La decisión de la presidenta Cristina Kirchner, de elevar la Secretaría de Cultura a la categoría ministerial y el nombramiento al frente de la nueva cartera -la quinta que se crea durante su gobierno- de la cantante Teresa Parodi, reemplazando al desgastado Jorge Coscia, generó suspicacias y sorprendió tanto a Coscia como a Parodi, que se enteraron a último momento de la medida.La creación del Ministerio de Cultura en sí misma no genera críticas, como tampoco la elección de la cantante correntina, de probada fidelidad política hacia adentro del kirchnerismo pero al mismo tiempo poseedora de una consistente trayectoria como militante en el área de Derechos Humanos y con experiencia en la gestión cultural. Sí hubo, sin embargo, justificados cuestionamientos a que la decisión, tomada evidentemente bajo la prisa de motivaciones político-electorales, no haya seguido las vías institucionales pertinentes, incluyendo el paso por el Congreso Nacional; en tanto en medios políticos se habló de un posicionamiento más de La Cámpora. La presencia tanto de Parodi como del camporismo indica que el nuevo ministerio tendrá un indudable sello militante que difícilmente consiga eludir los excesos propios de un enfoque partidario de la cultura; habida cuenta de que en el escenario político nacional ya se juega fuerte en el armado de estructuras con miras a las presidenciales de 2015.Apuntando al trasfondo electoral, el propio ex secretario de Cultura del kirchnerismo entre 2004 y 2009, José Nun, salió a cuestionar con dureza el texto del decreto y advertir que el nuevo Ministerio no es otra cosa que una estrategia electoral con miras a 2015. La óptica político-partidaria también salió a relucir en la visita, en la semana, del jefe de ministros Jorge Capitanich al Senado. El funcionario no pudo evitar que su presentación -de nueve horas de duración- concebida como cumplimiento de un rito institucional de la democracia, derivara en un sobresaturado enfrentamiento partidario. En las postrimerías de su performance, Capitanich no pudo evitar una crítica al tratamiento que hacen los grandes medios del problema del aumento de la delincuencia y la inseguridad; señalando que el incremento de las noticias sobre homicidios no refleja la suma estadística de éstos, sino el avance del proceso preelectoral. La subestimación de un problema acuciante, como es el de la inseguridad, aunada a una incursión indebida en la crítica de medios continuó con una alusión al crecimiento del apoyo económico a los grandes medios; también fuera de contexto. El intento de los senadores radicales Sánz y Morales de contestar al funcionario en una clave histriónica terminó llevando más agua para el molino de la confusión.Advertencia En este marco, al otro día de la visita del funcionario al Senado, la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer el documento “Felices los que trabajan por la paz” en el que abordó la problemática de la inseguridad y de la violencia social subyacente a la Argentina actual.“Una violencia cada vez más feroz y despiadada provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio. Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena”, plantearon los obispos. El documento generó respuestas polémicas desde el arco oficialista, que vio un tono opositor, y aclaraciones de la presidenta. Bien entendida y dejando de lado la óptica partidista, sin embargo, la postura de la jerarquía eclesiástica arremete contra el gobierno por su responsabilidad, obvia en el mantenimiento de la paz social, y en el control del delito; pero va más allá y profundiza en una realidad social que compete a toda la sociedad, incluyendo a la oposición; y hasta a la misma Iglesia. En esa línea, el documento fustiga la corrupción tanto pública como privada es “un verdadero cáncer social, causante de injusticia y muerte” y lamenta que en el país se promueva con frecuencia “una dialéctica que alienta las divisiones y la agresividad”. De rehenes otra vezEn la provincia, en tanto, otra vez los usuarios del transporte público en Posadas, Candelaria y Garupá se encontraron de la noche a la mañana convertidos en rehenes del monopólico “Grupo Z” que controla el sistema integrado de transporte y que, históricamente, disfraza sus intentos de apropiarse de una mayor tajada del negocio con una presunta tensión gremial.El viernes,el gremio de la UTA anunció un quite de colaboración y trabajo a reglamento, como represalia por el no pago de las horas extras de parte de la empresa. La disminución de frecuencias consiguiente, que afecta a un número creciente de usuarios del transporte urbano, da cuenta de los excesos que permite una concesión permeada por una persistente sospecha de connivencia entre el gobierno del Frente Renovador y la concesionaria, en un marco de corrupción y clientelismo político.El gobierno provincial, que rechaza las sospechas de corrupción en el manejo de la concesión, nunca ha explicado, sin embargo, porqué alienta una cerrada estructura monopólica en un servicio que si se abriera a la sana competencia, y se transparentara en todas sus instancias, beneficiaría a los usuarios, y hasta, indirectamente, al propio gobierno.Como el gobierno no parece seriamente inclinado a “ponerle el cascabel al gato”, se repiten estos conflictos que, dada la importancia del servicio público; tiene un correlato inmediato en términos de malestar social. Nuevo entorno, viejas mañasEn este contexto, en la misma noche del jueves en que se anunció la disminución del servicio, en la renovada y modernista sede del Parlamento misionero sesionó por primera vez la Cámara emergente de las últimas elecciones, con una creciente participación de la oposición. Los cinco bloques de signo opositor, sin embargo, no consiguieron una respuesta favorable a sus propuesta, presentada por los diputados Walter Molina y Héctor Bárbaro, de citar a los ministros “Pelito” Escobar y Jorge Franco a una interpelación para que respondan en una sesión especial en el recinto a las preguntas de los legisladores sobre la escandalosa inacción del gobierno provincial frente a la “Tragedia de Acaraguá”, un accidente vial con claras responsabilidades en el área oficial, pero que no mereció, aunque sea, la renuncia ritual del funcionario con mayor responsabilidad en el control del área vial. La cerrada negativa del bloque oficialista, que ni se tomó el trabajo de fundamentar su postura frente al pedido de interpelación, e hizo v
aler rápidamente su mayoría para mandar la propuesta al archivo; dejó al descubierto un escaso sentido de la autocrítica en el gobierno respecto al accidente, como también la impresión de que en el nuevo y posmodernista contexto, persisten las viejas “mañas” políticas. Lo malo no es que el bloque renovador ejerza en los hechos la mayoría que ostenta en el cuerpo legislativo, sino que se malogre una oportunidad de que no sólo los diputados, sino el pueblo misionero en general, se entere de los pormenores de la actuación del gobierno en un hecho que conmovió a toda la opinión pública, y que genera justificados temores de que -el descuido de la red vial- no haya sido algo circunstancial, sino una política deficiente que no ahorre experiencias similares a futuro. En los corrillos políticos se comenta que aunque tanto Closs como Rovira le quitaron su apoyo, el presidente de Vialidad Provincial, Julio Duarte, el funcionario más señalado como responsable de haber autorizado el tránsito en el viaducto dañado con serias fallas en su estructura; estaría decidido a resistir en su puesto, para lo cual buscaría sustento en el MUR, el agrupamiento de funcionarios renovadores que nació con el rovirismo, pero que hace un tiempo se muestra bastante menguado en su influencia política. Curiosamente, en el marco de este episodio que lo deja muy mal parado -ya que la respuesta ética de cualquier funcionario en su lugar sería poner de inmediato su renuncia a disposición del gobernador- no impide que el hoy titular de Vialidad albergue ambiciones políticas de alto vuelo. Duarte, dicen, es uno de los anotados en la sorda pelea de ambiciones que se libra en el cuadrilátero rovirista, para colocarse como candidato a vice en la fórmula oficialista que encabezaría Hugo Passalacqua.





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