POSADAS. El 90% de los menores que pasaron por el Instituto Correccional y de Menores de Miguel Lanús, conocido también como Unidad Penal IV, confesó haber delinquido bajo los efectos de alguna sustancia alteradora, alucinógena o por la combinación de bebidas alcohólicas y psicofármacos.El dato no es menor. Algunos fueron a parar en ese lugar acusados de hechos gravísimos, como homicidio, tal el caso del adolescente de 16 años que mató de un balazo a Cristian Mendoza, el sábado 5 de abril en la localidad de Garupá.Más tarde que temprano recuperan la libertad sin tener siquiera la oportunidad de iniciar un tratamiento psicológico, ya sea para entender las intrincadas razones de su accionar o sencillamente, para contrarrestar los efectos de una severa adicción a los estupefacientes.Esa estadística, en el caso de los adultos, se ubica entre el 75 y 80%. En simultáneo, datos oficiales indican que las seis unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) están colmadas de presos (ver cuadro en pag. 59). La mayoría purga condena, pero hay otros que esperan el juicio oral y público.Para muestra basta un botón. Muchas comisarías tienen procesados en sus celdas, lo que despierta la preocupación de la cúpula policial. Y es razonable, sus hombres no están preparados para custodiar presos.Sin embargo, la Justicia poco y nada puede hacer, justamente porque las cárceles se encuentran saturadas. Si este dato, el del efecto del consumo de drogas en los jóvenes, se relaciona con otro que fue tapa de PRIMERA EDICIÓN días atrás, de que el 63% de los menores de 18 años está por debajo de la línea de la pobreza, la situación es más que delicada.Entonces el problema es más grave y complejo, con raíces profundas en cuestiones estructurales (pobreza, indigencia, educación, trabajo etcétera). Como indica el cuadro de cantidad de internos por unidad penal (pag. 59), las cárceles de Misiones están agotadas. No es una estadísttica caprichosa ni aislada. Demuestra que la teoría de la “puerta giratoria” (los delincuentes entran por delante y salen por atrás) que denuncia el Gobierno (Closs lo confirmó en su discurso del 1º de Mayo) es un argumento falaz y oportunista contra el Poder Judicial.Si entran y salen como un molinete, cómo se explica que las prisiones estén saturadas de presos.El argumento oficialista asoma al menos contradictorio. Si nadie termina tras las rejas, porqué el Gobierno renovador se apresta a inaugurar dos complejos carcelarios en la provincia, uno en Cerro Azul y otro en Puerto Rico.Ambos tendrán una capacidad de alojamiento para 120 reclusos.UN CACHO DE CULTURALa propuesta gubernamental no es nueva y tampoco exitosa. Muta de nombre en distintos puntos de Latinoamérica: “puerta giratoria”; “tolerancia cero”; “mano de hierro” etcétera.Su fracaso también es comprobado. El Salvador, Nicaragua, Honduras, países con profundos y complejos problemas estructurales, son ejemplos del fracaso de la aplicación de estas políticas de lucha contra la inseguridad. Sobre todo, en las décadas en que el surgimiento y recrudecimiento de “las maras” (violentas pandillas juveniles) hacían eclosión en esas sociedades.Diez años después, se comprobó que el delito no se detuvo, más bien aumentó en forma calamitosa.El remedio resultó peor que la enfermedad, en un contexto donde las penas se agravaron y un simple tatuaje convertía a una persona en sospechosa.Además, permitió la irrupción de casos de “gatillo fácil”, lo que se conoció como “Policía maldita” y se agudizaron las diferencias socio-económicas y culturales.En ese período, en América Latina, el 10% más rico de la población tenía el 48% de los ingresos y el 10% más pobre, tan solo el 1,68%.Son datos que invitan a reflexionar, nada más que eso. No se logra una sociedad más justa con un Código Penal más severo; o al menos no en forma aislada. Tampoco una más segura, con la construcción de más cárceles.El caso Bloomberg es reflejo de esa afirmación. Se endurecieron las penas pero ¿el delito se redujo? La respuesta es contundente.El problema de las adicciones dentro de los complejos penitenciarios es preocupante. Llevó incluso al SPP a crear y poner en marcha lo que se llama la Unidad Terapéutica, en Loreto.Allí, todos los internos que padezcan una adicción, siempre por propia voluntad, pueden iniciar un tratamiento de rehabilitación.Pero afuera qué sucede. Qué pasa con aquellos menores, incluso de nueve años, que se inician en el consumo de sustancias prohibidas.Closs habló de la “puerta giratoria” pero no hizo alusión a los amplios conglomerados barriales, sobre todo en la periferia de Posadas, donde fluyen jóvenes desesperanzados porque no tienen un motivo por el que vivir dignamente. Excluidos del sistema laboral, sanitario y educativo ingresan a temprada edad al mundo del hampa.Tampoco efectuó ningún anuncio sobre la construcción de un gran centro de alojamiento, rehabilitación y reinserción social de aquellos chicos adictos, que sea un modelo regional.No obstante, como dijo Víctor Heredia, “todavía esperamos”. Ojalá que no sea por siempre.
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