SAN IGNACIO. Ocho familias mbya de la comunidad Ychongy Poty y tres de la comunidad Chapay, ambas en este municipio, fueron desalojadas de las tierras que habitaban, a la vera de la ruta nacional 12, y ahora sus familiares tratan de establecer su paradero, según denunciaron públicamente desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA). Siempre según esa fuente, en un caso debieron abandonar el predio a raíz de la presión ejercida por un particular y en el otro, por supuesto personal de la Comuna local.Alfonso “Vasco” Baigorri, integrante del EMiPA, denunció que el hecho se produjo en la mañana del lunes “de manera violenta, y ni siquiera les permitieron cruzar la ruta, evitando que dieran aviso sobre lo sucedido a sus parientes o al cacique”. En un predio “se desarmaron casas, se colocó un alambrado y construyen viviendas de madera a toda velocidad. Para ello lotearon el espacio en el que estaba la comunidad. Cercaron una de las casas que quedó en pie. A otra la tiraron y en una tercera, los postes del alambrado del lote quedaron dentro”, graficó.Añadió que se voltearon varios árboles y que uno de ellos cayó sobre una vivienda, que por suerte resistió al peso “porque había tres niños adentro. Eso explica la violencia y la despreocupación por la vida que tuvo la gente que vino a ejecutar esa tarea”. Acompañado por la abogada Stella Maris Martínez -quien guió a realizar la denuncia pertinente-, contó que en la tarde de ayer el resto de la comunidad consiguió una camioneta para ubicar y traer a los familiares y mientras “los acompañamos, porque es nuestra función”.Indicó que ambas comunidades son parte del municipio “desde hace mucho tiempo. Hablamos de San Ignacio, una tierra ancestralmente guaraní. En consecuencia, están en su territorio”. Citó la Ley Nº 26.160 (Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas) y sostuvo que los damnificados están incluidos en ese relevamiento. “Existe un informe estatal reconociendo el uso tradicional de estas tierras por parte de las comunidades que fueron desalojadas”, aseguró Baigorri, quien manifestó que “no se espera una actitud violenta por parte de funcionarios municipales, nos parece algo asombroso. El intendente estuvo aquí con el supuesto titular de las tierras, hablando con la gente y diciéndole que tenía que irse. Que hayan llegado con camiones, que desarmaran las casas, cargando las cosas, llevando a la gente e impidiendo que avisaran al cacique o a sus parientes sobre lo que estaba pasando, podría encajar tranquilamente en la figura de privación ilegítima de la libertad”.Aseguró que el jefe comunal “no puede desconocer el relevamiento porque es un funcionario público” y el problema fue comunicado al jefe de la comisaría local.“Evidentemente no entendieron que la ley suspendió toda forma de desalojo. Más en el caso de estas comunidades que tienen hecho el relevamiento y su carpeta entregada”, dijo. A entender de Baigorri, es una cuestión en la que deberá movilizar al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque “hay un incumplimiento de leyes nacionales por parte de funcionarios públicos. También hay avasallamiento de derechos por parte de un particular. Esto es realmente grave y esperamos a los representantes del Inadi lo antes posible en este lugar”.
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