De la mano del transporte, que se paralizó prácticamente en todo el país este jueves, el paro general convocado por las centrales obreras opositoras obtuvo una alta adhesión y se constituyó en canal de un duro mensaje al Gobierno respecto a dos temas que preocupan a la población; la pérdida del poder adquisitivo del salario y la inseguridad. Los intentos del gobierno de minimizar el significado de la jornada apuntando a sus tonalidades políticas -evidentes por otra parte- no lograron disipar la percepción de que la protesta interpretó el sentir mayoritario en una coyuntura económica difícil que presiona sobre el nivel de vida de los sectores asalariados. Las negociaciones paritarias en curso, en un contexto dominado por la persistencia de un alto nivel de inflación – vigente luego de más de una década de estadía del kirchnerismo en el poder- y por el impacto de la devaluación de más del 20% de principios de año, mantienen sensibilizada a la opinión pública y dibujan un panorama de incertidumbre hacia adelante. Esta realidad objetiva, a la que no es ajena, ni mucho menos, una provincia como Misiones donde también el partido de gobierno -el Frente Renovador- cumplió ya más de una década en el poder pero mantiene sin mayores alteraciones el atraso histórico de los salarios públicos, sirvió de telón de fondo a la heterogénea alianza política que convocó al paro. Sería precipitado anticipar, sin embargo, conclusiones políticas, como se apresuró a hacerlo e titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, al sostener al día siguiente que “es claro que Massa (Sergio) los va a matar a todos”; pero no hay dudas de que el paro fue también un claro posicionamiento político de signo opositor con vistas a los comicios de 2015. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ironizó sobre el trasfondo político de la jornada de protesta al decir, al día siguiente, que “ningún sector de la oposición va poder prescindir de hablar” con los líderes de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y de la Azul y Blanca, Barrionuevo, porque, luego de la huelga de ayer, ambos dirigentes se convirtieron en “los interlocutores de la oposición”. Por otro lado, y glosando la postura oficial del Gobierno, el funcionario sostuvo que el paro general “no nos modifica un ápice de la dirección en la que vamos y la que vamos a seguir teniendo”. El aserto es dudoso, no sólo por la representatividad indiscutible de la medida de fuerza, sino porque las propias acciones de gobierno marcan un viraje que pone en cuestión varios de los preceptos centrales de la era K; entre ellos su óptica sobre la política monetaria y la inflación. El ministro Axel Kicillof, en tanto, partió en la semana a Estados Unidos a participar de la conferencia del FMI en el contexto de renovadas expectativas sobre una nueva etapa en la relación con ese organismo.Aunque los funcionarios siguen criticando las políticas de ajuste ortodoxo del organismo; la necesidad de volver a los mercados internacionales de crédito hasta podría hacer que se vuelva a la liturgia de las misiones periódicas de revisión de cuentas; a las que puso fin Néstor Kirchner al llegar al gobierno.En la provincia, los esfuerzos de Closs para bajar las pretensiones de mejora salarial en el sector público incluyeron el reconocimiento de que en marzo las cuentas cerraron en rojo, debido a que “el gasto salarial subió más que la recaudación”. El dato, enarbolado para ajustar expectativas, no fue acompañado -como debería ser- de las razones de la baja recaudación o del exceso de gasto salarial; curiosa encrucijada para un gobierno que paga los salarios más bajos del país y se destaca por la alta presión fiscal. El primero de mayo el gobernador anunciaría una mejora salarial, incluyendo la suba ya firmada por Rovira del 28% general -y un 31% a los escalones más bajos- para los empleados legislativos; reiterando el esquema de cerrar los acuerdos paritarios por debajo del índice de inflación.