POSADAS. Sibila Camps, destacada periodista del diario Clarín, presentó ayer en esta ciudad su libro “La Red. La trama oculta del caso Marita Verón”. Horas antes dialogó con la prensa para brindar detalles acerca de su labor en torno a esta investigación periodística sobre el flagelo prostibulario de La Rioja y Tucumán.“Sabía qué contextos había detrás del caso Marita Verón (MV) por eso pedí cubrir el juicio y lo hice en la propia sala de audiencia, donde uno puede tener una mejor percepción de los gestos, las miradas de los testigos. Allí se pueden ver los guiños, uno puede darse cuenta de que las personas que decían que no se conocían entre sí, sí se conocían y tienen una larga historia en común”, destacó.En cuanto al contenido del libro indicó que “mi intención era instalar la problemática de trata y explotación a partir de este caso paradigmático mostrando el punto de vista de las mujeres, que no fueron captadas ni están ahí porque quisieron, se quedaron porque estaban bien, sino tener en cuenta que son otras las historias detrás de todo esto”, resaltó Camps.El libro se publicó en septiembre de 2013. Allí analiza el fallo que absolvió “por falta de pruebas” a todos los acusados.Posteriormente, la Cámara Procesal en lo Penal lo revocó y en 2014 los acusados fueron condenados a purgar penas en prisión.“La Justicia Penal en Tucumán deja mucho que desear y particularmente los tres jueces que tuvieron a cargo el juicio -por el caso MV, Piedrabuena, Medina y Lascano- que realmente demostraron un desconocimiento completo de la problemática y la legislación nacional e internacional”, explicó Camps.“A estos jueces, como mínimo, se les puede achacar de mala praxis judicial, no conocían las leyes, no tenían perspectiva de género, ni protocolos sobre cómo atender a las víctimas de trata que declararon como testigos. Ellos permitieron que los defensores las maltrataran y muchas de las víctimas terminaban descompuestas con asistencia hospitalaria”, agregó.Red de corrupción“Las redes de trata no son autónomas del Estado, necesitan de esas tres patas: municipio, sistema judicial y policial. Para que la trata funcione tiene que haber una red de complicidades, en primer lugar el funcionario municipal que habilita un local sabiendo que va a ser destinado a prostitución y que coimea para no cerrarlo”, detalló. “Luego están las denuncias que son recogidas por la Policía o la propia policía que da protección a los proxenetas. Y luego está la Justicia que cajonea la causa y no cumple con su función, investiga muy poco, no sabe lo suficiente sobre leyes, juzga sólo a los más visibles, no siguen la ruta del dinero”, destacó.La ley más violadaCamps señaló que si bien en 2008 se sancionó la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que permite profundizar las investigaciones de este delito federal, ya desde 1937 está vigente la Ley de Profilaxis, Nº 12.331 que prohíbe la prostitución y todo lugar donde se ejerza o promueva la explotación sexual. “Con esa ley ya bastaba para prohibir la trata. Pero esta ley es la más violada a lo largo y a lo ancho del país”, resaltó.Y si bien con la Ley de Trata se han profundizado las investigaciones “no solamente se trata de cerrar prostíbulos”, resaltó la periodista.“La cuestión es más amplia. En la medida en que no ha habido programas de contención a mujeres en situación de prostitución y víctimas rescatadas, es muy difícil que ellas puedan salir realmente de esas redes. Ellas antes de la captación vivían en contextos vulnerables, no están capacitadas para realizar un trabajo, su autoestima está muy baja, y muchas no encuentran otra manera de mantenerse o mantener a sus hijos que la prostitución”, dijo.La trata en MisionesCamps visitó en diversas ocasiones Misiones, y participó de la presentación del Departamento de Atención a Víctimas de Trata en 2008, en el marco del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones. “Misiones es una provincia de captación de niñas y también de tránsito, de mujeres de países vecinos”, dijo.“Misiones sigue siendo una provincia muy vulnerable a la trata porque tiene problemas sociales serios, y los niños, niñas y adolescentes son sumamente vulnerables en cuanto a los castigos y los malos tratos intrafamiliares”, señaló. Como ejemplo, señaló el caso de una niña misionera que fue entregada por su propia familia a una red de trata cuando tenía once años. “Estuvo cuatro años secuestrada en La Rioja y logró escapar, pero su propia familia la había entregado. Su historia no es diferente a la de muchas niñas”, manifestó.Matriz de miedoConsultada sobre si en alguna ocasión recibió amenazas por estar investigando estos temas tan delicados, Camps indicó que no. “Solo tuve una amenaza velada cuando hice el libro anterior -“El sheriff. Vida y leyenda del Malevo Ferreyra”, un comisario que asesinó a decenas de personas durante la última dictadura militar en Tucumán.“Pero me he dado cuenta que Tucumán tiene una matriz de miedo que viene de antes y se consolidó con el terrorismo de Estado que arrancó en 1975 con el Operativo Independencia. Los secuestros se realizaban a la luz del día y los centros de torturas estaban en plena ciudad, los gritos se escuchaban desde afuera. Ha quedado mucho miedo, eso lo vemos como una patología social. Y hay mucho miedo a declarar y testificar en estos delitos de trata”, describió. Secuestrada hace 12 añosMaría de los Ángeles “Marita” Verón tenía 23 años al momento de ser secuestrada el 3 de abril de 2002 en Tucumán. Los indicios apuntan a que fue secuestrada y llevada a La Rioja para ser explotada sexualmente. Hoy no se sabe de ella. Pero tras años de lucha de su madre, Susana Trimarco, en 2012 se llevó la causa a juicio oral. El primer tribunal formado por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Medina y Eduardo Romero Lascano resolvió después de diez meses de juicio absolver a los trece imputados originales. La Corte Suprema de la provincia anuló la absolución y designó un nuevo tribunal.El 8 de abril pasado el Tribunal de la Cámara Penal de Tucum&aacut
e;n integrado por los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y la jueza Juana Juárez dispuso penas entre 10 y 22 años para las diez personas encontradas culpables del crimen de “retención y ocultamiento agravado”.Las condenas fueron: 22 años para José “Chenga” Gómez y Gonzalo Gómez; 18 años para Daniela Milhein y Alejandro González; 17 años para Carlos Luna y Pascual Andrada; 15 años para Azucena Márquez; 12 años para Humberto Derobertis; 10 años para Mariana Bustos y Paola Gaitán.Trimarco, junto a su nieta e hija de Marita, la siguen buscando y desarrollan acciones de contención e inserción de las víctimas de trata.
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