POSADAS. El aumento que se apresuró a decretar el gobernador Maurice Closs el año pasado, para evitar que los policías misioneros se sumaran a la ola de protestas que sacudía al país, no consiguió despejar el mar de fondo en la Policía misionera, donde crece el descontento por el incumplimiento de muchos de los acuerdos cerrados con el Gobierno en la Mesa de Diálogo y Concertación; organismo al que acusan de “actuar en afinidad con Jefatura en lugar de atender las necesidades de la tropa”.Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, en el interior provincial, coincidieron en señalar que existe malestar en las bases policiales debido a que “Closs (el gobernador) incumplió con el acta acuerdo firmado con la Mesa de Diálogo por el que se comprometió a abrir negociaciones paritarias el 12 de marzo”. Además de la apertura de las paritarias y el cumplimiento estricto de los acuerdos, como las mejoras prometidas y no cumplidas a los retirados; los agentes piden que se aclare “qué pasó con el rescate de deudas del Iplyc”. Cuentan que desde hace dos años el organismo oficial cobra una cuota a los que ingresaron al rescate, destinada a formar un fondo que permita incorporar a otros agentes “y nunca se supo que se haya formado dicho fondo ni dónde va el dinero”. En este contexto, se desató una fuerte lucha interna en torno a la Mesa de Diálogo y Concertación por su negativa a reponer en la misma a cuatro dirigentes -referentes de los más combativos en la fuerza- que habían sido separados por sus posturas coherentes con los reclamos del personal. Los cuatro agentes separados -castigados con traslados por su participación en la protesta- consiguieron recientemente que una asamblea de los doce delegados de las Unidades Regionales -soberana en estas decisiones- vote por amplia mayoría su reincorporación.La Mesa de Diálogo, en la que por los menos tres de sus integrantes, Sergio Romero, Lorena Lindquist y Claudio Cáceres, reciben críticas por la postura obsecuente hacia la Jefatura y el Gobierno, desconoció el acta con los resultados de la asamblea y estaría tratando de impedir por todos los medios el ingreso de los referentes más combativos. “Salieron a decir que había firmas truchas y a presionar a los delegados con todo tipo de amenazas y presiones, para que nieguen su voto pero ellos no se volvieron atrás y dijeron que sí firmaron el acta por decisión de la gente que pide la vuelta de los hermanos Álvez, Palavecinno y Báez Núñez”, resaltó una de las fuentes consultadas. La Mesa de Diálogo estaría presionando para lograr que una nueva asamblea, amañada a sus intereses, anule la anterior, con “amenazas de traslados, pases a disponibilidad y hasta la presión de jueces”, esperando descabezar definitivamente la protesta salarial en la fuerza. “La gente quiere que haya elecciones y la mesa se integre con gente que defienda al personal, pero ellos no quieren; desde el año pasado se está hablando que la Mesa está homologada en el Ministerio de Trabajo y tendría que haber elecciones, pero ellos mienten y quieren hacer creer a la gente que sólo ellos pueden representarlos”.
Discussion about this post