POSADAS. La insensibilidad de algunas empresas de transporte interurbano de pasajeros quedó en evidencia, una vez más, esta semana cuando una ciudadana eldoradense de 29 años, discapacitada, fue maltratada y le negaron el derecho a viajar en forma gratuita, beneficio establecido por ley nacional. Se trata de Alicia Beatriz Chávez, quien por cuestiones de salud debe viajar en promedio dos veces por mes de Eldorado a Posadas y todas las veces le ocurre lo mismo.La mujer contó a PRIMERA EDICIÓN que “siempre me pasa, pese a que vengo desde chiquita desde Eldorado: voy a la botelería y no me quieren dar el pasaje porque no saben si hay lugar en el micro, pero cuando llega el micro el guarda siempre dice que está todo lleno, a pesar de que nosotros vemos asientos vacíos. Cuando le pedimos para mirar si hay lugar, nos prohíbe subir”.Alicia, que siempre viaja con un familiar, relató que el maltrato no termina ahí, porque ni siquiera le quieren vender el boleto: “Después de discutir con el guarda, regresamos a la boletería y le pedimos comprar un pasaje, pero no nos quieren vender porque tienen miedo de que le denunciemos, porque ellos saben que tenemos derecho a viajar gratis, entonces temen que teniendo el pasaje comprado a mi nombre le presentemos una denuncia”.La joven no apuntó contra una empresa en particular, sino que “casi todas se comportan de la misma manera”, aseguró.“Muchas veces vamos varias horas antes a la terminal para tratar de asegurarnos el pasaje, pero el mecanismo que usan para evitar cumplir con la ley es siempre el mismo: en boletería nos dicen que esperemos el micro y en el micro siempre dicen que está lleno; pero si queremos comprar un boleto tampoco nos quieren vender”, insistió.El martes pasado, luego de dos horas de discutir con varios choferes y guardas de diferentes empresas, la hermana de Alicia la subió por la fuerza, contra la voluntad del chofer, y la sentó en uno de los asientos del micro que efectivamente estaba vacío, a pesar de que en la puerta del colectivo le impedían el ingreso.Con malos modales y pocas ganas, el micro la trajo hasta Posadas, pero “no tenía boleto ni estaba registrada como pasajera, quiere decir que si pasaba algo en el micro yo no tenían cómo comprobar mi presencia”, explicó Alicia Chávez.La mujer aclaró que “no soy la única que padece estos tratos, porque en la terminal siempre me encuentro gente, la mayoría humilde, a la que le hacen lo mismo, no le permiten viajar y esta gente no sabe dónde acudir para recibir ayuda”.Como si fuera poco, la mujer contó que llegó el martes a la terminal y buscó la oficina de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para efectuar una denuncia, pero no se la tomaron porque sólo actúan en casos de transporte nacional.Paralelamente, efectuaron una denuncia ante el Inadi por correo electrónico y la semana próxima la harán por escrito. Pero lo peor de todo es que fueron a la oficina de Transporte de la Provincia, que se encuentra en el segundo piso de la terminal de Posadas, y allí tampoco le aceptaron la denuncia: un empleado de apellido Aguirre les dijo que se dirijan a la oficina que se encuentra en el centro de la ciudad.Así es como el área a cargo del subsecretario Hermes Almirón hace valer los derechos que por ley tienen las personas discapacitadas en Misiones. Más críticasa la SubeLa diputada provincial Myriam Duarte destacó que “entre las irregularidades en la implementación de la tarjeta Sube es inexplicable que para la reposición de la tarjeta en caso de extravío, hurto o daño, haya que pagar 70 pesos”. Duarte recordó que a nivel nacional, todo lo relativo a la tarjeta Sube lo realiza el Estado, y solamente terceriza la recarga de las tarjetas. “Esto se hace con el objetivo de que el Estado pueda controlar fehacientemente cuál es el número real de pasajeros que viajan a diario en los diferentes servicios, y de esa manera poder evaluar con mayor exactitud la situación de los subsidios y su vigencia. En el caso misionero, no sólo el servicio queda totalmente en manos de una empresa privada sino que además, sin licitación, se concesionó a una UTE conformada por las mismas empresas del Sistema de Transporte Integrado, que son las que producen, entregan, venden y controlan todo”. Reiteró que son muchas falencias, “los privados tienen unas atribuciones desmesuradas, y vemos la delegación total por parte del Estado de lo que son sus obligaciones constitucionales”, manifestó la legisladora.Mañana se define si se suspende la aplicación del pasaje diferenciado para quienes no tengan aún la tarjeta para pagar en forma electrónica.
Discussion about this post