Contra viento y marea

El insólito pedido del vicepresidente Amado Boudou al juez Ariel Lijo  para que la indagatoria a la que será sometido mañana, en el marco de la controvertida causa Ciccone, sea televisada enteramente y, en lo posible por TN recibió una lógica respuesta negativa del magistrado, quien advirtió al funcionario -por su parte- que se le tomará declaración para que ratifique o rectifique el pedido de nulidad que interpusieron sus abogados.Ambos hechos, recalentaron el contexto en el que se produjo la citación a indagatoria, luego de que en los últimos meses el magistrado le diera un nuevo envión a una causa que se mantuvo por dos años como una espada de Damocles, sobre la cabeza del vicepresidente, sospechado de haber usado la influencia propia de su cargo -cuando era ministro de Economía- en la venta de la empresa exCiccone Calcográfica dedicada a la impresión de billetes. La citación a indagatoria sugiere una resolución del caso, y abre un nuevo escenario en esta causa que ha sido sinónimo de un continuo dolor de cabeza para el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, pese a  lo cual la mandataria no le retiró la confianza a su segundo en la línea de sucesión presidencial y, contrariamente a lo que aconsejan tanto el sentido común como la conveniencia política, se negó sistemáticamente a pedirle la renuncia.Ayer, circuló con fuerza que un diputado de confianza de Máximo Kirchner y referente de La Cámpora esparció la versión sobre que -de resultar procesado- Boudou “tomaría licencia”. Se trataría de una licencia forzada de la que se sospecha la propia CFK está detrás, ante un escenario judicial que parece inminente.Boudou se manifestó desde un principio inocente de los cargos y dispuesto a declarar en la causa, pero no consideró siquiera la posibilidad de un paso al costado, iniciativa que si la hubiese tomado al principio -opina la mayoría de los analistas políticos-, le hubiera ahorrado al gobierno kirchnerista el pago de una factura política cada vez más onerosa a medida que pasa el tiempo. Más allá de las razones jurídicas o las derivaciones investigativas del caso, curiosamente cuando el vicepresidente insistía en su voluntad de someterse a la indagatoria cuanto antes y pedía que se adelante la fecha -como ocurrió- casi en paralelo sus abogados presentaban un escrito pidiendo la nulidad de la citación. De esta forma, la estrategia de Boudou parece avanzar por dos carriles, descalificando la indagatoria y la figura del juez de la causa, y a la vez mostrándose solícito por tener la oportunidad de “declarar y demostrar mi inocencia”.  El provocativo pedido de televisación, acorde con la afirmación del vicepresidente  de estar siendo objeto de “un linchamiento mediático” muestra la intención de victimización del funcionario. Para la tribunaA juicio del jurista y extitular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, Boudou sólo busca dilatar el juicio y ello explica su insistencia en desacreditar al juez de la causa. El fiscal Campagnoli, en tanto, también pidió que el juicio al que será sometido, por supuestas irregularidades en la investigación de las denuncias contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, sea televisado. La idea de la televisación como criterio de verdad pareciera no ser más que un guiño “para la tribuna”, sobre todo en el nivel institucional en que se plantea.En lo que respecta a Boudou, la investidura del vicepresidente de la Nación, no hace falta decirlo, redunda en un verdadero daño institucional y, a la vez, profundiza el retroceso político del kirchnerismo en vísperas de un proceso electoral de tono definitorio. Los intentos de llevar al vicepresidente a un juicio político, no obstante la gravedad de la situación, caen en saco roto inevitablemente en el Congreso, donde la mayoría kirchnerista hizo fracasar también otros intentos opositores de abordar temas candentes, como los proyectos referidos al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias o los dictámenes contra el memorándum de entendimiento con Irán, por el ataque a la Amia en 1994,  que sostiene el Gobierno contra viento y marea, pese a que la Justicia lo declaró inconstitucional. Malestar de alto nivel En la provincia, en la semana, la noticia de que dos