POSADAS. “En el Gobierno siempre me acusan de estar a favor del Poder Judicial; ahora vengo a reunirme con ustedes y no hacen más que retarme”, habría dicho el subsecretario de Seguridad de la provincia, Julio Lenzken, en un intento desesperado por poner paños fríos a una situación que subía de temperatura como la paciencia de los seguidores del Barcelona.Sin imaginarlo, con la idea entre cejas de repetir la teoría represiva de “tolerancia cero” esgrimida una semana antes por su cuate político, el ministro de Gobierno Jorge Franco (“el que comete un delito, por menor que sea, debe permanecer preso”), Lenzken soportó como pudo los embates y argumentaciones de los jueces, principalmente del fuero penal y correccional, rabiosos de pasarle factura por aquellas manifestaciones.Entre las más fervorosas, fiel a su personalidad, estuvo la jueza en lo Correccional y de Menores, Marcela Leiva, hermana de la ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, Cristina Irene Leiva.Junto a ella se encontraban los magistrados Horacio Heriberto Alarcón (Oberá); Juan Pablo Fernández Rissi (Puerto Iguazú); Roberto Horacio Saldaña (Eldorado); Marcelo Cardozo (Posadas); Demetrio Antonio Cuenca (San Vicente); Marisa Bertolo Andino (Eldorado); Marta Arrúa (Oberá); Rubén Lunge (Puerto Rico) entre otros.También estaban los vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de Misiones, José Alberto López, Jacobo Mass, Ricardo Venialgo y Marisa Ruth Dilaccio.La mayoría disparó munición gruesa contra la postura de “tolerancia cero” y la acusación contra el Poder Judicial de mantener lo que en la jerga se denomina “puerta giratoria”, en alusión a que los delincuentes ingresan por un lado y salen inmediatamente por el otro.Los jueces marcaron como una flagrante contradicción, direccionada a exponerlos ante la sociedad como parte responsable de la inseguridad, que por un lado se los acuse de liberar sospechosos casi por capricho y por otro, la Policía solicite diariamente que se descompriman las celdas de detenidos.Dicen que no faltó quien recomendó al subsecretario que recorriese las unidades carcelarias de Misiones para comprobar que están saturadas de convictos.El encontronazo se produjo el viernes 11 de este mes, en el Centro de Capacitación Judicial, ubicado en la calle Córdoba, entre San Luis y Jujuy. Allí se realizaba una reunión entre los vocales de la Cámara de Apelaciones y los jueces, sobre todo del interior de la provincia.El objetivo era aunar criterios sobre la aplicación de la reforma procesal. El cónclave se inició a las 17. Todo marchaba sobre ruedas, en aparente armonía, hasta que imprevistamente apareció Lenzken, a eso de las 20. Ni bien se sentó, los funcionarios judiciales lo “atendieron” con cirugía mayor. La gota que rebalsó el vasoLenzken aguantaba estoicamente las argumentaciones de los jueces, sobre todo del fuero penal y correccional. Sin embargo, en determinado momento, las aguas parecieron aquietarse. Pero cometió un error, quizás inevitable.Reveló que en un encuentro con funcionarios nacionales se había avanzado sobre el proyecto de ampliar la competencia de los jueces provinciales en materia de narcotráfico, principalmente en cuestiones menores.Allí sí la reacción de los magistrados de primera instancia se hizo sentir. Alguno incluso llegó a decir: “Y si nos pagan el salario de un juez federal no hay problemas”, lo que despertó una carcajada generalizada en el auditórium.Ese malestar tiene sustento y explicación. Basta imaginar, por ejemplo, Puerto Iguazú, zona de triple frontera, sospechada incluso de infiltrados fundamentalistas, donde un juez debe atender su Juzgado, subrogar el Instrucción de Eldorado y el Correccional, cuando resulta necesario. O al revés, una jueza Correccional quedándose al frente del Instrucción.Una situación que se repite en todo el mapa judicial de la provincia, incluso en la Primera Circunscripción Judicial, donde un juez de Posadas a veces debe cubrir una licencia de su par de Leandro N. Alem o de Apóstoles. O viceversa.Las causas se multiplican como la hiedra en el muro.Se sabe que los jueces no serán destinados a investigar a extremistas islámicos vinculados al tráfico de opio o heroína, pero el consumo de estupefacientes creció en forma alarmante y, por ende, las causas criminales.Terminado el encuentro, al que habría arribado con el desconocimiento de la mayoría, el subsecretario de Seguridad se habrá arrepentido una y mil veces del anticipo que formuló, que posiblemente siga adelante más allá de su voluntad o incluso de la de los magistrados provinciales.
Discussion about this post