¿Papelón o avivada?La mayor acumulación de tensiones en la semana política misionera, en tanto, se volvió a dar en el radicalismo, principalmente en torno al “papelón” que significó la caída del reclamo por la adjudicación de bancas tras las elecciones de 2011. El STJ falló sorpresivamente esta semana sobre el recurso extraordinario interpuesto hace más de dos años por la UCR -cuando era conducida por el hoy diputado Germán Bordón- a raíz de que el oficialismo se adjudicó 18 de las 20 bancas en juego en las elecciones de 2011, ignorando la reserva de un tercio para la minoría, que impone la Constitución provincial. El STJ mandó al archivo el recurso alegando que la UCR debía haber pagado una tasa especial para recursos extraordinarios y no lo hizo. El incidente generó pases de facturas internas y recordó el caso de la “quema de urnas” en 1995, cuando “Tulo” Llamosas denunció la irregular incineración de los votos que le faltaban para ganar la Gobernación; y el reclamo judicial fue resuelto por el STJ con fundamentos similares a los del fallo reciente. Oficialmente el viernes hubo una conferencia de prensa en la que diputados de la UCR y de otros partidos opositores, ejercieron el “derecho al pataleo” y anunciaron que insistirán con un nuevo recurso ante la Corte Suprema; además de fustigar la parcialidad del fallo. La postura del STJ es evidente -y algunos dirían proverbial cuando se trata de reclamos por maniobras electorales al Frente Renovador- sin embargo la foto no basta para eximir a los abogados del centenario partido de dar respuesta cierta a una pregunta inevitable: ¿papelón o connivencia? En cuanto a la Corte Suprema, habrá que ver si vuelve a interesarse por un tema al que dedicó su atención oportunamente, con una recomendación al STJ que reabrió el debate; ahora malogrado. Otra controversia que estalló en la semana y estuvo a punto de terminar en la Justicia y acabar con la paz interna en el centenario partido, fue el intento del titular de la Juventud Radical, el edil “Pepe” Pianessi, de realizar las internas de esa organización partidaria el 18 de mayo con una apurada convocatoria que dejaba afuera a sus competidores políticos. La reacción de la Línea Vanguardia llevó a un consenso que evitó, a último momento, una nueva judicialización. También en la Justicia, pero la electoral y misionera, se pudo palpar esta semana la porosidad de las fronteras político partidar
ias en la provincia; al plantearse una puja por el nombre del Frente Renovador, que reclama para sí el massismo a nivel nacional y que en la provincia identifica a la alianza de gobierno. Curiosamente, en medio de la disputa judicial compareció el presidente de la UCR misionera, Hernán Damiani, actuando en compañía de los dueños del Copyrigth local de la sigla -Karla Higa y su padre- y del abogado porteño Sergio Cuervo, enviado por el massismo. Más allá de que con la presencia del nuevo “apoderado” del FR, “Balero” Torres y de Cecilia Britto, la sigla quedó del lado de la alianza de gobierno misionera, el incidente desnudó la hasta ahora sospechada alianza de intereses entre un sector de “históricos” de la UCR, representados por Damiani, y el “macrismo justicialista” de Ramón Puerta. Los rumores de la semana pasada sobre una inverosímil reunión en Iporá en la que Damiani y Luis Pastori habrían definido con el ex gobernador la fórmula de un frente mixto en 2015 parecen más creíbles hoy a la luz de esta curiosa incursión de Damiani. El acaparamiento de bancas en 2011, a su vez, deja al oficialismo ante unas elecciones de renovación parcial del cuerpo legislativo -en 2015- que se le harán más cuesta arriba de lo habitual. Es que cómo en 2011 el superavitario 75% de los votos alentó en el Frente Renovador un desmedido hegemonismo, negando las cuatro bancas que le correspondías a “la minoría” y quedándose con 18 de las 20 en juego; en las próximas elecciones el FR pondrá en juego el mismo número de bancas, obligándose de antemano a cosechar un alto caudal electoral. La oposición, por su lado, no puede evitar que este panorama legislativo genere internas desmedidas y curiosas complicidades extra partidarias.
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