POSADAS. Desde el comienzo de mayo, para los usuarios de garrafas de diez kilos, que están subsidiadas por el Gobierno nacional para ser vendidas a 16 pesos en bocas de expendio, resultó casi una misión imposible conseguir una para los quehaceres domésticos. No fue por el fin de semana largo del Día del Trabajador: los clientes sospechan que las distribuidoras guardan las garrafas ante la falta de definiciones del Gobierno nacional, tras vencer el pasado 30 de abril el acuerdo nacional que establece el subsidio de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para las provincias que no tienen acceso a la red de gas natural, como sucede en Misiones.Durante los últimos días, lectores de diferentes puntos comunicaron a PRIMERA EDICIÓN la reiteración de los problemas mediante llamados telefónicos o a través de las redes sociales.Quienes sí lograron adquirir una garrafa social advirtieron que en Posadas llegaron a pagar entre 40 y 50 pesos retirándolas en las mismas distribuidoras. Y hasta 80 pesos en una localidad de la zona norte de la provincia si era solicitada con flete a domicilio.Con el inicio de la semana, se espera que la Nación anuncie si prorroga -y en qué términos- este acuerdo antes del invierno, cuando seguramente habrá una mayor demanda por las bajas temperaturas.La situación no sólo se repite en los diferentes rincones de la tierra colorada: ocurre también en las otras provincias donde no queda otra opción que el uso de las garrafas. Allí, los gobernadores e intendentes buscan alternativas para no llegar al desabastecimiento de garrafas de diez kilos.En la mayoría de los casos, coincidieron en que no hubo inspecciones de Defensa del Consumidor (que depende del Ministerio de Acción Cooperativa) para profundizar las razones por las cuales hubo faltante de las garrafas sociales.Días atrás, en la Cámara de Diputados de la Nación ingresó un proyecto del diputado nacional por Misiones, Luis Pastori, para modificar el artículo 5 de la Ley 26.020 sobre la comercialización del GLP (Gas Licuado de Petróleo). El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados Agustín Portela (Corrientes) y Jorge Dagostino (Entre Ríos). La iniciativa declara como “Servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo”, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de fijar una tarifa que garantice el servicio para todos los que no tengan acceso al gas natural por redes.En los fundamentos, Pastori afirmó que la normativa para el GLP sancionada en el 2005 ha fracasado en el objetivo de asegurar la “garrafa social” a precios subsidiados a todos los sectores de menores recursos, principalmente a las poblaciones del nordeste y noroeste del país. Pastori remarcó que al declarar “servicio público” esta provisión, el Estado podrá intervenir en la regulación de los precios, que tuvieron un aumento de más del 300% desde la salida de la convertibilidad hasta la fecha.
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