de la firma Ackerman Group para investigar a su yerno Néstor Leonardo, cuñado del jefe de Gobierno de la Ciudad. Incluso, una de las medidas que ordenó profundizar la Cámara es que, vía exhorto, se insista con el pedido de información sobre la empresa Ackerman Group y sobre Richard Ford, representante de la firma con asiento en San Pablo, Brasil.Según fuentes del caso, Casanello insistirá con ese pedido de información que hace años hizo su antecesor Norberto Oyarbide, pero que nunca fue contestado. Pelacchi dijo que fue primero Ford quien lo contactó a él en marzo de 2008 y en julio de ese año comenzó a brindar servicios de seguridad.Según indicó el exjefe de policía, Franco Macri le había manifestado preocupación por la seguridad de su familia a raíz de que vivían en una zona que podía considerarse de riesgo, en alusión a la quinta “Los Abrojos” en Malvinas Argentinas.Así, Pelacchi sumó su empresa a la seguridad de los Macri más allá de que -según explicó- Ackerman Group venía asistiendo en esa materia a Franco Macri, aunque dijo desconocer de qué tipo.Sobre Ford, el testigo dijo que sabía que se trataba de un exagente del FBI y que tuvo jurisdicción sobre la Argentina cuando el organismo de inteligencia tenía las oficinas montadas en Uruguay.“En ningún momento Richard Ford me manifestó que tenían contacto con Mauricio, solamente me refirieron la existencia de una relación de Mike Acherman, que es el presidente de la firma, con Franco Macri”, aclaró Pelacchi.Pelacchi recordó que conoció a Palacios cuando, siendo jefe de la Federal en 1997, designó a este último como jefe del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (Duia).Por ahora Macri no va a juicio, aunque la decisión de la Cámara Federal podría ser apelada ante la Casación Penal y por el momento el final sigue abierto respecto a su situación: mientras, sin él, otras once personas serán juzgadas.
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