POSADAS. Una empleada de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Mabel Oviedo, denunció ayer al rector Javier Gortari en la Fiscalía Nº 2 de esta ciudad por supuesto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, a raíz de un acuerdo entre las autoridades de la UNaM y el gremio de no docentes en el cual se designó en planta permanente a los hijos del rector y del secretario general del gremio.También fueron incluidos en la denuncia el vicerrector, Carlos Trevisán; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Fernando Kramer; la directora de la Escuela de Enfermería, Hilda Velázquez; la directora general de Recursos Humanos, a cargo de la Secretaría General de Economía y Finanzas, Juana del Carmen Schiaffino; y se agregó que “habría que evaluar también el incumplimiento o no del auditor interno de la UNaM, contador Citadini, y demás funcionarios de la UNaM que, a la luz de las investigaciones a practicarse, resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones que imponen el decreto Nº 366/06, el art. 99 del Estatuto de la UNaM”.Empleados-familiaEn la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas que relevaron el hecho, que se habría producido por Resolución Rectoral Nº1630/12 de la UNaM, permitiendo el ingreso de seis familiares de autoridades y gremialistas a la planta del personal no docente. Además de los ya mencionados, se cita a la hija de la directora de la Escuela de Enfermería; el hijo de la exdirectora de la misma escuela; además del sobrino de la funcionaria a cargo de la Secretaría General de Economía y Finanzas. “Si bien el Estatuto prevé que el máximo funcionario de la UNaM tiene atribuciones de suscribir contratos y efectuar designaciones, en estos casos se produciría un abuso de la autonomía universitaria, la que nunca puede estar por encima de leyes de orden jerárquico superior como nuestra Constitución nacional, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (artículo 14) y el acceso a los cargos públicos con el único requisito de la idoneidad”, se resaltó. Corresponde aclarar que en todos los contratos se utiliza una cláusula formal en la que se expresa que el contrato es “por tiempo determinado y no más del 31 de diciembre del 2012” y “hasta la substanciación del respectivo concurso”. “Queda preguntarnos por los motivos que llevaron a la urgencia de los nombramientos cuando hay otros contratos de mayor período de ejecución a los que no les ha tocado en suerte ser familiar de alguno de los funcionarios”, se indicó en el texto.¿Y el concurso?La denuncia agrega que “las autoridades universitarias tenían la obligación previa de llamar a concurso para el ingreso de personal a planta, por lo tanto, estos ingresos son nulos de nulidad absoluta, porque se realizaron por un procedimiento contrario a la ley, violando de modo manifiesto y ostensible expresas normativas constitucionales que le imponen las leyes a fin de determinar que los agentes que ingresan a la administración pública, en el caso, la universitaria, gozan de la capacidad e idoneidad que prescribe el régimen de ingreso, como así también del respeto de la igualdad jurídica ante la ley”.“Pero los actos y hechos son gravosos también porque en las contrataciones y designaciones que se realizan están involucrados familiares directos de los funcionarios y también quien en su momento fuera un funcionario de la administración universitaria (Marcelo Proscopio, exsecretario de Asuntos Estudiantiles durante la gestión de Aldo Caballero); lo que atenta contra los principios elementales de normas de contratación del Estado”, añadió. Y sigue: “Más grave y ostensible aún se tornan estos ingresos cuando en la ‘lista de espera’ había otros contratos, otras personas con derechos realmente violentados, cuyos titulares en todo caso ameritaban ser tenidos en cuenta para el ingreso, dado que han excedido con creces el tiempo de contratación sin relación de dependencia y también de los vilmente llamados ‘con relación de dependencia’”.
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