CARACAS, Venezuela (Medios Digitales). Los propietarios tienen 60 días hábiles desde este 28 de marzo, fecha en que se firmó el decreto, para poner a la venta sus inmuebles. Afecta a todos aquellos que llevan 20 o más años alquilando sus bienes. Los inquilinos tienen prioridad para comprar, pero si no lo hacen, igual deberán ser vendidos.Para quienes no cumplan, el decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254 mil bolívares (unos 40.317 dólares a la cotización oficial de 6,3 bolívares por dólar), que debe ser pagada en un lapso de cinco días. La multa será doblada si no se paga en ese lapso y, tras ello, de mantenerse la mora, “la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa”, señala.En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), calificó la norma de “inconstitucional”. En declaraciones a la emisora Noticias24, dijo que se trata de una medida que “despoja de su propiedad” a dueños legítimos, pese a que la Constitución sólo prevé la expropiación o la confiscación con el respectivo pago de una indemnización.La norma, además, establece que el “precio justo” lo determinará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas. Según la Asociación de Propietarios, el Gobierno aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que debe reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2%.El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) lanzó en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habilitadas.El plan se apoya en la firma de diversos convenios con una decena de países, entre ellos, Rusia, China, Uruguay y Bielorrusia, y hasta mediados de 2013, el Gobierno informó la entrega de 415.218 viviendas en todo el país.Quieren denunciarlo ante la Corte Un grupo de diputados opositores al gobierno de Venezuela anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Nicolás Maduro, al que acusarán como responsable de “crímenes de lesa humanidad”.Además de Maduro serán denunciados el gobernador del estado andino Táchira, capitán retirado José Vielma Mora, así como varios funcionarios del Estado y de las fuerzas públicas, afirmó el diputado Walter Márquez, informaron el diario caraqueño Últimas Noticias y la agencia de noticias ANSA.El legislador argumentó que para acudir a instancias internacionales “se requiere que ocurran ataques sistemáticos y que se le haya causado daño a la población civil”, y sostuvo que eso ocurrió en los últimos días en San Cristóbal, la capital de Táchira. Venezuela aceptaría mediación del Vaticano CARACAS, Venezuela (AFP-NA). El canciller venezolano Elías Jaua aseguró que el Gobierno está abierto a que un representante del Vaticano o un grupo de cancilleres de Unasur puedan servir de “testigo de buena fe” para iniciar un diálogo con la oposición.“Pudiera ser el secretario de estado del Vaticano, quien fue nuncio y conoce bien la realidad venezolana y es un hombre con una visión objetiva de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela”, respondió Jaua al ser entrevistado en el canal de noticias Globovisión cuando se cumplen dos meses de una protesta que dejó 39 muertos.Luego agregó que el Gobierno de Venezuela aceptaría también a “un pequeño grupo de cancilleres de Unasur” (Unión de Naciones Sudamericanas) y cerró precisando que aprobaría también a alguien propuesto por la oposición “siempre que sea para crear mejores condiciones”.El pasado jueves, el presidente Nicolás Maduro ya había aceptado que “un testigo” facilitara los contactos durante una visita de dos días (lunes y martes pasado) de cancilleres de Unasur a Caracas.Tras reuniones con distintos sectores de la sociedad a pedido del Gobierno venezolano (con estudiantes, representantes de los partidos de oposición y del chavismo, miembros de la iglesia venezolana), la comisión de Unasur celebró “la voluntad” de ambas partes por acordar una mediación.Sin embargo, sectores de oposición critican que mientras el mandatario llama al diálogo, la Justicia venezolana sigue deteniendo a estudiantes y dirigentes opositores.Venezuela vive una oleada de protestas iniciadas por el movimiento estudiantil el 4 de febrero en San Cristóbal, que se extendieron a otras ciudades con el apoyo de los partidos políticos con reclamos contra la inflación, la inseguridad, la escasez de productos básicos y las detenciones de estudiantes y líderes.Calles liberadasLas principales avenidas que permanecían bloqueadas en San Cristóbal (Oeste) por las protestas estudiantiles hace casi dos meses en Venezuela fueron liberadas la noche del domingo en un operativo conjunto entre policías y militares, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.“Acabamos toque de queda impuesto por el terrorismo en las avenidas Carabobo, Ferrero Tamayo y España de SC (San Cristóbal) sin víctimas. Adelante PNB (Policía Nacional Bolivariana) y GNB (Guardia Nacional Bolivariana)!”, escribió Padrino en su cuenta de Twitter.Ayer, Génesis García, líder estudiantil de la Universidad Católica del Táchira, dijo a la AFP que a pesar de la “militarización” del estado, “obviamente vamos a seguir manifestando”.
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