POSADAS. El cooperativismo es el modelo elegido para colaborar, de manera directa y efectiva, en la reinserción social de los presos que se encuentran en condiciones de recuperar la libertad. La cárcel de Loreto es la prueba piloto. Allí se encuentra en funcionamiento, desde el año pasado, la cooperativa de trabajo “Volver a empezar”, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles.Se trata de un emprendimiento hecho realidad después de mucho batallar, cuya masa societaria está conformada por personal penitenciario, internos y familiares.Están avanzadas las gestiones para extender este programa a los complejos penitenciarios de Oberá y Eldorado. Incluso se posee ya el número de registro de la cooperativa y sus socios. Resta adecuar el lugar donde funcionará, dentro de cada Unidad Penal, que le será cedido en comodato por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).En Loreto, cinco reclusos trabajan en la fábrica de muebles. Pedidos hay, pero se presenta el problema de la falta de materia prima (madera) para cumplir con los mismos.La idea es del SPP, que inició gestiones con el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la provincia con el objetivo de conseguir aquellos ejemplares de madera nativa secuestrados en distintos procedimientos en Misiones.Incluso -según trascendió-, hasta Gendarmería Nacional se habría ofrecido a colaborar, pero los rollos secuestrados forman parte de causas federales aún en trámite, por lo que sería imposible la cesión de los mismos.En definitiva, la burocracia vuelve a interponerse en un emprendimiento más que valedero.Sería bueno averiguar qué sucede con esa madera cuando ya nadie se acuerda de ella ni del procedimiento de incautación.La ventaja que posee este modelo de empresa es que puede recibir subsidios de la Provincia y de la Nación, lo que potenciaría su capacidad operativa.La comisión directiva está integrada además por un contador y un asesor judicial. La ganancia de cada uno de los socios es por porcentaje, de acuerdo con los lineamientos legales.La intención del SPP es expandir la iniciativa a otras especialidades, como panificación y cultivos en general.Incluso hay un proyecto, copiado de experiencias vigentes en Salta y Entre Ríos, para la explotación agropecuaria a través del modelo de granjas.En un principio, la producción estaría destinada al autoabastecimiento de la población carcelaria, según manifestó el director del SPP, alcaide general Miguel Ángel Maidana.Todos los programas, al menos en un principio, están destinados a aquellos reclusos que se encuentran en la etapa de confianza, en condiciones de regresar a las calles.La idea, como ya sucedió en la exposición “Acá nomás todo”, desarrollada en la avenida costanera de Posadas, es que el SPP tenga su propio estand para mostrar los trabajos que los internos realizan en cada una de las unidades penales de la provincia. O al menos en aquellas que cuentan con estos programas.“La iniciativa está destinada para los internos que estén en el último período de prueba y cuando salgan, podrán seguir allí”, consignó el titular del Servicio Penitenciario. Avanza el proyecto del Centro de Capacitación El proyecto de las cooperativas que funcionarán en cada una de las unidades penales de la provincia tiene dos partes. Una de formación y capacitación. La otra, de producción y comercialización.En referencia a la primera, el año pasado se realizó un curso de instrucción en el que 45 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial recibieron el correspondiente certificado extendido por el Consejo General de Educación (CGE).Muchos de ellos harán docencia de hacerse realidad el proyecto de creación del Centro de Formación y Capacitación Profesional que funcionará en cada una de las cárceles de Misiones.En este sentido, la alcaide general Nidia Correa consignó que resta la resolución del CGE para que la iniciativa se vuelva realidad.En este tipo de programas se trabaja en forma conjunta con el CGE de Misiones, el Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación; además de la cartera de Cooperativas que preside Fabiola Bianco.El objetivo será certificar, a través del Consejo General de Educación (CGE), la idoneidad del personal en el manejo de las herramientas usadas en cada rubro productivo.
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