de los sospechosos que arrojan las investigaciones de la Masacre de Panambí trabajaban para el Ifai y serían punteros políticos de la renovación,  impactó a la opinión pública y volvió a llamar la atención sobre los entramados político-institucionales en esa localidad. Es que la gestión estatal, que en su momento fue una tabla de salvación para el sector cañero de esa zona, hoy muestra serias falencias técnicas y aparece revestida de sospechas de corrupción y clientelismo político; dos fenómenos que suelen venir de la mano. Fuera de ello, en un contexto donde se registraron varios síntomas de desentendimiento interno -en cosas como las candidaturas para 2015- el Gobierno renovador se alzó  igualmente con la victoria en la rama de activos del IPS este viernes.  Inesperadamente, el mismo día hubo señales de malestar al máximo nivel, a partir de las que se entrevió la presencia de  la negada interna renovadora. El tema que hizo saltar definitivamente los tapones de la interna oficialista, soterrada pero presente en una gestión que ya siente el peso de más de una década de poder casi absoluto, fue el aumento de 10 mil pesos concedido a los legisladores jubilados por un régimen propio en consideración de la movilidad jubilatoria. Closs, que en los últimos días no parece haber seguido muy de cerca los detalles de su gestión, salió al término de los comicios en el ente previsional con un decreto mediante el cual suprimió el incremento concedido a los exlegisladores por una orden de Contaduría que se había accionando directamente desde el Parque Paraguayo. No es poca cosa que un gobernador tenga que salir con un decreto a la palestra para frenar una resolución de su propio gobierno en la que se efectuaron pagos con recursos de la administración del Estado y se tomó una decisión con impacto en la administración financiera del Estado. Las explicaciones del propio Closs no fueron del todo convincentes, dadas las circunstancias, ya que omitió dar el dato central, que la medida inconsulta habría sido apadrinada por su socio en la alianza de gobierno y presidente  de la Legislatura. La señal de una traslación del poder de La Rosadita a la Legislatura es casi un estigma para el mandatario que se apresta a dejar el poder en un con
vulsionado escenario político al que, evidentemente, no es nada ajeno el panorama interno del Frente Renovador. Tras el anunció del “decretazo” de Closs, se habló de posibles represalias con movidas de piezas en el gabinete provincial, y recrudecieron las versiones sobre una fuerte tensión por las candidaturas en 2015; fundamentalmente ante la insistencia del diputado nacional Alex Ziegler en operar hacia adentro para instalar su candidatura a gobernador.En este marco, muchos gestos de los últimos días emanados desde la Legislatura, como las declaraciones de Rovira sobre la formación de un bloque propio en el Congreso, o el más reciente, homenaje a Mario Losada, se resignifican en el sentido de la conflictividad interna que, quiéranlo o no los popes; se abriría paso con designios cismáticos tarde o temprano en el partido de gobierno misionero. En el radicalismo, a su turno, en el homenaje a Mario Losada, llamó la atención que el presidente del bloque radical, Chiquitín Molina, al adherir al homenaje -que tuvo un sello indudablemente rovirista en algunos discursos- no pudo evitar reflejar internas históricas al señalar que el merecido homenaje a la trayectoria de Marito Losada, debía ser extendido también “a todos los dirigentes del 83”. En el radicalismo, es sabido, las internas son parte del inconsciente colectivo, por ello no es desacertado pensar que en el panorama renovador el internismo radical terminará jugando un rol más ambicioso y complejo del que se le atribuye. Otro dato, finalmente, del escenario ucerreísta, y que se conoció esta semana, es el fallo de la Justicia que le dio la razón a la presentación del navarrismo contra la “Convención trucha” que había intentado armar Hernán Damiani en su momento, forzando la  letra de la Carta Orgánica. La escena radical, en este contexto, cierra con una  puja en la que el exconcejal Osvaldo Navarro, evocando el papel que ayer jugara  “Tulo” Llamosas, aparece como un desafiante heterodoxo en contra de la dirigencia partidaria tradicional.